En medio de la polémica por el descrédito del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, impulsado por los gobiernos federal y estatal, se conoció que precisamente periodistas y activistas han sido espiados en México mediante un software por las propias autoridades.
El caso, que se conoció primero a escala nacional, descubrió que en Guerrero se aplica la misma práctica, y evidenció una vez más las contradicciones entre el gobernador Héctor Astudillo Flores y sus funcionarios. Además, aumentó la desconfianza de periodistas en el mecanismo de protección, porque con el sistema de espionaje se confirmó la opinión que tienen algunos de ellos, en el sentido de que si los agravios y el hostigamiento hacia la prensa vienen del Estado, no se puede confiar en un mecanismo que ofrece el Estado.
El 19 de junio se conoció que destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano, a pesar de que sólo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas, según los medios nacionales que informaron del caso.
Esos medios destacaron que entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
A su vez, el 20 de junio, la Agencia Proceso (Apro) reveló que el gobierno de Guerrero compró a la empresa Neolinx de México, S. A. de C. V., propiedad del empresario Gilberto Enríquez, un equipo de espionaje que utiliza la Fiscalía General del estado (FGE), para el mismo objetivo: espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.
La agencia destacó que el empresario es el enlace del gobierno de México con la empresa italiana Hacking Team, enfocada en el uso y manejo de software para hackear computadoras y teléfonos inteligentes.
Incluso, subrayó que la compra fue realizada por Víctor Hughes Alcocer, subsecretario de Administración durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, y que para la operación, el entonces funcionario destinó de manera «irregular» 17.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Aun cuando existe la sospecha de que el sistema de espionaje lo sigue utilizando el actual gobierno de Héctor Astudillo, el gobernador aseguró, el 22 de junio, que el equipo de espionaje adquirido a la empresa Haking Team con recursos federales destinados a seguridad pública durante la administración de su antecesor Ángel Aguirre, «se encuentra desaparecido».
En entrevista en Acapulco, el gobernador aseguró: «Lo que yo les quiero decir es que hemos buscado ese equipo; no lo encontramos. Entonces, no puedo yo asegurar que alguien lo compró, porque yo no lo encuentro».
Sin embargo, el 25 de junio, el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, advirtió que se fincaran responsabilidades contra los titulares de la Secretaría de Finanzas y Administración, del Consejo de Seguridad Pública, del Tribunal Superior de Justicia, de la Fiscalía General del Estado, así como de cuatro funcionarios menores de esas áreas «por la compra irregular del software de espionaje en 17.5 millones de pesos durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero».
El vocero dijo que, mediante un oficio, la Auditoría Superior de la Federación le informó de la compra irregular, llevada a cabo mediante adjudicación directa en el 2014.
Sin embargo, aclaró que la Contraloría no ha podido hasta este momento tener en su haber este software, por lo que es inexistente.
Si no es sólo una advertencia más de este gobierno, como las muchas que ha lanzado sin cumplirlas, contra quien se estaría actuando es contra la expresidenta del TSJ Lambertina Galeana Marín, el ex procurador de justicia del estado Iñaki Blanco Cabrera, el exsecretario de Finanzas Jorge Salgado Leyva, y el expresidente del Consejo Estatal de Seguridad Porfirio Fabián Hernández.
Pero, como están las cosas, es muy probable que sea un caso más que queda en la impunidad, como ha habido muchos.
Es evidente que la actual administración simplemente quiere salir del paso en un momento en el que está muy cuestionado por la falta de resultados en el combate a la violencia y a la inseguridad.
También el actual es un momento de crisis para el gobierno de Astudillo Flores, y para tomar una decisión como la anunciada por su vocero se necesita algo más que voluntad, y eso es algo que en esta administración simplemente no existe. 