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Ni perdón ni olvido

LA LLAGA SIGUE ABIERTA

Lucha de los padres de los 43. Vigencia. [Foto: Yener Santos]

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Este miércoles 26 de septiembre se cumplen cuatro años de que el Estado mexicano implementó un operativo conjunto con la delincuencia organizada, para desaparecer a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala.

Nunca un movimiento en México había logrado tanto apoyo como el que impulsan los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos. Al igual que en la etapa de la llamada guerra sucia, que vivió el estado de Guerrero de 1969 a 1979, otra vez un sector del Ejército mexicano, en este caso el 27 Batallón de Infantería, jugó el mismo papel que en esa tortuosa década, cuando sus instalaciones sirvieron también para «resguardar» a los luchadores sociales y guerrilleros, para torturarlos, desaparecerlos o asesinarlos.

La historia no es nueva. La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Aytozinapa, es la continuación de las masacres cometidas por la oligarquía mexicana en contra de quienes se oponen a su modelo neoliberal, para meter terror entre la población. Ahí están las ejecuciones extrajudiciales en Aguas Blancas, El Charco y, más recientemente, la de Tlatlaya.

A pesar de que el pasado 1 de julio el pueblo mexicano votó masivamente a favor del candidato a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, es evidente que no habrá cambio de sistema, sino de personas, prueba de ello es que el 95 por ciento de quienes conforman su gabinete representan a los grupos de la oligarquía enquistados en el poder.

Sobre el caso Ayotzinapa, poco podrá hacer Alejandro Encinas, el futuro subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, para resolver el caso. ¿Acaso se atreverá a llamar a comparecer a los oficiales del Ejército mexicano del 27 Batallón de Infantería, que estuvieron al mando la noche del 26 de septiembre, de las maniobras para entregar a los muchachos a los grupos de la delincuencia organizada?

Ésa es una de las interrogantes que surgen luego del último estirón que dio el movimiento apenas el pasado 20 de septiembre en Iguala, en donde estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), apoyados por padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, lanzaron piedras, petardos y bombas molotov contra las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.

Ese día, durante el mitin efectuado a las puertas del cuartel militar, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, denunció: «Hoy sabemos que quieren premiar a (Alejandro) Saavedra –en ese entonces comandante de la 35 Zona Militar en Guerrero–, que era encargado de este cuartel, y que hoy forma parte de los candidatos a la Secretaría de la Defensa Nacional».

Señaló: «Nosotros exigimos que sea investigado y que pague sus crímenes de esa noche. Los elementos del 27 Batallón de Infantería debieran escuchar quienes están detrás de estas bardas, protegidos como si nosotros fuéramos criminales».

Dijo que los padres de familia, alumnos de Ayotzinapa y la sociedad en general, «sabemos y hemos hecho la denuncia, de la participación directa del 27 Batallón en esa noche lluviosa de Iguala».

Por eso estamos aquí parados, «para decirles que ni perdón ni olvido, que la llaga sigue abierta; exigimos sean investigados todos los militares que participaron esa noche, que desalojaron a los jóvenes de la Clínica Cristina, y que exigieron las credenciales y nombres completos, porque si no, nunca los iban a encontrar. Ésa fue la frase que dijeron a nuestros jóvenes».

Felipe de la Cruz también aseguró: «Hoy sabemos cuál era la misión que llevaban los militares esa noche; por eso estamos aquí. Y les decimos que no vamos a descansar hasta que sean investigados y castigados los responsables de esa noche del 26 y 27 de septiembre, en esta ciudad cuna de la Bandera, y hoy es cuna de asesinos y delincuentes».

Y recalcó: «Sabemos que recibieron órdenes, por eso Enrique Peña Nieto sigue insistiendo en su verdad histórica, y protegiendo a los responsables. Pero no nos van a callar, ni nos van a detener. El Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordena reponer la investigación, y hace pedazos la verdad histórica».

Y advirtió: «Seguimos de pie. Las madres y padres de familia son una muestra de dignidad, coraje y valor. Son cuatro años de tormento sicológico, físico y emocional, y aquí estamos parados, para decirle a los militares que van a pagar sus crímenes».

Ese día, a la par del mitin, un grupo de estudiantes pintó consignas en las paredes del inmueble, y minutos después decenas de estudiantes se colocaron en la entrada de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y lanzaron piedras, petardos y bombas molotov.

Es evidente que el cansancio y la desesperación se apropiaron del movimiento; hay quien cree que los padres de los 43 jóvenes cometieron un error táctico, al apostarle más a la vía jurídica, que a la movilización combativa.

Es cierto: también hubo traiciones, sobre todo, de algunos sectores del magisterio de la CETEG que en un momento se apropiaron del movimiento por la presentación de los 43 estudiantes, pero a la postre claudicaron al negociar con los gobiernos estatal y federal su movimiento, llevándose «entre las patas», la justa exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas.

A cuatro años, el movimiento de los padres de familia luce un tanto desgastado. Las organizaciones sociales que los apoyaron fueron absorbidas por el proceso electoral, al grado de que varios de sus dirigentes ocupan hoy cargos de elección popular.

Pese a que un tribunal federal de Tamaulipas mandató al gobierno federal la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto fue la de insistir con terquedad en su hipótesis de que los 43 habrían sido incinerados en el basurero de Cocula. Esto significa que este gobierno no resolverá el caso de los 43.

Cuatro son las demandas de los padres de familia de los jóvenes desaparecidos:

1. Investigar al Ejército mexicano. Se pide abrir una investigación exhaustiva en contra de elementos del 27 Batallón de Infantería, debido a que la noche del 27 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, estuvieron presentes en casi todos los lugares donde fueron agredidos los estudiantes de Ayotzinapa; incluso, tomaron fotografías, videos y otras pruebas que no fueron entregadas, además de que operaron el C4.

2. Cabe mencionar que existen evidencias de que al menos 25 de los 43 jóvenes habrían sido trasladados a Huitzuco. En su detención existen evidencias de que participaron policías federales, municipales, ministeriales y estatales. Pese a que desde febrero de 2016 hay elementos para su aprehensión, nada se ha hecho.

3. Una exigencia más es que se investiguen los 17 teléfonos propiedad de los estudiantes desaparecidos; el problema es que desde 2016, los resultados del análisis de geolocalización y contenido de las conversaciones no han sido entregadas a los padres de familia ni a sus abogados.

4. Y finalmente se pide se investigue la veracidad del trasiego de la droga que presuntamente traían los camiones que se trasladaba desde Iguala a Chicago por presuntos miembros de los Guerreros Unidos, como un móvil de la desaparición de los estudiantes.

Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos han puesto sus esperanzas en el nuevo gobierno que encabezará a partir del 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador, pero deben saber también los padres de familia que la historia de los movimientos sociales han dado muestras fehacientes de que es mejor la lucha por la vía independiente, que plegarse al poder, independientemente del color que sea.

A cuatro años de la desaparición de los estudiantes, del asesinato de otros tres jóvenes normalistas, y de tres personas más, la investigación está casi en cero, a pesar del extraordinario trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses y de la solidaridad tanto de organizaciones del país, como del extranjero.

Por lo pronto, no hay duda de que el grito de lucha de los padres de familia, ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos! seguirá vigente durante muchos años, hasta que se conozca en qué lugar el Estado mexicano tiene a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

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