Información

GANAR MÁS QUE EL PRESIDENTE, VIOLA LA CONSTITUCIÓN: ABOGADO

El abogado Gabriel Alonso. [Foto: Marlén Castro]

A+
A-

Cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la reducción de su salario en un 60 por ciento, que significa que percibirá un ingreso mensual de 108 mil pesos, puso a temblar a la alta burocracia del país. Los más privilegiados, en especial a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque eso implicaba, de acuerdo al artículo 127 constitucional, que ningún otro servidor público puede recibir una remuneración mayor. Y ellos tienen ingresos superiores a los 600 mil pesos.

Las inconformidades llegaron en cascada, de ministros, magistrados, jueces, consejeros y comisionados de órganos autónomos, además de diputados federales, locales y gobernadores.

Aquí en Chilpancingo, el abogado Gabriel Alonso Márquez refuta a los ministros de la SCJN, quienes de inmediato alegaron que la reducción salarial a los mandos de la administración pública federal sería inconstitucional, porque en su caso, el artículo 94 de la Constitución señala que no se puede reducir el salario de los ministros durante su encargo, pero, sobre todo, porque las remuneraciones que reciben son una garantía de que sus resoluciones no tengan influencias ajenas.

Alonso Márquez tiene una oficina muy tranquila en el centro de la ciudad y un despacho con muchos abogados y practicantes que salen y entran a atender diversos asuntos de orden penal, civil, familiar, pero sobre todo, laboral.

Es, como se dice en el ámbito jurídico, un especialista en el derecho laboral. Su despacho es el ejemplo de su éxito como abogado. Ha ganado varios juicios en esta materia y eso trasciende rápido en su medio.

Durante la entrevista, se hace allegar su herramienta principal: la Constitución mexicana, además de otros ordenamientos secundarios.

El abogado asegura que López Obrador lo único que está haciendo es cumplir con lo que establece la Constitución, la que en este momento están violando los ministros y una gran cantidad de servidores públicos, pero se detiene precisamente en los ministros porque son los que deberían vigilar precisamente que eso no ocurra, y lo han hecho, al asignarse tan altas remuneraciones.

Los ministros argumentan la autonomía de los poderes, añade Alonso Márquez; sin embargo, el artículo 84 Constitucional también establece que estos poderes proponen su presupuesto a través del Ejecutivo, por lo que éste tiene amplias facultades para revisarlo y ajustarlo, si ése fuera el caso.

La Constitución es clara: no pueden mandar directamente su presupuesto, porque la Constitución establece que el titular del Poder Ejecutivo es el que envía al Congreso la ley de ingresos y el presupuesto de Egresos.

Incluso, los ministros, magistrados, jueces y demás son sujetos de juicio político, porque al ser encargados de velar por que la Constitución se respete, al asignarse indebidamente una remuneración mayor que el mismo presidente, están violando la Constitución. Es decir, no están cumpliendo con la principal tarea que tienen que realizar.

El abogado va más allá del juicio político. Sostiene que si el Congreso federal asume su papel podría obligar, a todos esos funcionarios que han violado la Constitución en el tema de las remuneraciones, a reintegrar lo que de forma indebida han percibido.

Alonso Márquez descarta que un amparo de los ministros y otros jueces de tribunales proceda en el caso, porque un amparo se interpone por actos contrarios a la Constitución, y el acto contrario a la Constitución es precisamente lo que los ministros están alegando con respecto a sus remuneraciones indebidas.

Una controversia constitucional tampoco prosperaría porque se interpone cuando se invaden las funciones entre poderes, y no es una invasión de poderes, del Ejecutivo al Legislativo y Judicial, porque hay un artículo supremo que es el 127 Constitucional que dice que ningún servidor puede ganar más que el presidente. En el mismo artículo en el párrafo tercero se vuelve a remarcar que ningún servidor público puede ganar más que sus servidores, y el mismo artículo establece con claridad que ese salario nunca será superior sumando bonos, premios, recompensas, compensaciones.

Tras analizar los argumentos de los ministros de la SCJN, Alonso Márquez sostiene que no existe fundamento legal para que aleguen inconstitucionalidad o invasión de poderes, porque el principio de irreductibilidad que alegan alcanza para un año de ejercicio presupuestal, pero en el caso, se aplicaría no en este ejercicio de 2018, sino para el próximo.

Recomendó a los ministros, magistrados y jueces ponerse a trabajar y acatar lo que dice la Constitución, porque hay muchísimos abogados de prestigio que tienen entre sus metas profesionales estar en esos sitios.

«O se ciñen a la Constitución o los mandan al retiro», advierte.

COMPARTIR:

EnTwitter EnFacebook EnGoogle+
anterior | INDICE | siguiente

Ediciones anteriores

Close