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Sinaloa sin El Chapo

[Segunda de dos partes]

José Ignacio De Alba

 

 

 

Casa de la familia Beltrán Leyva en el poblado de La Palma. [Foto: José Ignacio de Alba]

 

 

 

 

Nosotros somos los de la causa

 

En la entrada de La Tuna, un salmo con faltas de ortografía escrito sobre un muro da la bienvenida a los llegados: «Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal».

Es febrero de 2017, dos semanas después de que Joaquín Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. Llegamos al pueblo cerca de las 2:00 de la tarde. Frente a la telesecundaria, los estudiantes salen de sus clases. Algunos llevan gorras con la insignia de la marca local «701», puesto que ocupó Guzmán Loera en la lista de los hombres más ricos del mundo de la Revista Forbes.

El hombre que no completa el nivel básico de educación es, en muchos sentidos, materia ficción. Un juzgado en Estados Unidos ha informado que buscará decomisarle 14 mil millones de dólares, pero analistas locales aseguran que es desproporcionada esa cantidad, pues la mayor parte de su dinero está en manos de funcionarios que recibieron sobornos durante años.

En la misma calle de la secundaria hay hombres vestidos con ropas camufladas, con chalecos antibalas y rifles de asalto AK-47 y AR-15. La gente porta armas en la calle con la tranquilidad de quien acarrea una escoba en la entrada de su casa. A pesar de que durante horas atravesamos montañas y caminos, supuestamente dominios de Guzmán, los pistoleros se sorprendieron de nuestra llegada.

Desde las puertas de sus casas la gente mira la camioneta en la que llegamos. Todos nos miran. Un hombre viejo y tullido de una pierna se quita el calor mientras se toma largos tragos de cerveza, grita: «¡Hey… vengan para acá! Bájense! ». Nos persigue cojeando, dando brinquillos.

No terminamos de bajarnos de la camioneta cuando llegan dos hombres en cuatrimoto. Nos identificamos como reporteros y entonces sabemos que desde lo alto habían confundido el tripié de la cámara que llevamos en la batea de la camioneta con el de un calibre 50.

«Todo bien. Son reporteros», dice por radio el joven al que mandaron a revisarnos.

Los jóvenes de cintos desgastados, pantalones vaqueros y playeras sucias nos saludan de mano y nos interrogan mientras descansan sus manos en las culatas de sus armas.

Pedimos una entrevista con Consuelo Loera, la madre de Joaquín Guzmán. Los hombres trasmiten nuestra petición por radio. Cada cierto tiempo, mientras esperamos, nos preguntan: «¿Todo bien?», para que cada vez repliquemos: «Todo bien».

Por radio escuchamos a un jefe gritoneando, que pregunta si vamos a pagarles por la entrevista. Les explicamos que no es nuestra intención y la voz del radio concluye: «Sáquenle punta por donde vinieron. Además, nosotros somos los de la causa».

Dejamos La Tuna y su paisaje dominado por la casa de Consuelo Loera. La residencia roja, pueblerina y grandota es un exceso en la pequeña comunidad. De salida, alcanzamos a ver El Cielo, como se llama el rancho del que fuera el capo más buscado en México.

Nuestra salida es escoltada por jóvenes no mayores de 30 años. Uno de ellos tenía puesta una gorra con la insignia de un trébol de cuatro hojas; el mismo trébol fue utilizado por Gerardo Vargas Landeros, durante la campaña interna del PRI por la candidatura de ese partido al gobierno de Sinaloa. 

 

 

 

 

Los delincuentes de cuello blanco

 

En el resto del país le llamamos el «Cártel de Sinaloa». Aquí sólo es El Cártel, y es así, porque en Sinaloa muy poco se sabe de otras organizaciones criminales. El Cartel se cuela en todos los rincones de la vida sinaloense.

Los funcionarios, empresarios y militares que han recibido sobornos de El Cartel no figuran en el folclor de las narraciones sobre el narcotráfico. Pero en Sinaloa hay casos emblemáticos. Por ejemplo, en 2013, un agente de la seguridad del exgobernador Mario López Valdez señaló que el director de la policía ministerial del estado, Jesús Antonio Aguilar, había sido propuesto para la dirección de la policía ministerial por Ismael Zambada y Joaquín Guzmán. El hombre que hizo el señalamiento en un video público en Youtube fue degollado días después de la publicación.

Los circuitos del crimen también tocan a prominentes empresarios. Jesús Vizcarra, dueño de la empresa SuKarne (líder nacional de producción de proteína animal y abastecedora de carne de McDonalds ) y exalcalde de Culiacán, ha sido investigado en México y Estados Unidos por su relación con Ismael Zambada.

En 2010, el periódico Reforma publicó una fotografía donde el capo y el empresario aparecen en un evento religioso en los años ochenta. La foto fue tomada en el poblado de El Salado, lugar donde nació Zambada. Aunque Vizcarra siempre ha negado cualquier vínculo con el capo. En un comunicado de 2015 afirma: «Ni yo ni las empresas u organizaciones por mí fundadas tienen hoy, ni han tenido nunca, relación financiera ni dependencia de ninguna organización delictiva».

Los tentáculos del narco se extienden por muchos lados. La tradición agroindustrial, la cercanía con Estados Unidos, un puerto importante como Mazatlán y los poblados remotos de la sierra, hacen del estado una tierra fértil para el desarrollo del negocio, dice Sibely Cañedo.

Un negocio que controla la cuarta parte de las drogas que entran a Estados Unidos a través de México, según reportes de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito (UNODDC, por sus siglas en inglés).

«Los movimientos de población que han generado el narcotráfico de alguna manera resultan benéficos al modelo agroindustrial; el desplazamiento por la violencia y el narcotráfico genera mano de obra barata, lo cual es ideal en el sistema capitalista (…) Es un modelo económico y político que sigue generando pobreza y que se sigue perpetuando», concluye la investigadora.

 

 

 

 

¿El fin de El Cártel?

 

El 19 de enero, un día antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, el gobierno mexicano decidió hacer lo que había rechazado en casi dos décadas: extraditar a Joaquín Guzmán.

El capo sinaloense enfrentará cargos en siete estados de la unión americana. Por ahora sólo es juzgado por la corte de Nueva York.

Es el fin sin escapatoria del capo más buscado del mundo. Antes de esto, Guzmán había burlado dos cárceles de «máxima seguridad» mexicanas: Puente Grande, en Jalisco, de donde escapó en un carrito de lavandería (2001), y El Altiplano, en el Estado de México, de donde se fugó a través de un túnel (2015).

Dámaso López Núñez era el jefe de seguridad de Puente Grande en 2001 permitió el escape del Chapo. El expolicía y ex funcionario federal en áreas de seguridad, originario de Culiacán, Sinaloa, se volvió uno de los hombres de confianza de la familia Guzmán. Y se le atribuye ser el artífice de la construcción del túnel para el escape de 2015.

El Licenciado no goza de la fama internacional del Chapo, pero su grupo es poderoso dentro de la organización. Después de extradición, reclamó que su compadre le encargó el mando de la organización. Ése fue el principio del rompimiento; Iván y Alfredo Guzmán, apoyados por su tío Aureliano, reclaman la herencia que dejó el capo. Pero son irascibles y acelerados. En Culiacán, la gente nos cuenta que llegan al bulevar a hacer sus arrancones a bordo de un Lamborghini y muchos los ubican como protagonistas de la violencia de los últimos meses en la ciudad.

Este rompimiento no tiene precedentes en El Cártel. Ni siquiera la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón provocó un tambaleo en la organización como el que ha dejado la guerra por la sucesión.

La primera señal fue en 2016, cuando dos hijos de Guzmán Loera fueron secuestrados en Puerto Vallarta, Jalisco. Las versiones sobre la autoría del secuestro varían: unas apuntan al Cartel de Jalisco Nueva Generación; otras, al hijo del Licenciado, Dámaso López Serrano, conocido como El Minilic, y heredero del negocio de su padre; y versiones no oficiales difundidas desde el gobierno federal lo atribuyeron a un hijo de Alfredo Beltrán Leyva.

En todo caso, Iván y Alfredo Guzmán fueron liberados días después.

El 20 de febrero, el semanario Ríodoce publicó información acerca de una reunión entre los capos, convocada por Zambada el 4 de ese mes, en la cual los hijos de Guzmán habrían sufrido un atentado por parte de los Dámaso.

Tres semanas después, el 16 de marzo, cinco reos de alta peligrosidad se fugaron del penal de Aguaruto, en Culiacán, entre ellos José Esparragoza Monzón, El Azulito, lo que muchos interpretaron como refuerzos para la guerra.

Pero el parteaguas fue en abril, cuando se difundió una carta de los Chapitos, como le dice aquí la gente a los Guzmán, en la que acusaron a la familia Dámaso de tenderles una trampa. Ese mismo mes, por medio de un enviado, López Nuñez contactó a los medios Ríodoce y La Pared para dar su versión:

«Solo nos hemos defendido, pero jamás los hemos provocado. Ellos tienen un año provocando al Licenciado. Provocándonos», dijo el enviado, en una publicación que fue requisada por el grupo contrario y que desencadenó una serie de amenazas para los reporteros que hicieron la entrevista. Uno de ellos fue Javier Valdez.

Las declaraciones fueron el colofón de una serie de enfrentamientos en El dorado y Villa Juárez. La violencia se extendió hasta Baja California Sur, que había permanecido tranquilo hasta en los años más álgidos de la guerra contra el narcotráfico.

Dámaso López fue detenido el pasado 2 de mayo en su departamento de la colonia Anzures, en la Ciudad de México. Su heredero, El Minilic, un personaje conocido por su violencia, pero no se sabe si tenga la habilidad para concretar la alianza que su padre negociaba con el Cartel Jalisco Nueva Generación, «el cartel del sexenio», como lo definen algunos especialistas, porque pasó de controlar cuatro estados del país a 12 en la administración de Enrique Peña Nieto

De la vieja estructura sólo queda Ismael El Mayo Zambada, el único gran capo en la historia de México que nunca ha sido detenido.

 

 

 

 

La muerte en Sinaloa

 

Éste no parece un panteón donde está enterrado alguien que nació en el municipio más pobre de Sinaloa. Aquí, los mausoleos son tan grandes que parecen iglesias. Este cementerio se llama Jardines del Humaya y aquí están enterrados muchos capos famosos. Las calzadas están llenas de flores recién cortadas.

El panteón está en Culiacán, una de las ciudades más violentas del país. En 2015 tuvo 63 homicidios por cada 100 mil habitantes. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Sinaloa, la entidad es la cuarta con más personas desaparecidas en el país. El gobierno de Quirino Ordaz Coppel decidió militarizar las estructuras policiacas, y entre enero y febrero llegaron más de dos mil militares a realizar labores policiacas. Sinaloa ahora está patrullada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero a pesar de ello, en los primeros cuatro meses del año hubo más de 400 asesinatos dolosos; y en los diarios locales, Culiacán y Mazatlán parecen disputarse los primeros lugares de la muerte.

«Hasta en la cifra de muertos tenemos que pelear», dice de broma un reportero local en referencia a la histórica pugna entre culichis y mazatlecos.

Otro experimentado periodista me pregunta qué me ha impresionado más de Sinaloa, y se sorprende cuando respondo que la convivencia de la sociedad con el narco.

«¿En que lo notas? », pregunta en el mismo momento en que un hombre se acerca a vendernos llaveros hechos con casquillos de balas.

 

 

 

Este trabajo corresponde al proyecto Pie de Página, desarrollado por la Red de Periodistas de a Pie. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente. Conoce más del proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx

 

 

 

 

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