OPINIóN - Especial #7

En poco más dos meses, Enrique Peña Nieto dejará la presidencia. Se va con las manos manchadas de sangre. A cuatro años de la oscura noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en la que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, México, además de tres muertos y cinco heridos, su gobierno fue incapaz para encontrar a los culpables de los hechos sangrientos.
La desaparición de los 43 estudiantes de de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sigue siendo un agravio para toda una nación, porque confirmó que en México no hay justicia. Y en un país donde el Estado no es capaza de hacer justicia ni de cumplir con la primera obligación que tiene con el pueblo –garantizar la seguridad de sus ciudadanos–, no sólo es un Estado fracasado, sino que es la expresión misma de una decadencia que no tiene salida, si no se apuntala en un auténtico proyecto cultural y educativo. Sólo una sociedad culta y educada no podría permitir un acto de barbarie como lo que pasó con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y tampoco toleraría un gobierno incapaz de ofrecer respuestas convincentes.

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