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información

 

 

Las Cruces:

Los saldos de
un gobierno rebasado

 

Redacción

 

 

 

Héctor Astudillo y Roberto Álvarez. Mentiras y errores. [Foto: Internet]

 

 

 

 

 

Apenas había pasado un día de la masacre en el penal de Las Cruces cuando integrantes de un grupo delictivo que tiene bajo control esta cárcel, estacionó la camioneta en que viajaban en el Puente Bicentenario y frente a cientos de ciudadanos colgaron una narcomanta.

Antes, el grupo armado lanzó tres disparos al aire para ahuyentar a la gente que caminaba por la avenida Cuauhtémoc, a cuatro cuadras de la Costera Miguel Alemán.

Con letras negras y rojas y pésima ortografía, en la manta se hacía referencia a un tal Juan Linares, un individuo, según el texto, que cuando estaba preso le pagaba «cuota al gobierno». En la manta también se se acusa al grupo de Los Granados de estar coludido con el gobierno.

En mayo de este año, la Policía Federal detuvo a nueve integrantes de este grupo criminal, con sede en los municipios de Tecpan y Petatlán, entre ellos a su dirigente, Rubén Granados, El Nene, quien sólo estuvo ocho días en el penal de Las Cruces, ya que un juez federal lo dejó en libertad al igual que sus demás cómplices.

La narcomanta atrajo la atención de la gente, que momentos antes vivió minutos de terror por las detonaciones.

Algunos se tiraron al suelo, otros se escondieron en un Oxxo cercano y algunos, atrás de un poste. Pasado el susto, muchos de los peatones voltearon a leer la manta.

Un agente de tránsito municipal llegó en su motocicleta, vio la manta y se retiró. 15 minutos después, llegaron dos patrullas de la Policía Federal. Dos agentes descendieron a descolgar la la manta y se retiraron.

El viernes 7 de junio ˗fecha en que se cumplieron 29 años de que los mexicanos amanecieron con la noticia de que el priísta Carlos Salinas de Gortari había ganado la presidencia mediante un fraude electoral˗, la gente de Acapulco comentaba la noticia principal de los medios impresos y electrónicos.

«28 reos muertos en Las Cruces», «Masacran a 28 en riña en penal de Acapulco», fueron algunos de los titulares de los medios locales y nacionales.

A las 9:00 de la mañana del jueves 6 de julio, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, decía a los reporteros que le llamaban al celular: «La cosa estuvo muy fea; solo sé que hubo muchos muertos».

-¿Cuántos? -se le preguntó.

-No, no sé. Pero estuvo feísimo; se habla de muchísimos muertos -contestó.

Poco después de las 10:00 de la mañana, el vocero se atrevió a decir que el número de muertos era de cinco reos durante un riña a golpes y a palos.

Pero ya a esa hora, la Secretaría de Seguridad había filtrado un mensaje donde decía que en los hechos había detonaciones de arma de fuego y que 500 presos se encontraban en uno de los corredores del penal de manera «pasiva».

A la 1:00 de la tarde, Álvarez Heredia dijo que los reos muertos eran seis, y tres heridos, y que personal de la Fiscalía estaba adentro practicando las diligencias.

De esa manera, el gobierno de Astudillo fue administrando la información en forma mediática a pesar de que ya se sabía que el número de muertos no era cinco, sino mucho más.

Y fue hasta después de las 3:00 de la tarde cuando Álvarez Heredia confirmó que los reos muertos eran 28 y tres heridos.

Y esto se debió a que en las redes sociales se empezó a decir que el número de asesinados era de 48 y que en el corredor del penal había decapitados.

El gobierno de Astudillo no se atrevía a decir a los medios que la riña entre los reos había sido por la disputa que hay entre dos grupos delictivos el Cártel Independiente de Acapulco y Los Beltrán Leyva por el autogobierno del penal.

Y es que gobernar ese penal es tener la venta de alcohol, droga y otros privilegios.

El teatro informativo que montó el gobierno de Astudillo, o como dicen ellos, el «control de daños», va encaminado a sólo meter a la cárcel a tres custodios que, según la Fiscalía General del Estado, habrían sido copartícipes del homicidio de los 28 por haber facilitado la riña entre los reos.

Al director del penal, Miguel Ángel Gómez Garduño, quien no previno lo que podría ocurrir, sólo se le va a acusar por el delito de ejercicio indebido de la función pública. Y podrá salir libre bajo fianza.

 

 

 

 

 

 

 

Del control
de daños a los
daños colaterales

Redacción

 

 

 

Nuna representante de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas(CEAV)  se acerca a doña Félix Muñoz para pedirle que acuda al Servicio Médico Forense para identificar a su hijo Fortino Roque, uno de los 28 que murieron en el penal de Las Cruces durante una riña.

Sentada en una pequeña banqueta, la anciana dice con los ojos llorosos, que no lo puede creer. «Ay, Dios mío, si apenas hablamos», dice entre llantos.

Doña Félix, al igual que otros familiares de los 28 reos que murieron el jueves 6 durante una trifulca en el penal, estuvo casi 24 horas afuera de las  oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado (FGE) en espera de que les entregaran los cuerpos de sus parientes.

Y es que pese a que desde las 2:00 de la tarde, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez; el fiscal Xavier Olea Peláez y la directora de Comunicación Social, Erika Lurhs, daban a conocer la lista de los nombres de los 28 muertos en el Centro de Convenciones, los familiares protestaban afuera del penal.

«Fue un martirio estar esperando saber si mi hijo estaba en la lista», se quejó la madre de un reo fallecido.

Quizá por la premura de recoger a sus muertos para velarlos y sepultarlos, los familiares no exigían que las autoridades investigaran de qué manera fueron asesinados.

Una fuente de la FGE echó por tierra la versión que desde el jueves difundió el gobierno de Astudillo de que a los 28 reos los asesinaron con arma blanca y a golpes.

De los 28, cinco fueron decapitados y muchos de ellos murieron a balazos.

«Mi suegra lo único que quiere es llevarse a su hijo a velarlo y a sepultarlo en El Ocotito», aclara el yerno de doña Félix.

El hombre, que acompaña a doña Félix, comenta que él se fue a trabajar a Estados Unidos y que allá se enteró de que habían detenido a su cuñado Fortino en Tierra Colorada.

Fortino era taxista y lo apresaron por el delito de delincuencia organizada.

Por fin, la enviada de la CEAV convenció a doña Félix para que entrara al Servicio Médico Forense e identificar el cadáver de su hijo.

«Mi hijo tenía los brazos en pedazos», describe la madre del reo Dionisio Chora. Esta señora y sus demás familiares también protestaron el jueves en la tarde afuera del penal, para exigir a las autoridades que dieran la lista de los reos fallecidos.

A Dionisio Chora lo aprehendieron integrantes de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en la comunidad de Arroyo los Lirios, municipio de Acapulco. Lo acusaron de secuestro.

Uno de sus parientes dice que a Dionisio le faltaba un año para salir de la cárcel. «Mi familiar era inocente, pero no tenía un abogado y, pues, no se le defendió», relata el joven.

Poco después de las 3:00 de la tarde, el personal del Semefo entrega el último de los 28 cadáveres.

Los 28 son repartidos en tres funerarias con las que la Fiscalía tiene convenio.

El trato consiste en que cuando haya muertos, la FGE avisa a cualquiera de estas tres funerarias para que acudan a recogerlos después de que se les realice la necropsia.

Esto es parte del negocio que tienen establecido funcionarios de la Fiscalía y las funerarias.

Una carroza de la Funeraria Porcayo, que tiene sus instalaciones en la colonia La Cima, en el lugar conocido como la Y griega, casi choca con un vehículo en el que  iban hombres armados que pasaron por el puente Bicentenario, en la avenida Cuauhtémoc, y lanzaron tres detonaciones de arma de fuego.

Esos mismos individuos bajaron del vehículo para colgar una narcomanta del puente. La gente que estaba aterrorizada por los disparos, se percató de la acción de los delincuentes.

En la lona se hace mención a un individuo que se llama Juan Linares, que estaba preso y pagaba cuota al gobierno.

Mientras a tres cuadras de avenida Costera Miguel Alemán sucede este hecho de violencia, en el Centro Internacional de Convenciones (CIA), el gobernador Héctor Astudillo y el jefe de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dan a conocer el operativo Fuerza Conago aquí en el puerto.

La zona donde se desarrolló esta presentación estaba fuertemente resguardada por policías federales, Ejército mexicano y policías estatales.

Y en el puente Bicentenario, donde los delincuentes armados colocaron la narcomanta, dos patrullas de la policía federal llegaron 15 minutos después de la acción de los delincuentes.

A los pistoleros no se les vio ni el polvo.

 

 

 

 

 

 

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