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A seis meses de la alternancia:

LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD SE PERPETÚAN EN CHILPACINGO

Violencia en Chilpancingo. Hecho común. [Foto: José Luis de la Cruz]

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La cotidianidad de la avenida Vicente Guerrero, en la capital del estado, transcurre normal después del mediodía. La alameda Granados Maldonado, con su habitual aglomeración de visitantes y vendedores; las escuelas, tiendas aledañas y el transporte público  viven su trajín habitual.

De pronto, detonaciones de arma de fuego rompen la tranquilidad; luego, viene el ajetreo de los policías que llegan minutos después al lugar donde yace un automovilista asesinado y una mujer herida dentro de un automóvil, en plena avenida, a tres cuadras del centro de la ciudad.

El mismo miércoles 27, pero en la mañana, se encontró a un taxista asesinado en la colonia Lomas de Xocomulco.

Han transcurrido seis meses del gobierno municipal de Antonio Gaspar Beltrán –quien llegó al cargo bajo las siglas del PRD y con ello desplazó al PRI del poder en la capital del estado que el tricolor mantenía desde su fundación, hace más de ocho décadas–, pero el problema de la violencia y la inseguridad continúan como antes.

Estos dos problemas se intensificaron en la capital guerrerese desde el trienio anterior, cuando gobernó el priista Marco Antonio Leyva Mena, al grado de que éste se vio obligado a pedir licencia al cargo, del que sólo se ausentó unos meses, porque después recurrió a las instancias federales para recuperar la presidencia municipal, que obtuvo en la elección de 2015.

Aun así, durante los últimos meses de su periodo continuaron ambos fenómenos, aunados a otros que afectan a la ciudadanía desde hace muchos años, como la falta de agua, la falta de recolección de basura y un sinnúmero de conflictos laborales al interior del Ayuntamiento, que provocaban constantes bloqueos a las principales calles del centro de la ciudad.

En la actual administración municipal, la primera encabezada por un partido distinto al PRI, las cosas no han cambiado mucho, a pesar de los discursos de cambio; de hecho, podría decirse que lo nuevo se parece mucho a lo viejo.

El 30 de septiembre, cuando Gaspar Beltrán tomó protesta como presidente municipal, su discurso se basó en cuatro ejes principales que –dijo– regirían su administración: seguridad, problema de la basura, agua y alumbrado público.

A seis meses, la capital de Guerrero ha padecido distintos momentos que, incluso, diluyen la confiabilidad en la policía preventiva.

En enero de 2018, cuando estaba el frente de la administración el presidente suplente Jesús Tejeda Vargas –que sustituyó a Marco Antonio Leyva Mena cuando éste pidió licencia–, fueron desarmados los policías municipales, y renunció al cargo el entonces secretario de Seguridad, Esteban Espinosa Montoya; unos 120 policías estuvieron bajo investigación por la desaparición de unos jóvenes los últimos días del diciembre de 2017.

A la renuncia de Espinosa Montoya, se nombró a un encargado de despacho que se mantuvo en el cargo hasta abril del año pasado, que se designó secretario de Seguridad Pública a Paulino Molina, quien el 15 de agosto, mes y medio antes de finalizar el trienio, renunció, de tal forma que el gobierno del perredista Gaspar Beltrán inició con un encargado en la Secretaría de Seguridad Pública. Tiempo después se nombró al actual secretario.

 

Volencia

 

A la violencia parece no importarle los tiempos políticos ni los cambios de autoridades. El primer día del actual ayuntamiento fueron localizadas diez bolsas con cuerpos desmembrados de cinco personas, en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, a plena luz del día.

Incluso, en el primer cuadro de la ciudad se han suscitado ataques armados. El 13 de diciembre de 2018, cerca de las tres de la tarde, un hombre de unos veinticinco años de edad fue asesinado de un tiro en la cabeza, frente a decenas de comerciantes y transeúntes, en los portales del centro.

Luego, el 8 de marzo, un hombre de unos treinta años de edad fue asesinado a balazos en el interior de un bar en la avenida Benito Juárez, a unos metros del zócalo y del Ayuntamiento.

La violencia no para ahí. En un operativo policiaco de casi tres horas, el 18 de enero se rescataron a seis mujeres de entre 17 y 24 años de edad que se encontraban en una vecindad en la calle Robles, de la colonia Juan N. Álvarez, presuntas víctimas de explotación sexual.

La violencia se presenta en cualquier momento en las calles de Chilpancingo, sin que las autoridades hagan algo por combartirla. A finales de febrero, un auto circulaba por el paseo Alejandro Cervantes Delgado (encauzamiento del río Huacapa) cuando de pronto otro coche lo golpeó por detrás.

Los conductores discutieron hasta que llegó un agente de Tránsito. Como el conductor que recibió el golpe no movía su carró del lugar del percance, el infractor, un joven de unos dieciocho años, lo encañonó con una pistola que sacó de la cintura. «Estos pedos se arreglan así», vociferó el infractor.

La escena ocurrió a la vista de más de diez personas y frente al agente de Tránsito, que, en lugar de intentar detener al agresor, huyó en su moto.

 

La advertencia del ingreso de comunitarios a la capital

 

Ante el clima de violencia e inseguridad que persiste en la capital a pesar de la nueva administración, el 22 de febrero, comisarios del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y Heliodoro Castillo (Chichihualco) e integrantes del Frente Unido de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero dieron un ultimátum para que se resolviera la violencia en la capital en treinta días. En caso contrario, advirtieron, entrarían a la capital seis mil de sus policías para hacerse cargo de la seguridad «de manera organizada».

Uno de sus argumentos fue que pobladores de esos municipios no pueden ir a la capital porque los matan, pues declararon que recientemente habían asesinado a dos jóvenes en una colonia de Chilpancingo.

En el comunicado que leyeron ese día expusieron: «En la capital se concentran los poderes del estado, pero hoy en día es una ciudad llena de crímenes todos los días, y eso tenemos que combatir urgentemente, de manera coordinada, pueblo y gobierno».

En el escrito, le aclararon a los gobierno federal, estatal y municipal que no eran sus enemigos, que lo que querían era que fueran aliados, pues eran «pueblo organizado uniformados».

 

Región Prioritaria Chilpancingo

 

Un día después del asesinato del coductor en la avenida Guerrero y el del taxista en Lomas de Xocolulco, el gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció lo que llamaron declaratoria de la Región Prioritaria Chilpancingo.

En un acto, en el 50 Batallón de Infantería, en el que también estuvo el alcalde Antonio Gaspar, Astudillo aseguró que se combatirán de manera frontal delitos como homicidios dolosos, privación de la libertad, extorsión, secuestros y robo de vehículos, esto, de acuerdo con boletín que emitió el gobierno del estado.

De acuerdo a lo presentado, en Chilpancingo participarán seiscientos elementos, de los cuales, cuatrocientos serán del Ejército y de la Policía Militar, y doscientos, de la Policía Federal.

Pero los seiscientos policías del gobierno federal no son sólo para Chilpancingo, también atenderán a los municipios de Eduardo Neri, Leonardo Bravo, Tlacotepec y Mochitlán.

El sábado 30, el ayuntamiento emitió un comunicado para informar que elementos de la policía de Género, de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, junto con el Ejército, hicieron un operativo, al que llamaron de Proximidad Social, consistente, según el comunicado, en recorridos por colonias de la periferia y los barrios tradicionales, para informar a la población sobre acciones de cultura preventiva y, a la vez, recorridos para prevenir el delito y –dijeron– «recuperación del tejido social».

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