El miedo se refleja a simple vista en sus rostros. También es evidente en ellos la nostalgia, la tristeza y la impotencia. Viven lejos del lugar donde formaron un patrimonio que han perdido y comenzando una vida «de cero», sin el apoyo del gobierno que no les garantizó el derecho a la vida y la seguridad. Ellos son los desplazados, las víctimas colaterales de la violencia, otra asignatura pendiente del gobierno de Héctor Astudillo Flores, que incumple y viola flagrantemente la Ley 487.
El 3 de julio del 2014, el Congreso local aprobó la Ley número 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado de Guerrero, y se publicó en el Periódico Oficial del estado el 21 de julio 2014.
En el capítulo primero de esa ley se establecen las bases para la prevención y garantizar el acceso a la protección y asistencia efectiva a las familias durante su desplazamiento y después de su retorno o reasentamiento, otorgar un marco garante de derechos humanos que atienda y apoye a las personas en esta situación, así como la implementación de soluciones duraderas para su superación.
El capítulo segundo consagra los derechos de los desplazados internos, y que son los de alimentación indispensable, agua potable, cobijo y alojamiento básico, vestido adecuado, servicios médicos y de saneamiento que se requieran; y educación básica obligatoria.
«Tienen derecho, además, a la protección especial y asistencia requerida por su condición los niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres en estado de gravidez, las madres con hijos pequeños, las mujeres responsables de familia, las personas con discapacidades y los adultos mayores», establece este punto.
Por disposición de esta Ley, los desplazados tienen derecho, asimismo, a la atención médica preventiva gratuita prenatal y postnatal de mujeres en estado de gravidez, el derecho a la protección del desarrollo cultural de comunidades indígenas que tengan especial dependencia con su tierra, el respeto a su libertad, seguridad, dignidad e integridad, sea ésta física, moral o mental y su patrimonio.
Otro de los derechos de los desplazados es la protección contra la privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, y en su caso a la restitución o compensación de sus derechos vulnerados en materia de tierras, vivienda y propiedad, al derecho de acceso pleno a la justicia, y el derecho a acceder a oportunidades que les permitan la restitución de su seguridad, empleo u otras actividades económicas.
En esa ley se establece en su capítulo sexto la creación de un Fondo de Contingencia para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, que funcionará como una cuenta especial, y establece que será la Secretaría de Gobierno del estado la que coordinará la administración y ejecución de sus recursos que tendrán por objeto financiar y/o cofinanciar los programas de prevención y atención del desplazamiento interno, de asistencia humanitaria de emergencia, de retorno, y de estabilización y consolidación socioeconómica de los desplazados.
Sin embargo, la realidad que viven las victimas de desplazamiento por la violencia en la entidad, es distinta. En algún lugar del municipio de Juan R. Escudero, por ejemplo, nueve familias que salieron huyendo por la violencia de las comunidades nahuas de Ahuihuiyuco, Tepozcuauhtla y Tetitlán de la Lima, municipio de Chilapa, apenas sobreviven sin el apoyo del gobierno en un refugio temporal.
En este lugar, se encuentran un total de 36 personas, 11 de ellos, niños de nivel preescolar, primaria, secundaria y de bachillerato. Todos ellos tuvieron que suspender sus estudios porque al llegar aquí, casi al finalizar el año escolar, sólo fueron aceptados los de kínder y primaria como «oyentes», pero en el caso de los de secundaria y bachillerato, ni bajo este esquema fueron recibidos en las escuelas.
Las familias, viven hacinadas en galeras que antes eran cobertizos para pollos, o en pequeños cuartos que construyeron con pedazos de madera, cartón y lámina galvanizada en un traspatio que una familia solidaria les prestó.
Desde aquí, han demandado a las autoridades apoyo para que sean reubicadas y reiniciar una nueva vida, “aunque sea nuevamente de cero”.
Las familias dejaron sus comunidades huyendo de la violencia que provoca el enfrentamiento entre las bandas criminales de Los Rojos y Los Ardillos por la disputa de ese territorio.
En el lugar donde ahora se encuentran, las recibió sin condicionamiento alguno una familia solidaria, pariente de una de las que fueron desplazadas.
A una le prestó una galera en la que tenía a sus pollos, a otra un pedazo de su traspatio para que construyera una improvisada vivienda, y a una más le rentó una galera de block que tenía abandonada. El resto se fueron acomodando en cada una de los espacios disponibles.
Y es que a pesar de que se vieron obligados a salir de sus comunidades por la falta de seguridad que no les garantizó el gobierno, hasta después de un mes de que fueron desplazados fueron visitadas en lugar donde se encuentran por funcionarios de la oficina de Seguimiento, Control y Evaluación, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la secretaría de Gobierno.
Acudió también personal de la secretaría de Salud y de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum). A cada familia le llevaron una despensa, una colchoneta y un cobertor.
Para el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) de Chilapa, Manuel Olivares Hernández, el gobierno está incumpliendo con su obligación de garantizarles seguridad, salud, vivienda y educación a estas familias y con la Ley 487.
Dice que ni siquiera existe un registro de cuántas familias desplazadas hay en el estado de las distintas regiones.
«Son lamentables las condiciones en que viven las familias que han tenido que abandonar sus hogares y los lugares donde nacieron y dejaron todo su patrimonio para llegar a un lugar distinto en condiciones de alta vulnerabilidad, porque fueron desplazados sin ningún patrimonio, más que con lo que traían puesto», agrega.
Sostiene que lo más grave es que el gobierno sostenga la versión de que no pasa nada, de que hay tranquilidad, de que no hay peligro y que pueden regresar sin temor a sus comunidades, porque hay militares y policías estatales, cuando ˗resalta˗ los testimonios de las familias dicen lo contrario.
«Los testimonios nos indican que mientras los militares permanecen en algún punto de la comunidad, en otro extremo se puede estar matando o desapareciendo a alguna persona», refiere.
Olivares tiene claro que para estas familias el gobierno no tiene ningún plan emergente que les garantice el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud y a la educación de sus hijos.
Explica que las familias desplazadas necesitan un plan emergente que implique el posible retorno en condiciones de seguridad real, o, en su defecto, la reubicación a espacios donde encuentren empleos, salud y educación para sus hijos.
«El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad física, a la alimentación y a la educación; cuando el gobierno, por omisión o acción, incumple con todo esto, el gobierno tiene la obligación de garantizarle a la gente en el lugar donde se vaya, en este caso los desplazados, los derechos más elementales», explica.
Olivares demanda a los gobiernos federal y estatal la implementación de un plan emergente que les garantice todos estos derechos a los desplazados por la violencia de los distintos lugares del estado, con mayor prioridad a las mujeres adultas y a los niños, pero denuncia que esto, en Guerrero, no se está cumpliendo. 