El acuerdo del Tribunal ha tumbado la «verdad histórica» de Murillo Karam, pero no se restrinja solamente la responsabilidad a un individuo, sino que debe ampliarse incluso hasta el Ejecutivo federal. Porque es inaceptable imaginar que el presidente Enrique Peña Nieto haya estado al margen de un hecho delictivo atroz y donde se dio la participación directa de autoridades federales, estatales y municipales, policías de los tres niveles de gobierno y Ejército.
