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2018: LA VIOLENCIA SE RECRUDECIÓ EN TODO GUERRERO

Cadáveres regados. Imagen cotidiana en Guerrero. [Foto: José Luis de la Cruz]

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Las calles y carreteras regadas de casquillos percutidos, de cruces plantadas por doquier; la cifra de muertos a balazos, de feminicidios, desaparecidos y desplazados por la violencia, lo confirman: el año 2018 termina en Guerrero todavía sin el orden y paz anunciado.

Lo confirman, también, las cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que ubica a Guerrero entre las tres primeras entidades del país con mayor violencia, después de Colima, con una tasa de 74.77 de homicidios dolosos; Baja California con 70.73 y Guerrero con 56.66. En esta entidad, según los datos oficiales, la violencia registra su «epicentro» en Acapulco.

De acuerdo con los datos del SESNSP, en 82 municipios de más de 20 mil habitantes la tasa de homicidio doloso fue de 50 por cada 100 mil habitantes en el último año. De éstos, quince se encontraban en Guerrero, once en Guanajuato, siete en Chihuahua, seis en Michoacán y cinco en Colima. Y de los municipios más violentos en el país, Acapulco ocupó en segundo sitio después de Ciudad Juárez.

La misma funte indica que hasta el mes de noviembre, Guerrero cerró con un total de dos mil 54 homicidios dolosos, de los cuales, 204 se cometieron en enero; 164, en febrero; 205, en marzo; 201, en abril; 198, en mayo; 182, en junio; 189, en julio; 176, en agosto; 188, en septiembre; 171, en octubre, y 176 en noviembre.

En cuanto a los homicidios de mujeres, Guerrero registra la tasa de muertes violentas con presunción de feminicidio más alta del país, de 2.3 casos por cada cien mil habitantes, más del doble de la media nacional que se estima en 0.95 casos, según la información delictiva y de emergencias con perspectiva de género del SESNSP.

Asimismo, ocupa el tercer sitio en la tasa de homicidios dolosos de mujeres en el país, con 9.1 casos por cada cien mil habitantes, después de Baja California y Colima, cuyas tasas son de 11.8 y 11.4 casos, respectivamente.

De acuerdo con la estadística nacional de delito de feminicidio en Guerrero se produjeron 43 muertes de mujeres con presunción de feminicidio y según los indicadores oficiales, Guerrero ocupa el cuarto sitio nacional del delito después del Estado de México, que suma 70 casos; Nuevo León, con 58, y Veracruz, 51.

En lo que va del año, al menos 213 mujeres han sido asesinadas en el estado de Guerrero.

Estas cifras, ubican a Guerrero en el cuarto lugar a escala nacional tan sólo después del Estado de México, Nuevo León y Veracruz, siendo Acapulco, Chilpancingo, Malinaltepec, Ometepec, Taxco, Tlacoachistlahuaca y Tlapa son los municipios con el mayor índice de feminicidios. Al igual que en el municipio de Chilapa, donde aún no ha sido declarada la alerta de género.

Sin embargo, para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que ha dado seguimiento al desarrollo de la violencia en la entidad, en Guerrero, «impera la negación, incapacidad, falta de perspectiva de género, desinterés y falta de voluntad política para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia».

En un informe, el organismo señala que jueces de paz, secretarios de acuerdo, jueces de primera instancia y magistrados de las salas penales, dependientes del Poder Judicial del estado, continúan dando un trato desigual a las mujeres, con estereotipos misóginos sin perspectiva de género, en los casos que han resuelto procesos judiciales en primera y segunda instancia donde han estado involucradas mujeres indígenas.

Advierte que a más de un año de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Guerrero no existen avances que contribuyan a erradicar la violencia hacia las mujeres.

 

Civiles armados

 

Otro de los fenómenos de la violencia en Guerrero son los civiles armados que se presentan como policías comunitarios, policías ciudadanos o autodefensas.

El propio gobierno estatal reconoce que del año 2015 a la fecha, derivado de la pugna territorial por los grupos de la delincuencia, el número de autodefensas se ha incrementado.

De acuerdo a datos de la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal, civiles armados aglutinados en 23 grupos que operan como policías comunitarios, policías ciudadanos, grupos de autodefensa o guardias rurales tienen bajo su control el 64 por ciento del territorio guerrerense y presencia en las siete regiones del estado.

En el documento Policías comunitarias y grupos civiles armados en Guerrero, el gobierno estatal sólo reconoce, sin embargo, la legalidad de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que se ampara en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

 

Los desplazados

 

La violencia que genera la confrontación de los carteles, grupos de la delincuencia organizada y de los mismos civiles armados que se constituyen en autodefensas supuestamente para defenderse del crimen organizado, han provocado en la entidad, el desplazamiento de miles de familias en las distintas regiones.

Organizaciones no gubernamentales han demandado incluso, al gobernador Héctor Astudillo Flores y al Congreso local, que se declare al estado en «crisis humanitaria», debido desplazamiento forzado por la violencia de más de cuatro mil personas en las distintas regiones.

Manuel Olivares, director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y José Filiberto Velásquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, han denunciado que el número de expulsados en Guerrero supera al de migrantes centroamericanos que cruzan el país para obtener asilo en Estados Unidos, pero que, sin embargo, las autoridades estatales han minimizado el problema para no cumplir con lo que establece la Ley de Desplazamiento Interno.

Consultado al respecto, Olivares recordó que el fenómeno se agravó a partir de 2011 cuando cientos de familias huyeron de la violencia en los municipios de Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente. Después siguieron las familias de Apaxtla y Teloloapan, en la zona norte; posteriormente, de las comunidades nahuas de Chilapa y Zitlala, en la Montaña baja, y por último las familias desplazadas de comunidades del municipio de Leonardo Bravo en la Sierra.

Otro problema colateral de la violencia que es grave en Guerrero, es el de los desaparecidos, pero por la insuficiencia de información no es posible especificar cifras al respecto, debido a que un gran número de familiares no denuncian los acasos por desconfianza a las autoridades.

Sin embargo, en nombre el todavía titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República (PGR), Abel Galván Gallardo, admitió que los estados de Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, son los que tienen un mayor número de casos de desapariciones forzadas y que por ello la PGR estaba dando acompañamiento a las fiscalías de las entidades para realizar las investigaciones.

Sin embargo, admitió que como no se cuenta con una ley en la materia, les impedía llevar a cabo una investigación profunda, por lo que se acordó en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que la Procuraduría General de la República y las fiscalías de los estados hagan los ajustes para garantizar a las familias de las víctimas la aplicación de la justicia a los involucrados en estos ilícitos.

Los representantes de los colectivos han denunciado que el problema es más grave de lo que reconocen las autoridades. La presidenta del Colectivo Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso, asegura que solamente en ese grupo tienen un registro elaborado a partir del 2015 de mil personas desaparecidas.

En total los colectivos de Chilpancingo, Chilapa, Acapulco, Iguala y Huitzuco han registrado más de cuatro mil desaparecidos en los últimos tres años.

Para el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, estas cifras confirman que las autoridades han quedado rebasadas por el clima de violencia que se extiende en toda la entidad.

«Es preocupante que a más de tres años de la administración del licenciado Héctor Astudillo Flores no se logren revertir los índices de criminalidad», opina el director del organismo.

Cuestiona que a pesar de su compromiso asumido de pugnar por el orden y la paz, «mantuvo el mismo aparato de seguridad, que en diferentes hechos delictivos ha dejado entrever su ineficacia y complicidad, por parte de varios elementos policiales que actúan sin control alguno».

Critica que la reaparición de grupos civiles que asumen tareas de seguridad, ante la ausencia de los agentes del estado, «es un indicador del fracaso de esta estrategia, que en lugar de inhibir y replegar a los grupos de la delincuencia organizada, atiza el fuego de la confrontación armada», y que los resultados han sido desastrosos, «porque hoy vemos que la violencia se esparce por las siete regiones».

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