O P I N I ó N

UNA REFORMA A MODO

[Primera de dos partes]

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Desde hace mucho tiempo que México necesita de una reforma al sistema educativo nacional, pero los intentos han sido fallidos. Entre las más recientes se cuenta la de 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación que fue signado por Carlos Salinas de Gortari como testigo en su calidad de presidente de la República; por el entonces secretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo Ponce de León; por la secretaria general, en esa época, del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales –el SNTE es la organización sindical más grande de América Latina con más de un millón de afiliados–, y también estamparon su firma los gobernadores de las entidades federativas y el jefe de gobierno del antes Distrito Federal.

Este Acuerdo Nacional consistía en la federalización o desconcentración de la administración y dirección de la educación delegada en los gobiernos estatales; es decir, la educación preescolar, primaria, secundaria y formación de profesores (normales), además en los estados quedaba la reformulación de contenidos significativos y en la elaboración de los materiales didácticos como también en el aumento de salarios y un incremento en las prestaciones sociales. Pero lo que pudo haber sido una de las iniciativas más importantes del Estado mexicano, se pervirtió porque, como en el estado de Guerrero, se convirtió en una agencia de empleos para cumplir, por ejemplo, los compromisos y las cuotas electorales de los en aquel entonces candidatos y luego funcionarios o representantes públicos del partido único.

Aunque los actuales funcionarios y exgobernadores lo nieguen, y dada la ausencia de una verificación permanente por parte de las autoridades educativas y financieras del gobierno federal, fue cuando empezó el crecimiento desmesurado de la plantilla, parte de la cual, poco a poco, fue quedando fuera del techo presupuestario otorgado a Guerrero para cubrir sueldos y salarios. Y aun en estas condiciones y sin presupuesto, siguió contratándose personal, principalmente, en las áreas administrativas. Se calcula que sólo el uno por ciento (57 trabajadores) de los cinco mil 743 se encuentran frente a grupo o frente a pizarrón; los demás, como se ha dicho, están en áreas administrativas. Los resultados de esta iniciativa, a través de los años, son definitivamente negativos, porque los procesos de enseñanza aprendizaje y las reformas a programas y planes de estudio no impactaron en el mejoramiento y en la «modernización» del sistema educativo nacional. En Guerrero, vale decir que del presupuesto anual, el educativo es el más importante en cantidad, poco más del cincuenta por ciento, y en número se cuentan en alrededor de más de setenta mil trabajadores.

La «reforma educativa» más reciente fue la que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, que tuvo el gran defecto de cargarse hacia los derechos laborales de los trabajadores, en lugar de darle mayor peso al mejoramiento de la educación. Las circunstancias en las que se dio esta iniciativa fueron sumamente complejas. Por un lado, se intentó restarle poder político a la presidenta vitalicia del SNTE, Gordillo Morales, que había anticipado su negativa a la reforma educativa que se estaba diseñando en el gobierno federal, de tal forma que la encarcelaron por delitos de orden federal como uso de dineros de origen desconocido y enriquecimiento ilícito.  Y por otro lado, pretendía eliminar graves vicios provocados y agudizados por la gran influencia política de Gordillo en el quehacer de la educación y de la vida política nacional. Los vicios se reflejaban en la venta de plazas, sin cuidar el perfil profesional y necesario para ocupar la plaza; y, segundo, la herencia de parte del titular a uno de sus familiares en línea directa e, incluso, a familiares en segundo o tercer grado, que igual al anterior no se cuidó el mínimo perfil para dar clases frente a grupo.

La «reforma educativa» de Peña y Nuño vinculó la evaluación de los profesores a su estabilidad laboral. Si el profesor evaluado «no era idóneo», se le daban plazos para corregir sus deficiencias, pero si cumplidos esos plazos seguía en el rango de «no idóneo», las autoridades educativas tenían el «derecho» de cambiar su adscripción a áreas, principalmente, administrativas y, en consecuencia, la disminución de su salario, o el trabajador quedaba en «libertad» para pedir su baja y recibir una insultante indemnización económica por los servicios prestados a la institución. Asimismo, estableció el examen de oposición como único mecanismo de ingreso al sistema educativo nacional. Sin embargo, a pesar de ser éste un requisito de muchísima importancia, en tanto que sólo ingresarían trabajadores con el perfil profesional deseado, las autoridades encontraron la forma de evitarlo además de publicar «convocatorias de ingreso» sin el control indispensable para lograr la transparencia y la imparcialidad en la selección del personal.

Fue en este aspecto que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero se opusieron a la «reforma educativa» de Peña y Nuño. Se echó andar con grandes resistencias y su aplicación apareció a retazos o con parches, pero las autoridades pretendían dar la impresión de que iba en marcha y de su justeza en bien del sistema educativo reflejándose en la «calidad» de la enseñanza-aprendizaje en los niños y jóvenes. Sin embargo, las dependencias educativas depositaron en los padres de familia la construcción, remodelación y mantenimiento de la infraestructura educativa. Obviamente tenía el propósito de disminuir el gasto público en educación y, garantizándose, el crecimiento de la enseñanza privada, que prácticamente era inexistente hace décadas, hoy su presencia en todos los niveles educativos alcanza el 25 por ciento del sistema educativo nacional.

En el actual gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador, la reforma educativa se encuentra todavía a discusión entre el Poder Legislativo, por un lado, y la CNTE- CETEG, por el otro. Sin embargo, los vicios pretenden repetirse.

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