S U P L E M E N T O

Número 32. Año I. 26 de febrero de 2018. Cuajinicuilapa de Santamaría, Gro.

Suplemento de antropofagia cultural, etnicitaria para afroindios y
no-afroindios de Guerrero y de Oaxaca, y de todo el universo oscuro.

PROCESO Y MARTIRIO DE DON VICENTE GUERRERO

David Guerrero Flores
[Fragmentos]

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Consecuencias políticas del proceso en contra del general Guerrero

La traición que costó la vida de don Vicente Guerrero fue conocida más allá de la República Mexicana. Los hechos criminales escandalizaron al mundo. En 1833, en nuestro país se sabía de una orden de funcionarios de la República de Centroamérica para fusilar a la tripulación del Colombo y hundir la embarcación.Picaluga fue juzgado por el Consejo Superior de Almirantazgo de Génova, en rebeldía, por la traición cometida en contra de don Vicente Guerrero. El procesado fue condenado, en sentencia de 28 de julio de 1836, a la pena de muerte y a indemnizar a los herederos del general Guerrero. Picaluga también fue expuesto a la argolla pública y declarado bandido de primer orden. La sentencia no se ejecutó porque el condenado no regresó a su país, sin que sea claro cuál fue su final. Los oficiales que participaron en el proceso en contra de don Vicente Guerrero fueron ascendidos de grado, por el gobierno de Bustamante. Tras su caída, se les suprimió todo grado y se declaró que no podrían pertenecer al ejército.

En 1833, tras el aparente restablecimiento del federalismo, las autoridades federales y del estado de Oaxaca tomarían providencias para honrar la ilustre memoria del Mártir de Cuilapan. La legislatura del estado de Oaxaca buscó que los restos del patriota descansaran en la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, del Convento de Religiosas Dominicas de aquella ciudad. El Poder Legislativo local se apoyaba en que don Vicente Guerrero habría expresado a los religiosos que lo asistieron espiritualmente, antes de ser privado de la vida, el deseo de ser sepultado en el lugar. La legislatura aprobó está determinación, en el decreto de 12 de abril de 1833. El Congreso de la Unión, el 16 de noviembre de 1833, dispuso que los restos del Mártir de Cuilapan fueran trasladados a la ciudad de México para ser depositados en la urna con las cenizas de los principales héroes de la guerra de independencia. La memoria de este ilustre patriota sería recordada cada 14 de febrero, fecha de su fusilamiento, según el decreto del 12 de febrero de 1834.

Los secretarios de Estado del gobierno de Anastasio Bustamante serían enjuiciados, entre otras cosas, por su participación en los hechos que culminaron en el fusilamiento del general don Vicente Guerrero. El general don Juan Álvarez presentó ante la Cámara de Diputados, el 10 de febrero de 1833, la acusación en contra de los exsecretarios de Estado. Los exsecretarios eran: Alamán, de Relaciones; Facio, de Guerra y Marina; José Ignacio Espinosa, de Justicia y Negocios Eclesiásticos; y Rafael Mangino, de Hacienda. La Cámara de Diputados, como gran jurado, determinó que Alamán, Facio y Espinosa fueran puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia.

Espinosa fue el único acusado en comparecer. Alamán se ocultó en territorio nacional, y Facio huyó al extranjero. El proceso siguió en rebeldía, en contra de los exsecretarios de relaciones y de guerra. En 1834, el entonces presidente Santa Anna, aplastó la autonomía del Poder Judicial federal y ordenó la suspensión del proceso en contra de Alamán. El exsecretario de relaciones apareció con un alegato en su defensa, dirigido a la Nación y no al tribunal ilegítimo que pretende arrogarse el derecho de juzgarme. El Alto Tribunal pudo emitir sentencia en marzo de 1835. Alamán y Espinosa fueron absueltos, al no encontrarse pruebas suficientes para determinar su responsabilidad en la compra de la cabeza del Sr. General Guerrero y su horroroso asesinato. La sentencia determinó que el responsable era Facio.

Alamán, poco antes de morir el 2 de junio 1853, habría hecho una confesión a su amigo, el general José María Tornel. Según refiere Lafragua, el exsecretario de relaciones expresó sobre el asunto de don Vicente Guerrero:

 

Señor Tornel, yo he sido víctima de la amistad y de una palabra empeñada de guardar secreto. La votación en el negocio del general Guerrero fué la siguiente: los señores Facio y Espinosa por la muerte; el señor Mangino y yo por el destierro a la América meridional: decidió el vicepresidente de la República.

 

Consideraciones jurídicas sobre el proceso

El proceso en contra del patriota don Vicente Guerrero tuvo un buen número de irregularidades. La defensa del ilustre procesado no fue de calidad alguna. El general Guerrero no tuvo oportunidad de designar como defensor a un abogado de su confianza, es más, la defensa nunca estuvo a cargo de un abogado. Don Vicente Guerrero únicamente pudo escoger defensor de una lista de oficiales subalternos del secretario de guerra, de acuerdo a las Ordenanzas del Ejército de la monarquía española. El defensor del general don Vicente Guerrero no tomó en cuenta varios aspectos jurídicos que, en un proceso imparcial y sin un resultado previamente decidido por los detentadores del poder político, habrían logrado otro resultado. Cosío no era letrado y desconocía, por ello, la mayor parte de lo que se expondrá a continuación.

 

1. Incompetencia constitucional del consejo de guerra ordinario

El consejo de guerra ordinario que juzgó a don Vicente Guerrero adolecía de incompetencia constitucional. El general Guerrero era el presidente de la República Mexicana, a pesar de las intenciones de los partidarios del Plan de Jalapa para destituirlo. Según se explicó en su oportunidad, el Congreso se limitó a declarar que el general tenía incapacidad para gobernar. La ley de 4 de febrero de 1830 no destituyó a don Vicente Guerrero de la presidencia de la República, ni ninguna ley posterior lo hizo. Bustamante gobernó con el carácter de vicepresidente, producto de la misma elección en que el héroe de la Guerra de Independencia llegó a la presidencia.

La investidura del general Guerrero, como titular del Ejecutivo, impedía que cualquier tribunal lo juzgara por toda clase de delitos. El artículo 107 de la Constitución federal de 1824, establecía protección constitucional a favor del primer magistrado. El presidente únicamente podía ser juzgado por los delitos de traición contra la Independencia nacional o la forma establecida de gobierno, cohecho o soborno, cometidos durante el tiempo del encargo. El presidente también podía ser enjuiciado por impedir la elección de presidente, senadores o diputados, así como por impedir que estos o cualquiera de las Cámaras ejercieran sus atribuciones. La acusación por los delitos anteriores se presentaría ante cualquiera de las Cámaras, que conocería en calidad de gran jurado. El acusado sería separado del cargo sólo si había declaración de procedencia por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes y, en tal caso, sería puesto a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Cualquier otro tribunal era incompetente para juzgar al presidente de la República, por los delitos mencionados.

El fuero constitucional se pasó por alto en la causa contra el general Guerrero. La excepción de incompetencia del consejo de guerra ordinario no consta en el expediente del proceso, no obstante, es posible que el procesado la hubiere opuesto. De acuerdo con el Diario de Carlos María de Bustamante, simpatizante del Plan de Jalapa, el 9 de febrero se recibieron noticias secretas en la capital. El procesado se asumía como presidente de la República y, por tanto, pedía ser juzgado por las Cámaras.

De conformidad con el expediente del proceso, don Vicente Guerrero no fue acusado de ninguno de los delitos señalados por el artículo 38 de la Constitución de 1824. El general Guerrero fue juzgado por el delito de lesa nación, no comprendido en la enumeración limitativa a que se refería la misma Constitución. Cabe mencionar que la pena del delito de lesa majestad se aplicó al de conspiración contra la independencia, según decreto de 13 de mayo de 1822. Sin embargo, no era aplicable a la situación del antiguo insurgente. El delito por el que se juzgó al general Guerrero, y por el que fue condenado a muerte, tenía como bien jurídico tutelado a la Independencia nacional. Don Vicente Guerrero nunca atentó contra la independencia.

El único tribunal competente para juzgar a don Vicente Guerrero, bajo cualquier supuesto, era la Corte Suprema de Justicia pues se le juzgó por un delito en que se ofendía a la Nación.

Don Vicente Guerrero, en todo caso, era general de división de la República mexicana. No existe ninguna determinación que lo hubiere despojado de su grado militar, a pesar de las intenciones de quienes se encargaron del proceso. En consecuencia, el consejo de guerra ordinario también era incompetente según las disposiciones de las Ordenanzas del Ejército. Los militares de alto grado no eran sujetos del consejo de guerra ordinario, cuya competencia se limitaba hasta el de sargento, sino del consejo de oficiales generales. El consejo en referencia se integraría con generales de división, o de brigada. En ausencia de ambos podían integrarlo coroneles, pero nunca oficiales de menor grado. El general Guerrero, en cambio, fue juzgado por un consejo ordinario presidido por un coronel, e integrado por capitanes. Es importante tener en cuenta que la ejecución de sentencias del consejo de oficiales generales en las que se condenare al reo a muerte, tenía una particularidad importante. A semejanza de la del consejo ordinario, debía aprobarse por el comandante general, pero su ejecución estaba condicionada al resultado de la consulta del supremo tribunal de guerra.

 

2. Inconstitucionalidad de la ley de 27 de septiembre de 1823

El fundamento toral de la sentencia que dispuso aplicar la pena de muerte a don Vicente Guerrero, fue la ley de 27 de septiembre de 1823. La disposición fue emitida por el primer Congreso Constituyente, una vez reinstalado tras su disolución por Iturbide. La ley es anterior a la Constitución federal de 1824, y adoptó parcialmente lo dispuesto en la Novísima Recopilación de 1805 sobre los salteadores de caminos. La ley mexicana dispuso que se juzgara militarmente a los salteadores de caminos, ladrones en despoblado, y aún en poblado, si el delito era cometido en cuadrilla de cuatro o más. El juicio militar tendría lugar cuando dichos delincuentes fuesen aprehendidos por tropa del ejército permanente, o de la milicia provincial o local, expresamente destinados a perseguirlos por autoridad competente.281 El juicio militar se llevaría a cabo ante un consejo de guerra ordinario, según disponía la Novísima Recopilación, y se integraría de conformidad con las Ordenanzas del Ejército. De acuerdo a la Novísima Recopilación, el consejo de guerra era competente con inhibición de cualquier otro tribunal.

En el artículo 11 de la ley de 27 de septiembre de 1823, se dispuso la aplicación de la misma a las cuadrillas de conspiradores en despoblado, y sus cómplices. La vigencia de la ley preconstitucional, en principio, sería de cuatro meses contados a partir de la fecha de su publicación. La ley fue publicada el 29 de septiembre de 1823, mediante bando del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Los destinatarios de la providencia eran los iturbidistas. Posteriormente, el segundo Congreso Constituyente determinó su prórroga indefinida, mediante ley de 6 de abril de 1824. Las fechas señaladas son anteriores al 4 de octubre del mismo año, en que se aprobó la Constitución Federal.

Algunos aspectos de la ley referida no se apegaban al nuevo texto constitucional. La ley fundamental de 1824 contenía ciertas garantías de naturaleza procesal, entre ellas, la prohibición de todo juicio por comisión. Los jueces de comisión existentes en el derecho novohispano, por tanto, quedaron proscritos del derecho mexicano. La Constitución mexicana no reconoció más tribunales que los previstos en la misma. Los consejos de guerra ordinarios dispuestos por la ley de 27 de septiembre de 1823, en tales condiciones, equivalían a tribunales especiales no autorizados por la Constitución federal de 1824. El ámbito personal de aplicación de los consejos de guerra se limitaba, constitucionalmente, a los miembros del ejército mexicano. La extensión del juicio militar a individuos que no pertenecieran al ejército, como disponía la ley en comento, resultaba anticonstitucional.

 

3. Falta de vigencia de la ley de 27 de septiembre de 1823, en lo relacionado a delitos políticos, y aplicación de la pena de muerte

La inconstitucionalidad de dicha ley, según parece, no fue del todo notoria. La ley de 27 de septiembre de 1823 continuó aplicándose, bajo la vigencia de la Constitución de 1824, exclusivamente en lo referente a salteadores de caminos. Los conspiradores ya no eran juzgados conforme a ella. Un buen ejemplo de esto lo constituye el precedente en el asunto del Plan de Montaño, en 1827. El vicepresidente Bravo no fue juzgado conforme a esta ley, pues habría resultado contrario a lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución federal de 1824. La Corte Suprema, previa declaración de procedencia de la Cámara de Diputados, conoció la causa. Los demás participantes en el pronunciamiento —entre ellos Facio, Armijo, y Ramírez y Sesma—, antes de decretarse su destierro, tampoco fueron juzgados conforme a la ley que sirvió de fundamento para privar de la vida al general Guerrero.

La pena de muerte que imponía la ley de 27 de septiembre de 1823 dejó de tener vigencia para toda clase de delitos, conforme al decreto de 29 de agosto de 1829. El entonces presidente don Vicente Guerrero, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso, dispuso que la pena capital se conmutaría por una extraordinaria que los jueces y tribunales consideraran correspondiente conforme á las leyes. El beneficio se aplicaría a los procesados y sentenciados en el Distrito y Territorios Federales. En un principio, existió duda de los juzgadores sobre la aplicación del beneficio a los de salteadores de caminos a que se refería la ley de 27 de septiembre de 1823. La duda fue resuelta por otro decreto del presidente Guerrero. El 7 de septiembre de 1829, se declaró expresamente que los consejos de guerra no aplicaran la pena de muerte. El arbitrio judicial para la imposición de la pena por la que se conmutaría a la capital, era amplio. Los consejos de guerra impondrían la pena extraordinaria que corresponda segun las leyes, o bien, condenarían a trabajos en obras públicas, fortificaciones, servicio de los bajeles, o las Californias.

La falta de vigencia de la pena de muerte dispuesta por la ley de 27 de septiembre de 1823, estaba fuera de toda duda cuando se aplicó al general Guerrero en 1831. El Plan de Jalapa tuvo entre sus móviles la oposición a las facultades extraordinarias de que estaba investido el presidente Guerrero, sin embargo, el triunfo del pronunciamiento no se tradujo en una derogación inmediata de las mismas. Cuando el Congreso declaró justo el Plan de Jalapa, el 14 de enero de 1830, no derogó ningún acto de la presidencia del general Guerrero. El Poder Legislativo se encargó del particular hasta el 15 de febrero de 1831, esto es, un día después del fusilamiento del Mártir de Cuilapan. El Congreso dispuso que las providencias emitidas por el presidente en uso de facultades extraordinarias, competencia del Legislativo, quedaban sujetas a la calificación de las Cámaras. La misma ley estableció de manera clara la subsistencia de algunas determinaciones, entre ellas, las amnistías, indultos, remisiones y conmutaciones de pena.

La ley de 27 de septiembre de 1823 continuó vigente, hasta que fue felizmente derogada por la de 18 de diciembre de 1832.

 

Conclusión

Las irregularidades en el proceso sustanciado en contra del general Guerrero fueron diversas y notorias. El reo fue juzgado y condenado por un tribunal incompetente que aplicó una ley inconstitucional, e impuso una pena que no estaba en vigor. El resultado de las irregularidades procesales, conforme al derecho vigente en la época, habría sido la nulidad de la sentencia.

Los detentadores del poder político simularon un proceso pero, en realidad, manipularon la aplicación de las normas que resultaban idóneas para su propósito, bajo el pretexto de respeto a la ley. Al menos Facio y Bustamante tenían decidido de antemano privar de la vida a don Vicente Guerrero. Es claro que el proceso se desarrolló conforme a las instrucciones del secretario de guerra. El asenso al poder del general Guerrero por vía revolucionaria no resultó determinante en el proceso, ya que Bustamante lo hizo en la misma elección y bajo idénticas condiciones. El magnicidio del presidente don Vicente Guerrero fue la consumación del odio de sus enemigos, no exento de factores raciales. El odio no se limitaba a la persona del general Guerrero, se extendía contra lo que simbolizaba. Los valores de la insurgencia no encontraron una fácil acogida en el México independiente. Los grupos privilegiados buscaban conservar el statu quo, y se dieron a la tarea de derrocar al gobierno que proyectaba reformas de corte liberal.

El general Guerrero fue víctima de una patriótica intención de su propia autoría que, en aquel tiempo no era posible por la gran división política: la unidad entre mexicanos. Los conductores del proceso habían sido beneficiados con el indulto a los desterrados por participar en el Plan de Montaño. El resultado es aún más trágico porque se recurrió a la traición. Como escribió don Manuel Payno en el Libro Rojo:

 

Ninguna fuerza pudo vencer a Guerrero en las montañas, en tiempos de la colonia; ningunas fueron bastantes tampoco en tiempo de la República. Fue necesario apelar a la más negra y más odiosa de las traiciones. “La historia de México tiene algunas páginas oscuras”. Ésta es negra; y ni los años, ni el polvo del olvido, serán bastantes para borrarla.

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