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La embestida contra Nestora:

EL USO FACCIOSO DE LA LEY

Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina. Enfrentados. [Foto: José Luis de la Cruz / Archivo]

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Nestora Salgado, excomandante de la Policía Comunitaria de Olinala, salió libre el 18 de marzo de 2016, luego de permanecer dos años con siete meses en la cárcel, acusada de secuestro, robo y privación ilegal de la libertad y homicidio. Días después, la Fiscalía General del Estado (FGE) apeló la libertad de Nestora, simplemente porque el entonces fiscal Xavier Olea Peláez dijo que era su obligación apelar.

Esta semana, a más de dos años de la apelación, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio entrada a cinco de los seis recursos interpuestos por la FGE.

La aceptación de la apelación por parte del órgano encargado de impartir justicia, ocurre cuatro días después de que el candidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, tachó –durante el segundo debate de los candidatos presidenciales el domingo 20– de secuestradora a Nestora Salgado.

Nestora Salgado es candidata de Morena a senadora por Guerrero y, según las encuestas, es favorita para ganarle, junto con Félix Salgado Macedonio, al PRI y a la coalición Por México al Frente (PRD, PAN y MC).

Leonel Rivero, uno de los abogados de Nestora Salgado, consideró que existe un interés, como golpe político, en que justo en este momento, el TSJ dé entrada a las apelaciones cuando la Fiscalía cumplió en tiempo y forma en solicitar las apelaciones de liberación que emitió un juez federal, y fue el mismo TSJ quien retrasó el proceso.

Al calor de la campaña para las elecciones del 1 de julio, Nestora Salgado es un tema de debate público. Por un lado se le aplaude su decisión de contender por una senaduría a través de un partido político, pero por otro lado, se considera una traición a los principios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que muestra que Nestora Salgado tiene un acuerdo con el Estado, al aceptar el sistema partidista.

El respaldo hacia Nestora proviene de Morena y sus militantes, así como de personajes como Félix Salgado Macedonio, quien es su compañero de fórmula al Senado. El rechazo y la crítica a su candidatura vienen de los adversarios de Andrés Manuel López Obrador en la contienda por la presidencia, pero también de sus excompañeros de la CRAC-PC: Gonzalo Molina, aún preso en Chilpancingo por los mismos cargos que le imputaron a Nestora, y Arturo Campos Herrera, ex preso político en Ayutla de los Libres, quien le ha advertido a su excompañera que «nadie utilizará a la CRAC para otros fines que no sean los de la defensa del territorio comunitario».

Gonzalo Molina argumenta que la CRAC-PC merece respeto, «porque para el sistema comunitario, la vía del cambio no es a través de los partidos políticos, sino por medio de la organización, donde los pueblos originarios nombran a sus representantes mediante una asamblea; cualquier miembro de la CRAC que aspire a un cargo de elección popular, tiene que someterse al reglamento de la CRAC».

Y cuestiona: «¿Cómo es posible que estando ella en un proceso jurídico, que según su dicho, le impide regresar a México, y sobre todo venir a Guerrero, ahora haya aceptado ser candidata al Senado por el partido Morena. El hecho que haya aceptado participar en el proceso electoral,  demuestra que tiene un acuerdo pactado con el Estado».

Desde Ayutla de los Libres, Arturo Campos Herrera ha advertido a todos los integrantes de la CRAC de que si desean aspirar a algún cargo de elección popular que renuncien a la CRAC, pues desde su perspectiva, en el caso de Nestora «no se llevó a cabo ninguna asamblea en donde se aprobara su participación en un proceso electoral». 

Nestora Salgado fundó la policía comunitaria de la CRAC-PC de Olinalá y fue su comandanta. El 21 de agosto de 2013, la detuvieron elementos del Ejército mexicano y de la Marina, acusada de secuestro y delincuencia organizada. En esa fecha, Guerrero era gobernado por Ángel Aguirre Rivero, un expriista que llegó al PRD y ganó la gubernatura.

Nestora permaneció presa durante dos años y siete meses, tiempo en el cual fue considerada presa política. Originaria de Olinala, municipio de la Montaña alta de Guerrero, buscó vivir dignamente con un empleo, un hogar, una familia. Durante su juventud se dio cuenta que el Estado mexicano no se lo garantizaba, por lo que ante tantas carencias, tanto olvido, tanta desatención, decidió emigrar a Estados Unidos, como lo sigue haciendo mucha gente en México.

En 1991, Nestora cruzó la frontera para ir trabajar a Estados Unidos, donde fue cuidadora de niños y camarera. Se estableció como ilegal, en Renton, Washington, donde también consiguió una pareja. Después de varios años en Estados Unidos, durante los cuales obtuvo la nacionalidad estadounidense, regresó a su pueblo natal. Al llegar a Olinala, se encuentró con un problema aún más grave que los que la orillaron a emigrar: la inseguridad. 

Una vez más, Nestora decidió enfrentar el problema y, junto a pobladores de Olinala, logró sacar de su municipio a integrantes de la delincuencia organizada. El activismo constante de Nestora es un tema que al Estado le incomoda.

Su abogado, Leonel Rivero, ha manifestado que las apelaciones emitidas por el TSJ de Guerrero no afectan a la candidata, porque es un proceso normal y en las audiencias que tienen fecha para el próximo junio y julio, se puede esperar la confirmación de la libertad de Nestora o se emita una orden de aprehensión.

El abogado explica que en caso de que se emita orden de aprehensión, Nestora tiene derecho a solicitar un amparo por la forma en que se realizan las apelaciones y consideró que con la petición del amparo, su clienta puede defenderse y llegar libre para la jornada electoral.

El abogado asegura que las apelaciones no dan apertura al caso, porque las audiencias de vista no se desarrollaron debido a que las supuestas víctimas que acusaban a Nestora no se presentaron.

Dijo que la determinación del TSJ se puede interpretar como un interés político, porque se da tras la acusación que hizo el candidato presidencial de la alianza que encabeza el PRI, José Antonio Meade Kuribreña, durante el segundo debate presidencial, al llamar secuestradora a Nestora Salgado.

Las seis causas penales apeladas por la FGE son: la 59-I /2015 por secuestro, la 196/2013-I-A por secuestro agravado y privación ilegal de la libertad; la 67/2014 por homicidio calificado y tentativa de homicidio; la 048/2014-II por secuestro agravado y privación ilegal de libertad; la 05/2014-I por secuestro agravado y la 050/2014-II por robo específico y privación ilegal de la libertad.

De estas seis, el TSJ ya admitió cinco, y lo hizo a más de dos años de que Salgado García fue absuelta de estos cargos.  La única no admitida es la 196/2013-I-A.

El 14 de junio, en la Sala Penal 4 del Poder Judicial de Guerrero se realizará la primera audiencia de vista para analizar la apelación que interpuso el Ministerio Público en contra el auto de libertad que se dictó en marzo de 2016 a favor de la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá.

En la audiencia ya programada, los magistrados determinarán si confirman, modifican o revocan el dictamen de acusaciones penales en contra de Nestora Salgado.

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