O P I N I ó N

UN ALTO A LA SIMULACIÓN OFICIAL

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La decisión política del gobierno de Enrique Peña Nieto de negarse a resolver el caso de Iguala es definitiva. A la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Distrito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, le presentó, por medio de la Procuraduría General de la República y otras dependencias gubernamentales, ante el Tercer Tribunal Unitario, también con sede en la ciudad fronteriza, el recurso de imposibilidad jurídica para la creación de la Comisión  de Investigación dela Verdad y la Justicia (Caso Iguala). Este último determinó, dándole la razón a la PGR, sobre la «imposibilidad jurídica» de la Comisión de la Verdad.

Ante estas circunstancias, el conflicto o la «contradicción jurídica», ahora, se sitúa en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La decisión a la que llegue el máximo tribunal de justicia del país será inatacable e inapelable. Y, obviamente, en las actuales condiciones en que la separación de poderes, esencial o sine qua non en una nación republicana, es inexistente; y, por tanto, el Poder Judicial en México se encuentra subordinado y obedece las indicaciones del Poder Ejecutivo.

En estos términos, la decisión que tomará la SCJN para dilucidar el conflicto entre las dos sentencias (la del Tribunal Colegiado y la del Tribunal Unitario y ante la obediencia al presidente) es predecible que la resolución se incline, sin duda, por la adoptada por el Tribunal Unitario, ya que al gobierno de Peña Nieto le conviene que ninguna comisión de la verdad se constituya, porque no habría, entonces, en el futuro ningún recurso jurídico para obligar al Estado mexicano a encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre de 2014. Pero también la negativa y las obstrucciones que antepone el gobierno federal se deben a que a lo largo de las investigaciones que se realizarán, es muy probable que se encuentre toda una red de grandes dimensiones, incluso internacionales, en el trasiego de la droga entre México y Estados Unidos, en la que se encuentren vinculados funcionarios del más alto nivel de gobierno de ambos países.

Los padres de los estudiantes desaparecidos cuentan, sin embargo, con algunos recursos de apelación que harían, seguramente, ante otros tribunales colegiados que tengan, cuando menos, el mismo nivel de competencia que los dos arriba señalados. Pero lo más probable es que aun cuando le den entrada a la petición, los resultados podrían inclinarse a favor o no de la creación de la comisión de la verdad, y como se ha mencionado, la SCJN sería el último tribunal para determinar la pertinencia o no de la mencionada comisión. Precisamente en este aspecto es donde se sitúa la mente retorcida y deshonesta del presidente Peña Nieto, porque sabe que cuenta con los hilos del titiritero para controlar y mover a su gusto e interés personal a una SCJN que carece de autonomía, independencia ni imparcialidad.

Sin embargo, a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección por la Presidencia de la República, y al haber obtenido la mayoría en el Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos locales del país, los estorbos que antepone el gobierno de Peña Nieto parecen, ante estas nuevas circunstancias políticas, como la caricatura de un gobierno que busca protegerse y proteger a sus socios y cómplices en la venta y saqueo de las riquezas nacionales; también buscan la impunidad a sus arbitrariedades e injusticias en hechos de violencia brutal como en la desaparición de los estudiantes normalistas.

La persistencia de las acciones de gobierno federal por impedir su esclarecimiento, siempre están presentes. Por eso tiene un importancia la opinión generalizada en México y en el mundo de que la desaparición fue un «asunto del Estado mexicano». Un aspecto altamente significativo, por ejemplo, es el que la SCJN «acelera» la revisión sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, la cual permite la presencia de la Fuerzas Armadas en las vías públicas en funciones de policía, incluso las exclusivas al Ministerio Público de investigación y detención, según como un mecanismo de combate a la violencia criminal que prevalece en la vida cotidiana del país. Que como lo dijera Peña Nieto: «los resultados (de la lucha anticrimen) están lejos de ser satisfactorios». Esto lo dice quien se supone es el representante del Estado mexicano y responsable de la seguridad de la vida y los bienes de los ciudadanos, que junto con su antecesor llevan 12 años de farsa en el combate al crimen, seis de Felipe Calderón y casi seis del actual. Pero a un alto costo social: 250 mil muertos y más de 35 mil desaparecidos.

Si bien es cierto que la última decisión recaerá en la Suprema Corte, las intenciones y los ofrecimientos de antes, durante y después de la campaña y triunfo electoral de López Obador es la de crear una comisión de la verdad sobre los hechos de Iguala. La presunta secretaria de Gobernación, la exministra de la SCJN Olga Sánchez Cordero, dijo que «ya es momento de hablar de memoria y reparación. Nosotros no vamos a simular que en México no pasa nada y que hay una política de derechos humanos. El estado ha sido incapaz de evitar las desapariciones, de buscar a las víctimas y saber su paradero (…) debe ponerse en marcha un proyecto de justicia transicional, y subrayó que hay varia posibilidades de crear comisiones de la verdad, entre ellas las que abordan casos específicos, las que analizan fenómenos delictivos en regiones completas y las que se conforman como una gran comisión nacional de la verdad, encargada de analizar todo lo que ocurre en el país».

O como lo dijo, por su parte, el próximo subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, «es absurdo que se le niegue el derecho a la verdad a las víctimas, si la resolución del juez fue que se integrara una comisión para ejercer este derecho. Yo creo que, más que un asunto jurídico es un asunto de voluntad política. Además consideró que negar la instalación es una traba del gobierno saliente para no investigar el caso, el próximo gobierno va a actuar de manera distinta desde el primero de diciembre (…) Seguirá el alegato jurídico ahí, pero independientemente de su resolución, nosotros vamos a avanzar en una Comisión de la Verdad para este asunto, como en otros asuntos que existen de demandas de esta naturaleza».

Si la política trazada por el equipo de López Obrador se logra en el tiempo, deseando que fuera lo más pronto posible, los familiares de los jóvenes normalistas desaparecidos desde hace 46 meses podrán encontrar la paz espiritual de saber dónde están sus hijos y saber que se hizo justicia.

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