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Zacarías Cervantes

Gobierno de Astudillo:

SOLUCIÓN DE CONFLCITOS, AL MARGEN DE LA LEY

Astudillo. Cochupos. [Foto:José Luis de la Cruz]
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El gobernador Héctor Astudillo Flores dejó en claro la semana pasada que más que la gobernabilidad, le interesa cuidar los intereses empresariales y las finanzas del estado. Cuando el miércoles 21 cientos de miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero bloquearon la carretera México-Acapulco, a la salida de Xaltianguis, y mantenían retenidos a un efectivo de la PGR y a dos policías federales, se apresuró a negociar con los dirigentes de la agrupación para darle una salida negociada a un asunto de carácter penal.

Por la mañana de ese día, agentes federales llegaron a la casa de la suegra del comandante de la Policía Ciudadana Ernesto Gallardo Grande para detenerlo acusado por diversos delitos del orden federal.

El líder de las autodefensas, sin embargo, no se encontraba, y los agentes detuvieron a su cuñado; pero los pobladores se organizaron y retuvieron a tres agentes y bloquearon la carretera a la salida de esa población del municipio de Acapulco. Exigieron la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra del comandante de la Policía Ciudadana, a cambio de la libertad de los agentes y abrir el paso de la carretera.

En efecto, la exigencia de los manifestantes y del propio Gallardo Grande se cumplieron tras una negociación de más de 15 horas que inició en Xaltianguis y terminó en Acapulco. La explicación del gobernador fue que prefirió la gobernabilidad a generar un conflicto mayor. Su preocupación, dijo, era que no se afectara la inauguración del abierto de Tenis que sería un día después de los hechos en Xaltianguis.

La negociación por encima de la ley fue el mensaje que mandó el gobernador con el fin de salvaguardar los intereses de los empresarios y con ello las finanzas del estado. En realidad el gobernador intervino ante la Federación para que el problema se resolviera así, puesto que los agentes que pretendían detener a Gallardo Grande son de la Federación y la carretera bloqueada es tramo federal. Era, entonces, de competencia federal resolver el conflicto.

La solución del conflicto de esa manera, explica por qué el estado se encuentra sumido en una violencia que mantiene a raya a los guerrerenses.

Esta semana por ejemplo se conocieron las cifras del Sistema Nacional de Seguridad que volvieron a ubicar a Guerrero en los primeros lugares en homicidios dolosos.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guerrero hubo en enero 204 homicidios dolosos y ocupó el segundo lugar nacional después de Baja California que registró 211 asesinatos, lo que representa el 9.4 por ciento de las denuncias presentadas en el país.

Estas estadísticas oficiales revelan que la tasa nacional de homicidios en México es de 1.73 casos cada cien mil habitantes, y aunque Guerrero dejó de ocupar el primer lugar en homicidios a escala nacional, datos oficiales indican que en enero de este año el número de casos aumentó 23 por ciento respecto al mismo mes de 2017, cuando ocurrieron 165, por lo que este año suman 39 casos más.

Dentro de estos datos del SESNSP se incluyen cuatro homicidios de mujeres, considerados oficialmente como  como feminicidios.

Asimismo, el organismo destacó que en este mismo mes registró un total de dos mil 227 delitos en Guerrero, entre homicidios, feminicidios, secuestros, extorsiones y robos.

La incidencia delictiva alcanzó a la clase política en vísperas de las campañas por los distintos cargos de elección popular. Según un recuento elaborado por El Sur, tan sólo en 10 meses, 12 precandidatos o aspirantes fueron asesinados en distintos puntos de Guerrero. Aunque en esta cifra no se incluyó a la exaspirante a la diputación por el distrito 25 con cabecera en Chilapa, Dulce Rebaja Pedro.

La exprecandidata del PRI a la diputación local por el distrito 25 con cabecera en Chilapa, Dulce María Rebaja Pedro, y su primo Crescencio Rebaja Bello, fueron levantados la noche del sábado, y la mañana del domingo 25 los encontraron asesinados en Chilapa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que hallaron los cuerpos en la batea de una camioneta Nissan Frontier cabina y media, blanca, placas HF09750 del estado de Guerrero, en el punto conocido como Agua Zarca, en la carretera Chilapa-Atzacoaloya, del mismo municipio de Chilapa. También se informó que los cuerpos presentan múltiples heridas producidas por disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros.

Las corporaciones policiacas informaron que las víctimas estaban desaparecidas desde la noche del sábado, cuando circulaban cerca de Chilapa en un Chevy color vino en el cual esa misma noche fue encontrado asesinado Francisco Rebaja Juanico.

Tras el asesinato de la exaspirante priista, el dirigente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, lamentó y condenó el «inexplicable asesinato». En un boletín de prensa, Huicochea expuso que Dulce era una «joven entusiasta» y que era coordinadora regional de la organización Movimiento Territorial en el municipio de Chilapa.

Agregó: «Su muerte se suma al clamor de justicia que recientemente expresamos por el artero asesinato de la precandidata del PRD a la diputación local por el distrito 25, Antonia Jaimes Moctezuma, quien al igual que Dulce Nayeli era una mujer con posibilidades de crecer en la política».

En efecto, la clase política solamente reacciona, cuando cae uno de los suyos, pero no se pronuncia en contra de los cientos de muertos, muchos de ellos, considerados como «victimas colaterales» de la violencia.

De acuerdo al recuento de El Sur, al menos 12 personas que habían expresado su intención de buscar un candidatura en las elecciones del 1 de julio, fueron asesinadas de abril de 2017 hasta el martes 20 de febrero, cuando fue asesinada la precandidata a diputada local por el PRD Antonia Jaimes Moctezuma, quien fue atacada a en un restaurante de su propiedad en Chilapa. Pero cuatro días después, el sábado 24 por la noche, fue levantada Rebaja Pedro, junto con su primo y sus cuerpos aparecieron asesinados la mañana del domingo 25 con lo que aumentaron a 13 las victimas relacionadas con partidos o con la política.

El común en todos los casos, es la impunidad, pues ninguno de ellos ha sido esclarecido y los culpables detenidos. La impunidad se explica con la salida negociada que se dio a petición del gobernador Astudillo en el conflicto de Xaltianguis, porque más allá de los intereses de los guerrerenses que aspiran a la seguridad y a que pare la violencia, a las autoridades lo único que les interesa es que no se alejen los inversionistas aunque los guerrerenses sigan cayendo muertos.

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