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Protestas contra el gasolinazo:

el sospechoso saqueo
en Tierra Colorada

 

Zacarías Cervantes

 

 

 

Oxxo de Tierra Colorada después del saqueo [Foto: Trinchera]

 

 

 

 

 

uando la noche del 6 de enero apenas comenzaba, unas 70 personas se reunieron en la base de la Policía Comunitaria del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Quienes se dieron cuenta del movimiento pensaron que se trataba de una reunión más convocada por la agrupación para tratar los asuntos de seguridad en la cabecera municipal.

La mayoría eran hombres y mujeres jóvenes. Todos integrantes de la llamada «guardia civil», filial de la policía comunitaria del FUSDEG. Comenzaron a llegar a las 9:30 de la noche y se reunieron apenas por escasos minutos. Mientras, la policía comunitaria protegió el encuentro con un retén que instaló frente a las instalaciones donde se realizaba el cónclave.

Los vecinos identificaron por nombres y hasta con apodos a muchos de los jóvenes que llegaron al encuentro. Después los vieron salir en tropel y enfilaron rumbo a las dos tiendas Oxxo y a la de Elektra que hay en la cabecera municipal.

La sorpresa de los vecinos fue cuando los de la «guardia civil» comenzaron a saquear los establecimientos, de dónde sacaron lo mismo refrescos que cervezas, cigarros y botanas. Mientras que de Elektra sustrajeron decenas de aparatos eléctricos y teléfonos celulares.

Quienes documentaron el caso, destacaron que las pandillas pasaron por la tienda Súper Plus y 24 horas, dos tiendas grandes de Tierra Colorada, pero a las que sospechosamente no entraron. Ambos establecimientos pertenecen al coordinador del FUSDEG, Romualdo Santiago Díaz.

Los desmanes durarían si a caso una hora, y durante ese tiempo la policía comunitaria instaló retenes en las entradas de la cabecera municipal hasta que, finalmente, llegó la Policía Preventiva estatal para tomar el control de la situación.

Vecinos de la cabecera sostienen que al día siguiente, el 7 de enero, aparatos electrónicos y celulares que extrajeron de la tienda Elektra estaban expuestos para su venta en un establecimiento propiedad de Pedro Vázquez y del mismo Romualdo Santiago.

El episodio confirmaría que grupos organizados están siendo alentados desde instancias gubernamentales para actuar en los saqueos y desvirtuar el movimiento genuino en contra del alza al precio a  la gasolina.

Es público que el FUSDEG surgió con el apoyo del ahora ex subsecretario de Gobernación Luís Enrique Miranda Nava y actual secretario de Desarrollo Social federal, cuando algunos de sus miembros rompieron con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, ante el desbordamiento social que se vive en el país por el rechazo al incremento del precio a la gasolina, no sólo se corre el riesgo del uso de la fuerza por parte de las autoridades, sino también de «acciones perversas» que inciten al caos para generar un ambiente propicio y justificar leyes como la de seguridad interior y la militarización.

Dijo que ante este riesgo, a organismos civiles como Tlachinollan les corresponde acompañar al movimiento que se gesta para documentar y garantizar el derecho a la protesta que tiene todo ciudadano para hacer sentir su malestar, ante medidas que «desmantelan» la economía de las familias.

Y es que Barrera Hernández, declaró que los reclamos del movimiento social son una muestra patente del rechazo a las políticas y reformas que ha implementado el gobierno, y un  llamado fuerte a la autoridad, a los grupos de poder, y a los mismos partidos políticos «que se han hecho cómplices de una tendencia a desmantelar la economía de las familias y de no querer a tender lo básico».

Dijo que con el incremento a la gasolina y a otros productos y servicios, el gobierno está atentando contra los derechos fundamentales de la mayoría de la gente que no podrá  alcanzar mínimamente la alimentación, la educación y la salud.

«Hoy se evidencia que el fondo del problema es que no se están resolviendo las necesidades fundamentales. La promesa del presidente Enrique Peña Nieto y de los que impulsaron las reformas energética y hacendaria es que eran para crear un marco que protegiera los derechos fundamentales, y hoy vemos que el discurso era falaz, y que más bien son un marco legal que protege el despojo, la acumulación de capital, la protección a las  trasnacionales y que deja desprotegida toda la estructura económica base de la sociedad», dijo el defensor de derechos humanos.

Añadió que eso llevó a que hoy haya un país, zanjado, dividido, polarizado y muy enojado porque no hay una solución a los problemas más sentidos. 

Advirtió que ante ello se espera una espiral mucho más fuerte de manifestaciones de inconformidad «que nos pueden colocar en el límite de la confrontación social y política».

Dijo: «Lo que vemos en el 2017 es un escenario de mayor movilización, sobre todo desbordamiento del malestar social y se corre el riesgo de  que la autoridad militarice y reprima y piense que el problema es policial para garantizar seguridad, banalizar el movimiento social, diciendo que son vándalos, como se ha acostumbrado y no vea la raíz del problema».

Añadió que el gobierno también podría justificar la aprobación de la ley de seguridad interior y que por eso algunas protestas se están viendo alentadas por grupos que lo que quieren es provocar caos para que el gobierno tome acciones que justifiquen el uso de la fuerza, la represión, y desalentar la organización y el empoderamiento de la sociedad.

Criticó que en este ambiente los partidos políticos están siendo solamente un actor oportunista que aprovecha las coyunturas para fincarse de un lado o deslindarse del otro, «pero son cómplices de esta crisis de gobernabilidad que enfrentamos».

Insistió que ante este escenario los organismos civiles tienen la tarea de evitar que se genere una situación de desinformación, hacer un registro y documentar todo lo que está pasando para poder garantizar el derecho a la protesta.

«El gobierno tiene que entender que las protestas son un recurso que tiene todo ciudadano para hacer sentir su malestar, máxime cuando las instituciones están muy debilitadas, desmanteladas y haciendo uso inadecuado y faccioso de los recursos para corporativizar a la sociedad», advirtió.

Anticipó que el ambiente que actualmente se vive será mucho más grave en los próximos días y semanas, y dijo que los organismos estarán pendientes no sólo de que se garantice el derecho a la protesta y realizar acciones en contra de la represión, sino estar atentos para que no se desproteja de los derechos fundamentales a la población, en primer término el derecho a la alimentación, «que en la montaña es uno de los problemas más graves que se está gestando por el descuido al campo». Así como el derecho a la salud, «que es algo que está generando una crisis en verdad grande».

«Será necesario visibilizar esa crisis, además de velar para que no se descalifique, no se criminalice al movimiento y ser muy contundentes en nuestras posturas. El gobierno no se puede refugiar en que hay una crisis económica y un problema estructural y que por eso se van a violentar los derechos sociales. Allí es donde tenemos que pelear, no se puede con ese pretexto vulnerar más  la vida de los pueblos.

Barrera Hernández insistió que ante el malestar social las autoridades no pueden colocar fuera de la legalidad las protestas y que se tienen que proteger estos derechos.

«Ésa es la tarea de las autoridades, no reprimir, sino atender, resolver, garantizar que funcionen  las instituciones; proteger a los más vulnerables y revertir esas políticas, porque están llevando al fracaso, y que son causa de esta crisis de gobernabilidad».

 

 

 

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