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POR AMENAZAS, ESCUELAS CIERRAN ANTES DE LAS VACACIONES

Escuelas cerradas en varios municipios. [Foto: José Luis de la Cruz]

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El lunes 26 de noviembre, en Chilapa los planteles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato amanecieron sin alumnos y profesores, aunque faltaban más de 15 días para el periodo invernal de vacaciones.

En escuelas de la Montaña baja llegaron mensajes amenazantes vía WatsApp y otras redes sociales, dirigidos a los docentes, presuntamente por grupos criminales, con la advertencia de que debían entregarles una parte de su aguinaldo, si no se atendrían a las consecuencias.

En Chilapa, Zitlala y José Joaquín de Herrera, municipios de la Montaña baja, no es la primera vez que los maestros padecen este tipo de amenazas y tienen que cancelar clases. También hace un año desde mediados de septiembre pasó lo mismo.

En ese entonces, el cien por ciento de los planteles educativos de los diferentes niveles suspendieron clases, ante una ola de amenazas que llegó a los profesores de parte de grupos criminales, que exigieron la suspensión.

En esa ocasión, algunas escuelas regresaron a clases a finales de noviembre, pero nuevas amenazas de que pasarían a las escuelas para que les entregaran una parte de su aguinaldo, provocaron que suspendieran definitivamente, y regresaron a laboral hasta el siguiente año.

Este año, las amenazas se extendieron a otras partes del estado, como Acapulco y la capital, ciudades en las que la violencia se desató dejando decenas de personas desaparecidas y asesinadas con saña.

Tan sólo en la capital, el 22 de noviembre en la primaria Lázaro Cárdenas, de la colonia Electricistas, colindante con el mercado principal R. Leyva Mancilla, hombres armados ingresaron al plantel y se llevaron al director del turno matutino, Martín Tejeda Guerrero, aunque al siguiente día se reportó que se encontraba bien y con su familia. A la siguiente semana suspendieron clases.

Pero esto también sucedió en otras escuelas, como la preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Vía WatsApp se les advirtió a los profesores que tenían que entregar el 25 por ciento del aguinaldo. El 14 de diciembre, el rector Javier Saldaña Almazán declaró que había 22 escuelas de la capital que suspendieron clases por amenazas de extorsión y de secuestro.

En el puerto la historia se repitió: amenazas contra docentes orillaron a suspender clases hasta enero.

El gobernador Héctor Astudillo Flores  y el secretario estatal de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, minimizaron las amenazas contra los profesores, y les exigieron regresar a clases «para no afectar a los alumnos». Salgado Urióstegui, incluso reprochó que solo tres escuelas habían presentado denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) por las amenazas de extorsión.

Aunque en un primer momento, el recién nombrado secretario reconoció que el tema era complicado y le preocupaba, después pidió a los docentes que fueran responsables en esta situación, pues dijo que existía un protocolo consistente en que el profesor tiene que ir con su supervisor o el delegado regional para levantar un acta que sustente el hecho.

Dijo  estar interesado en garantizar el derecho laboral de los trabajadores, pero insistió en que fueran responsables en la acción que habían tomado de cancelar clases, y que si no había ninguna amenaza directa se atendiera a los niños y jóvenes en sus aulas, porque tienen la obligación de terminar el calendario escolar con los días que marca.

Arturo Salgado dijo que revisaría cuántos días son los que los niños no han tenido clases, para implementar una estrategia de recuperar las clases, los temas que no se vieron.

El mayor número de escuelas que suspendieron clases se encontraron en Acapulco y Montaña baja.

–¿Sancionarán a los profesores que dejaron de dar clases? –se le preguntó en una entrevista al término de un acto público.

–Estamos haciendo una valoración de las cosas, de los hechos, de los actos, de cómo se va desarrollando; ya dependiendo de esa valoración, de esta manera, ya la Secretaría tendrá que sacar un comunicado.

Salgado Urióstegui dijo que los datos que tenía es que sólo en tres escuelas y en Acapulco habían hecho una denuncia formal, por lo que sólo están documentadas esos tres casos de extrosión.

–Respetuosamente hago un llamado a mis compañeros maestros a que tengamos que terminar los programas y planes de estudio –insistió el secretario.

Aprovechó para mencionar que en el caso de la suspensión de clases en la sierra de los municipios de Leonardo Bravo, Helidoro Castillo y Eduardo Neri, se debe a la violencia, tema que no le compete resolver, pero que cuando se reanuden labores se tendrá que implementar una estrategia para recuperar los temas de las materias.

 

El gobernador

 

El gobernador Héctor Astudillo no tomó tan a pecho las amenazas. Dijo que se tenía que revisar exactamente lo que estaba pasando, pues según él hay situaciones que se hacen virales en redes sociales, en alusión a que no se tiene certeza de que sean reales las amenazas.

Aun así, dijo que los gobiernos junto con la Defensa Nacional le entrarían al problema, y que haría una reunión en Chilapa «lo más rápido posible», para hablar «y tratar de poner calma». Pero recalcó que era muy importante tratar de no sucumbir ante una sicosis de «alguien que le guste jugar».

 

La CETEG

 

El secretario general de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez Perulero, aseguró que tienen documentados los casos de las instituciones educativas que sufrieron amenazas, sobre todo en la Montaña baja.

Añadió que los profesores tienen temor de interponer una denuncia ante las autoridades competentes porque no hay confianza y tampoco investigan.

El dirigente comentó a Trinchera que luego de las amenazas a profesores de la Montaña, las autoridades informaron sobre el resguardo policiaco para que regresaran a las aulas; sin embargo, no hubo confianza de los docentes y decidieron no regresar.

«Nuestra postura, nuestra exigencia, es que se nos garantice la seguridad. Y yo digo, no sólo en el magisterio, sino a toda la población, a tener una obligación las autoridades, los tres niveles de gobierno a garantizar la seguridad a toda la población», remarcó.

En referencia a las amenazas contra los docentes dijo que los grupos criminales focalizan dónde pueden obtener lo que desean, con en el caso de los trabajadores, porque también se ha visto en el caso del personal médico.

Recalcó que no es un invento de los trabajadores. Sin precisar, dijo que sí son ciertas las amenazas a los docentes, «porque hay evidencia».

«Se han tomado medidas preventivas, como en este caso de suspender, va inmersa la seguridad de los papás y de los propios educandos, hemos visto cosas inadmisibles donde han asesinado a los papás delante de sus hijos».

Ramírez Perulero valoró que afortunadamente se pudo evitar cualquier tipo de extorsión o hecho violento, y por eso suspendieron clases para prevenirse.

–¿Las escuelas han interpuesto una denuncia ante las autoridades por las amenazas de extorsión?

–No se tiene mucha confianza en la autoridad; por eso, aunque no se haga la denuncia, a veces sale contraproducente. Sí hay ese temor en la población, de presentar esa denuncia, porque igual sale sobrando.

Los profesores de las instituciones educativas tienen la orientación de que en caso de un incidente se acerquen de inmediato a los compañeros de base, los secretarios generales de delegaciones o representantes de centros de trabajo para que valoren su situación.

Los profesores de los diferentes planteles siguen valorando si es viable reanudar labores el 7 de enero, pero en caso de alguna amenaza que ponga en riesgo su integridad, no lo harán, pues aunque haya operativos temen que sólo sea los primeros días para tomarse la foto.

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