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Por el periodismo:
ni una agresión más

 

Vania Pigeonutt

 

 

 

Asamblea de la APEG. Punto de encuentro. [Foto: Internet]

 

 

 

 

 

Empezamos por cuestionarnos: ¿por qué es necesario que los periodistas nos reorganicemos? Dos lonas pegadas a la pared contestaron una parte de la pregunta: «No se mata la verdad matando periodistas». «No más discursos / justicia».
Vinculación. Defensa del derecho a informar. Nos están matando. Hay zonas de silencio. Nuestra mejor herramienta en estos tiempos es la autocensura. Dimos ideas, diagnósticos, propuestas, recomendaciones, compromisos. Discutimos. Compartimos. Nos escuchamos. Nos reconocimos. Redefinimos. Lugar: Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Motivo de la reunión: la Primera Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG).

A las 10:00 de la mañana del domingo 2 de julio llegaron los primeros participantes. Manuel Olivares, director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Chilapa; Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, de Tlapa; Raymundo Díaz Taboada vino desde Acapulco, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI); Nicolás Chávez, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), de la capital.

Sí, activistas, defensores de derechos humanos, familiares de desaparecidos. Pablo Guzmán, consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC); Camilo Valenzuela, quien perteneció al movimiento guerrillero Liga Comunista 23 de Septiembre; Humberto Santos, académico de la UPN; José María Hernández, ex líder sindical de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sectores disimiles, confluyeron.

¿Por qué en una asamblea de reactivación de una organización que surgió en 2004, estos actores tienen cabida?
Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada y miembro de la dirigencia de la APEG –uno de los siete colegas a los que el 13 de mayo pasado un grupo de al menos 100 hombres armados despojó de su camioneta y equipo de trabajo, en la creretera Arcelia-Teloloapan–, puntualizó: «Hemos visto la necesidad de organizarnos, pedirles el respaldo a las organizaciones sociales para que podamos tener una vinculación más estrecha en el trabajo, porque al final de cuentas, el nuestro, tiene que ver con la defensa del derecho a informar».

La APEG llegó a su edad adulta. Surge en 2004 durante el último año del gobierno priista de René Juárez con la exigencia del respeto a la libertad de expresión y la dignificación del papel de la prensa libre. En ese tiempo, la importancia de tomar distancia del poder político y del gobierno era prioridad.
Participaron en la conformación Zacarías Cervantes, Sergio Ocampo, Jesús Guerrero, Abel Miranda, reporteros que, junto con la nueva generación, reunidos en el mismo auditorio insistieron: «No dejaremos pasar ni una agresión más». Las prioridades cambiaron de orden: nunca antes la prensa había sido atacada como ahora.

«La APEG de 2004 fue el primer intento de agrupamiento de reporteros con la visión de un periodismo independiente, con compromiso social, que buscaba establecer vínculos con la sociedad a través de un trabajo comprometido con el bien común y con las causas justas», leyó Margena de la O, reportera de La Jornada Guerrero, quien, junto con Ocampo y Arturo de Dios Palma, corresponsal de El Universal, dirigieron el encuentro.
En 2010, la APEG se reagrupa ante la visita del Alto Comisionado de la ONU para la libertad de expresión. «Era imperativo estar cohesionados para defendernos de las agresiones de la delincuencia». Así, siete años después, aquellos agravios reportados se recrudecen. Y hoy, ante la incredulidad, la propuesta. A estas alturas, los compañeros coincidimos que, ante la parsimonia de las autoridades, nuestra respuesta: el encuentro donde se aportaron soluciones ante el panorama adverso que vivimos los mexicanos, y en el que los periodistas no estamos exentos.

La asamblea se hace en un contexto donde el imperativo es organizarse, por cifras que alarman; por ejemplo, Articulo 19 reporta que del año 2000 a la fecha, 106 periodistas en México han sido asesinados. Tan sólo en el estado, desde que inició el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores en 2015, asesinos que aún están libres, mataron a Francisco Pacheco, de Taxco, en abril del 2016, y a Cecilio Pineda, en Ciudad Altamirano, en marzo pasado.
Por eso, en el documento refundacional que lee al final Arturo de Dios, se explica la esencia, lo que nos impulsa a creer, a seguir, a no escondernos debajo de la cama y continuar haciendo lo que mejor sabemos: periodismo: «En tiempos de tentación autoritaria y de pérdida de fe en las instituciones –decía el periodista Tomás Eloy Martínez–, el periodismo suele ser el último refugio de los sensatos».

 

 

 

II)

 

La etapa de las participaciones fue sui generis. No es común ver a defensores discutiendo de periodismo ni a periodistas escuchando en otra palestra a los activistas; a nuestras fuentes que estaban allí, como la señora Guadalupe Rodríguez Narciso, la vocera de los Desaparecidos de Chilpancingo, a quien en varias ocasiones hemos entrevistado, acompañado; o a Nicolás Chávez llamando a un foro conjunto, porque es urgente construir un muro común contra las agresiones.

Las intervenciones más ilustrativas fue la de los colegas de las regiones: Hercilia Castro, reportera de Zihuatanejo; Luis Daniel Nava, Chilapa; Jonathan Cuevas, Iguala; vía telefónica Israel Flores, Ciudad Altamirano; Carmen González y Antonia Ramírez, de Tlapa.

Atentos escuchamos a los colegas que ejercen el periodismo bajo mirillas múltiples y riesgos constantes, en territorios en disputa, donde priva aún el cacicazgo o no se conoce cuál es la labor del periodista. Dejaron claro que hay lugares a los que no pueden entrar. No hay garantías.

Tampoco policías, como en la región de la Tierra Caliente, como relató Israel Flores, corresponsal de El Sur. Desde hace tres años, dijo, en ninguno de los nueve municipios hay policías municipales.

«Hay 100 policías estatales que cubren todos los municipios de la Tierra Caliente. Ningún municipio tiene policía (…) La autocensura ha venido a ser nuestra mejor herramienta; la pérdida de garantías, hay grupos que te amenazan con la idea de frenar la información». Para Israel Flores, quien lamentó que no haya avance en las investigaciones en torno al homicidio de su compañero de región, Cecilio Pineda, debemos colaborar unos con otros de forma estrecha.

Castro, periodista de Zihuatanejo, cuya cobertura se centra en temas ambientales y movimientos sociales, alertó del riesgo: ya no sólo son pistoleros a sueldo o políticos, de quienes vienen las amenazas, sino de diversos flancos. En su región, Costa Grande, donde hay una pelea intestina entre traficantes de droga por controlar la operación comercial de la zona, son necesarios protocolos de seguridad más eficaces, dijo; que los compañeros tengan la opción de una casa refugio, donde puedan estar sin salir del estado, cuando se ven en riesgo porque hasta ahora la opción es el exilio.

Luis Daniel puso las cosas en claro: «Nos cuidamos por instinto». Él reportea en Chilapa, uno de los municipios donde en los últimos años, pese a los operativos coordinados por el Ejército y la Policía Federal, no ha disminuido el número de homicidios ni las extorsiones ni el número de desaparecidos; al contrario, organismos defensores han pedido a la ONU que se declare el municipio de poco más de 100 mil habitantes «como zona de desastre humanitario». Su propuesta es continuar y mejorar.

Jonathan Cuevas, siguió con el mismo tono trágico. Mayormente trabaja en Iguala, donde, desde el 26 de septiembre de 2014, el número de homicidios, secuestros, extorsiones y delitos relacionados, casi todos, con grupos delictivos, en lugar de disminuir, incrementaron. Desde la desaparición forzada de los 43 normalistas: «Hemos tenido que caer en la autocensura; el hecho de escribir algo que incomode puede poner en riesgo. Es difícil cuando no puedes escribir de todo».

«Las coberturas en la zona Norte son complicadas, porque allá tienes que ir a los lugares solo. Aquí hay posibilidad de ir todos, nos protegemos entre todos; allá es más complicado. Vamos a los lugares, relativamente solos, donde no se sabe lo que puedes encontrar… hay personas que están vigilando en la calle, porque te ven que estás tomando alguna fotografía, video; muchos compañeros han vivido amenazas, a muchos les tocó, que los confrontaran, que los parara el ayuntamiento».

Las amenazas persisten y la Gendarmería en lugar de darles tranquilidad a su llegada hace tres años, dejó que entraran varias agrupaciones, al menos cinco, denunció Jonathan, a disputarse la ciudad de casi 50 mil habitantes.

Carmen González Benicio habló de la necesidad de contabilizarnos, hacer un listado de quienes trabajamos como periodistas, para que se comience a explicar mejor, sobre todo en regiones como la Montaña, que aglutina 19 de los 81 municipios, en su mayoría indígenas, en qué consiste la labor de un periodista. La gente, por su cosmovisión, algunas ocasiones impide que la corresponsal de El Sur tome fotos. Ella y Antonia Ramírez son las dos únicas reporteras que acuden a marchas, bloqueos, protestas y a comunidades. Hay otros reporteros que se centran en la nota roja.

Cubrir para El Sur una región tan grande y diversa solas, les sube el nivel de riesgo a las compañeras. Antonia Ramírez consideró que persiste el machismo en la Montaña. Aún se confía más en un hombre. La gente de comunidades, dirigentes de organizaciones sociales, consideran que el trabajo de una mujer es inferior al de un hombre.

Abel Miranda Ayala también habló de ser autocríticos, del riesgo de que se desvirtúen las protestas y que cualquiera que publique en algún medio pervierta la situación y pida por cosas que nada tienen que ver con el derecho a informar pleitesías. Habló de la complacencia con el poder y del Fondo de Apoyo a Periodistas, que, en su juicio, debe desaparecer porque es una prebenda gubernamental.

Entonces, no es nuestra paranoia, como han dicho varios gobernantes. ¿Por qué es necesario reagruparnos? es un cuestionamiento que se respondió a lo largo del día. La Organización de Estados Americanos (OEA) coloca a México, desde el 2010, casi cada año, en el primer lugar en agresiones contra periodistas. En libertad periodística, México ha caído 75 lugares en 15 años, según el Índice de Libertad de Prensa 2017 publicado por Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El panorama es adverso. De acuerdo con este listado, México ocupó en 202 el lugar 75 de todo el mundo, y este año cayó al 147. 2016 fue un año negro: fueron asesinados 11 de los 36 periodistas muertos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; en lo que va de 2017, siete periodistas han sido asesinados en el país por informar.

El organismo internacional considera que «en los estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas es extremadamente peligroso para los periodistas cubrir temas sensibles, especialmente a medida que la impunidad por crímenes de violencia contra los medios alimenta un círculo vicioso que continúa año tras año».

Ahora ellos, a quienes hemos escuchado cuando fueron damnificados durante la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, cuando les han matado a un hijo, desparecido a un familiar; a quienes les hemos oído reclamos de justicia por los pueblos desplazados por los beneficiados de la violencia, por las comunidades indígenas invisibilizadas, y tantos otros reclamos que no caben en un etcétera, estuvieron atentos, escuchando, proponiendo.

Y es que el ataque a los periodistas es un tema que cobró relevancia en las redacciones. Hasta hace poco, los periódicos no incluían en su información del día, agresiones contra periodistas. Pero vemos a la distancia, que vamos ganando agenda porque cada vez son más y más dirigidos los atracos. Esto coloca al 2017, como el segundo año, a la par que 2015, en el que más periodistas han sido asesinados en este país durante la administración peñista. El primer lugar fue 2016, con 11 muertos.

 

 

 


III)

 

Abel Barrera Hernández abrió la etapa de participaciones de las organizaciones sociales. Aquel hombre que ha sido asaltado, amenazado y ha participado en la construcción de varias luchas de resistencia y de defensa por múltiples causas en la región de la Montaña fue enfático: «El que pega es el que dice quién eres, el que da identidad, es el que va a determinar si en verdad estás ejerciendo una labor periodística o no, mucho menos debe restringir el trabajo o condicionar la actividad».
«Es importante tener un informe, para que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas se pronuncie, sobre todo la oficina en México, que es la más accesible, para garantizar que se apliquen los estándares más altos de protección a periodistas en este contexto en el que se están viviendo agresiones a periodistas, y en Guerrero».

Abel hizo una sentencia directa: «Se debe visibilizar que en verdad son los actores estatales la amenaza principal al trabajo periodístico, en un contexto donde hay una colusión tan fuerte entre actores estatales y no estatales (con la delincuencia). Es muy fuerte que se pueda desvirturar el trabajo periodístico tratando de articular a un compañero con otra agenda que no sea la periodística, sacar argumentos del índole económico o pasional».

«Se tiene que fortalecer más el ejercicio periodístico, demostrar esta colusión que hay del crimen organizado por parte de actores estatales. Y es el Estado el que tiene que proteger y reconocer públicamente; se necesita un reconocimiento público al trabajo periodístico, mandando una señal a los poderes fácticos. El trabajo de ustedes debe ser un trabajo que garantice el Estado de derecho y el fortalecimiento de las condiciones democráticas».
Manuel Olivares alertó que éste es el momento de articularnos, porque si no lo hacemos «seguiremos siendo víctimas de este narcoestado. Un narcoestado que hoy gobierna somete a todo el pueblo operando públicamente y desde lo oscurito con los poderes fácticos, hace peligrosa la labor de estos tres sectores que nos encontramos en este lugar: ustedes con la ética, con la dignidad de lo que está ocurriendo en nuestro estado, las organizaciones sociales luchando por mejores condiciones de vida para la población, los defensores promoviendo esto para que haya justicia en nuestro país».

Raymundo Díaz se centró en lo psicológico. Dijo que vamos acumulando varios traumas sin darnos cuenta. Ver acribillados, gente muerta todos los días, nos puede desintegrar emocionalmente sin percatarnos: «Cuando te paran en un retén y te apuntan, ésa es una forma de tortura; cuando la persona se autocensura para no decir la verdad, es una forma de tortura: la verdad de extorsiones, colusión entre instancias de gobierno con el crimen organizado; cuando no queremos aceptar que el crimen organizado va de la mano con el gobierno, voltear la cara para no ver lo que está pasando».

Es necesario tener protocolos de seguridad puntuales, que incluyan la seguridad emocional, propuso. Y no categorizarnos porque los acuerdos internacionales van dirigidos a defensores y los periodistas, dijo, defendemos el derecho a informar. «O nos articulamos o nos siguen matando». Apenas el 29 de junio fue asesinada la defensora de derechos humanos Meztli Sarabia Reyna, hija de Rubén Sarabia, Simitrio, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA).

 

 

 

 

IV)

 

Arturo De Dios dio más razones por las cuales es necesario organizarnos. Ya casi al término en el documento refundacional «La tercera es la vencida», hizo un recuento de un mes y medio que sigue contestándonos la pregunta principal.

1. 13 de mayo: Sergio Ocampo, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, fueron privados de su libertad en Acapetlahuaya, por 100 hombres armados que les robaron su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban los periodistas.

2. 19 de mayo: los reporteros de Zihuatanejo Noé Aguirre, Ruth Tamayo, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, sufrieron hostigamiento verbal por parte del presidente municipal Gustavo García.

3. 26 de mayo: el reportero, también de Zihuatanejo, Marco Antonio Villegas sufrió obstrucción en su cobertura informativa por el director del Hospital Regional de Atoyac, Juventino Rodríguez.

4. 1 de junio: la reportera Brenda Escobar sufrió hostigamiento y amenazas por particulares frente a policías estatales que no hicieron nada por impedirlo.

5. 2 de junio: la reportera de Chilpancingo María Avilés sufrió obstrucción de su cobertura informativa y amenazas por una auxiliar de la secretaria de la Mujer, quien fue complaciente con su subalterna.

6. 3 de junio: la conductora de RTG, Marcela de Jesús Natalia, fue atacada a balazos en Ometepec cuando salía de su turno laboral. La compañera se restablece todavía.

7. 6 de junio: el reportero Leonardo Martínez fue encañonado por policías estatales en Zihuatanejo. Los agentes exigían al compañero que borrara o les entregara imágenes que había tomado en un enfrentamiento.

8. 9 de junio: la reportera Hercilia Castro sufrió obstrucción de su cobertura informativa por elementos de la Policía Estatal.

9. 11: de junio, el reportero Ezequiel Flores denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.

10. 17 de mayo: directivos del Diario Alternativo, de Marquelia, denunciaron que siguen las amenazas, persecución y hostigamiento en contra de integrantes del colectivo, a pesar de las medidas cautelares con las que cuentan.

11. 27 de junio: sindicalistas del ISSSTE impidieron realizar su labor al reportero Héctor Briseño. Después, «justificaron» su acción en el aspecto «sudoroso» del compañero y a través de las redes sociales emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte en su contra. Ese mismo día, el reportero de Pungarabato, Agustín Hernández, fue amenazado de muerte a través de las redes sociales por Cuauhtémoc Salgado Arroyo, hijo del diputado local priista Cuauhtémoc Salgado Romero. «Pronto te va tocar como le toco a Cecilio por hocicones y ser periodistas», le advirtió.

La lista de 15 agresiones a 21 compañeros nos da otra dimensión de nuestra situación. Ilustra la tragedia. Ya no nos queda duda. Nuestras bitácoras nos dicen mucho más, porque sabemos que las agresiones vienen desde un líder sindicalista, hasta la misma delincuencia organizada o grupos de traficantes que lo mismo venden drogas que madera.

Arturo de Dios leyó: «El periodismo no parte de elegir un trabajo agradable, con reconocimiento social y bien remunerado, sino que es un compromiso con el bien común, con las causas justas de la sociedad. En otras palabras, es un compromiso que se asume desde lo más profundo de la conciencia social; y alguien tiene que hacerlo, porque sin periodismo no existe el estado de derecho ni la democracia». Un compromiso que hace la APEG.
Planes, promesas, abrazos. Se lograron propuestas, esbozos de agendas, asignaciones provisionales de carteras: ¿quién hará el censo de los periodistas?, ¿el informe de agresiones que ofreció difundir Tlachinollan?, ¿cuándo será el foro amplio en el que participen más actores sociales?, ¿cómo será la vinculación con otras propuestas nacionales para articularnos como Agenda de Periodistas?

Se plantearon muchas preguntas y quedaron los compromisos. La promesa de acompañarnos, pese a las distancias y seguir, de no ser autocomplacientes y críticos. «Queremos dejar claro que el no dejar pasar ni una agresión más, nos compromete con nuestra información, a construir un muro paralelo contra la impunidad. Entre más nos comprometamos con nuestro periodismo, profundicemos, gastemos suela; reportemos nuestros propios problemas como periodistas, se abrirá una nueva brecha», cerró el encuentro donde la pregunta quedó en respuesta y se aseguró que ésta, la tercera vez, es la vencida..

 

 

 

 

 

Asosición de Periodistas
del Estado de Guerrero

 

La tercera es la vencida

 

Documento leído por la Asosicación de Periodistas del
Estado de Guerrero, en su Primera Asamblea Extraordinaria,
el domingo 2 de julio de 2017 en Chilpancingo, Gro.

 

 

 

Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados.

En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego. Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas pareciera que nos tienen bajo la mira.

En tiempos de tentación autoritaria y de pérdida de fe en las instituciones –decía el periodista Tomás Eloy Martínez–, el periodismo suele ser el último refugio de los sensatos.

El encuentro de hoy con ustedes, es precisamente un acto de sensatez. Es para hacer un llamado a todos los sectores al buen juicio, al respeto, a la prudencia y a la madurez en sus actos y decisiones para con sus medios de comunicación, pero sobre todo, con sus periodistas.

Un recuento del 13 de mayo al 27 de junio  nos revela 15 agresiones contra periodistas y medios, en las que 21 compañeros se vieron agraviados.

Citamos algunos casos:

El 13 de mayo Sergio Ocampo, Jorge Martínez,  Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, fueron privados de su libertad en Acapetlahuaya, por 100 hombres armados que les robaron su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban los periodistas.

El 19 de mayo, los reporteros de Zihuatanejo Noé Aguirre, Ruth Tamayo, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, sufrieron hostigamiento verbal por parte del presidente municipal Gustavo García.

El 26 de mayo, el reportero, también de Zihuatanejo, Marco Antonio Villegas sufrió obstrucción en su cobertura informativa por el director del Hospital Regional de Atoyac, Juventino Rodríguez.

El 1 de junio, la reportera Brenda Escobar sufrió hostigamiento y amenazas por particulares frente a policías estatales que no hicieron nada por impedirlo.

El 2 de junio la reportera de Chilpancingo María Avilés sufrió obstrucción de su cobertura informativa y amenazas por una auxiliar de la secretaria de la Mujer, quien fue complaciente con su subalterna.

El 3 de junio, la conductora de RTG, Marcela de Jesús Natalia, fue atacada a balazos en Ometepec cuando salía de su turno laboral. La compañera se restablece todavía.

El 6 de junio, el reportero Leonardo Martínez fue encañonado por policías estatales en Zihuatanejo. Los agentes exigían al compañero que borrara o les entregara imágenes que había tomado en un enfrentamiento.

El 9 de junio, la reportera Hercilia Castro sufrió obstrucción de su cobertura informativa por elementos de la Policía Estatal.

El 11 de junio, el reportero Ezequiel Flores denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.

El 17 de mayo, directivos del Diario Alternativo, de Marquelia, denunciaron que siguen las amenazas, persecución y hostigamiento en contra de integrantes del colectivo, a pesar de las medidas cautelares con las que cuentan.

El 27 de mayo, sindicalistas del ISSSTE impidieron realizar su labor al reportero Héctor Briseño. Después, «justificaron» su acción en el aspecto «sudoroso» del compañero y a través de las redes sociales emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte en su contra.

Ese mismo día, el reportero de Pungarabato, Agustín Hernández, fue amenazado de muerte a través de las redes sociales por Cuauhtémoc Salgado Jr, hijo del diputado local priista Cuauhtémoc Salgado Romero. «Pronto te va tocar como le toco a Cecilio por hocicones y ser periodistas», le advirtió.

A la lista de agravios sumamos los dos periodistas asesinados en los dos años de la administración de Héctor Astudillo: Francisco  Pacheco, de Taxco, en abril del 2016, y Cecilio Pineda, de Ciudad Altamirano, en marzo pasado.

El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores.

Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección; simplemente el cese de la impunidad y castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia. En esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor.

Emplazamos al gobernador Héctor Astudillo Flores, responsable de lo que pasa en Guerrero, y a los otros dos poderes, a que se pronuncien y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.

A los organismos civiles y sociales, pedimos que estén atentos y les solicitamos su respaldo ante estos intentos por inhibir y socavar la labor de los periodistas, pero también recomendamos que sean más exigentes con sus comunicadores para que cumplan con su función que debe ser al servicio de la sociedad.

Como puede verse, el panorama luce bastante sombrío para el ejercicio periodístico, tanto como para el resto de la sociedad; se fue complicando sin que estuviéramos preparados para hacerle frente. Hace unos años, aquí en Guerrero, hubo algunas agresiones contra ciertos comunicadores, pero no era frecuente que se atentara contra los reporteros que recorren día a día las calles y los espacios donde se genera la información de interés público. Ahora, todos los ataques, cada vez más frecuentes y en mayor número, están dirigidos contra esos reporteros que tratan de iluminar las zonas oscuras que los grupos de poder no quieren que se descubran, los que con su trabajo tratan, en un gesto de idealismo, de transformar la realidad con sus denuncias, con sus investigaciones.

Pero la tarea informativa no puede detenerse porque la situación se ha tornado difícil; al contrario en momentos como los que estamos viviendo es cuando más se necesita el periodismo verdadero, como con mucho tino lo dijo Tomás Eloy. Es por esto que los integrantes de la APEG decidimos reactivar la Organización, porque no pensamos ir a escondernos abajo de la cama; sabemos la importancia de hacer efectivo el derecho a la información de toda la sociedad, y estamos dispuestos a asumir el reto de continuar con nuestra labor. El periodismo no parte de elegir un trabajo agradable, con reconocimiento social y bien remunerado, sino que es un compromiso con el bien común, con las causas justas de la sociedad. En otras palabras, es un compromiso que se asume desde lo más profundo de la conciencia social; y alguien tiene que hacerlo, porque sin periodismo no existe el estado de derecho ni la democracia.

Como dice José Ignacio López Vigil: «No caben mirones cuando está en juego la vida de la mayoría de nuestros congéneres, incluida la del único planeta donde podemos vivirla».

«Ni el arte por el arte, ni la información por la información. Buscamos informar para inconformar, para sacudir las comodidades de aquéllos a quienes les sobra, y para remover la pasividad de aquéllos a quienes les falta. Las noticias, bien trabajadas, aun sin opinión explícita, sensibilizan sobre estos graves problemas y mueven voluntades para resolverlos», dice también este catedrático y radiodifusor cubano.

Y para hacer frente a este reto enorme, la APEG también asume el compromiso de capacitarse e impulsar la capacitación para todo aquel periodista que conciba el periodismo desde los tres pilares de la ética periodística: independencia, apego a la verdad y compromiso social; en la medida en que seamos más incisivos, más preparados, entenderemos cuál es nuestro papel dentro del Sistema, y lograremos establecer un vínculo con la sociedad, a la cual debemos acercarnos más.

Pero también queremos dejar claro que el no dejar pasar ni una agresión más, nos compromete con nuestra información, a construir un muro paralelo contra la impunidad. Entre más nos comprometamos con nuestro periodismo, profundicemos, gastemos suela; reportemos nuestros propios problemas como periodistas, se abrirá una nueva brecha.

Ésta es la tercera vez que activamos la APEG, y podemos asegurar, como dice el conocido refrán, la tercera es la vencida.

 

 

 

 

 

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