O P I N I ó N

UN FONDO SIN FONDO

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El viernes 15 se sabrá con certeza si los cinco mil 743 trabajadores de la Secretaría de Educación de Guerrero recibirán su salario correspondiente a la primera quincena de marzo. El diferendo entre el gobierno estatal y el gobierno federal es quién de ambos cubrirá los salarios devengados. El primero insiste en que es personal de Educación Pública federal, mientras que el segundo sostiene que los dos deben asumir la responsabilidad.

Sin embargo, el problema tiene más fondo. Los cinco mil 743 trabajadores, quincena tras quincena, están en la inseguridad laboral, porque desconocen si se les cubrirán o no los salarios. De estos trabajadores, algunos trabajan, de los que se desconoce el número cierto, en estas condiciones, cuando menos, desde hace más de 25 años. La zozobra de estos trabajadores se debe a que vienen trabajando sin techo financiero, sin el presupuesto que garantice los salarios. Cabe decir que de los setenta mil trabajadores de la educación en Guerrero, en su mayoría se encuentran en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Para que se aprueben las nuevas plazas es necesaria la comunicación entre las dependencias educativas con las hacendarias, y que correspondan a las necesidades de personal en los centros educativos y administrativos. Pero la realidad es otra. Las relaciones entre el gobierno federal y/o estatal con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o las secciones del SNTE o con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) fueron pervirtiendo los procesos de ingreso al sistema educativo local o nacional.

Para llegar a estas últimas circunstancias tuvo que haber habido un origen. Éste se ubica en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica que se firmó el 18 de mayo de 1992 y se publicó al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Lo firmaron el presidente Carlos Salinas de Gortari como testigo de honor; Ernesto Zedillo Ponce de León, secretario de Educación Pública, y Elba Esther Gordillo Morales, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, más los gobernadores de las entidades federativas, entre ellos, José Francisco Ruiz Massieu, de Guerrero.

El Acuerdo Nacional consistía, principalmente, en tres grandes objetivos en favor de la modernización del sistema educativo básico: Uno, reorganización del sistema básico de educación, transfiriendo a los gobiernos de los estados la dirección de los establecimientos educativos de educación preescolar, primaria, secundaria y formación docente. Dos, reformulación de los contenidos y materiales educativos –con énfasis en conocimientos significativos, la enseñanza de la historia del país y revalorizando la ética y la actividad cívica–. Y tres, revalorización social de la función magisterial, que consistía en incrementos salariales y prestaciones sociales; por ejemplo, los salarios pasaron de 1.5 salarios mínimos a cuatro salarios en las categorías más bajas del tabulador magisterial, más beneficios también en vivienda y jubilación.

Gordillo Morales, apenas tres años antes, en 1989, había relevado a Carlos Jonguitud Barrios de la dirección nacional del SNTE y había sido el instrumento de Salinas de Gortari para obtener la legitimidad de la que carecía al llegar a la Presidencia de la República, debido al gran fraude electoral cometido en contra del candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, su adversario en el proceso electoral de 1988, y Gordillo Morales había obtenido durante estos tres años un gran poder en el magisterio nacional. Tanto que con el Acuerdo Nacional lo multiplicó y logró una importante representación en el Congreso de la Unión e impuso a funcionarios en las delegaciones educativas y líderes seccionales en los estados.

En las secciones sindicales de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la Sección IX en la Ciudad de México se refugió la oposición a partir de las consignas de luchar contra el charrismo sindical y por la independencia sindical, entre otras. Pero Gordillo Morales contaba con operadores políticos, miembros del sindicato, a favor del entonces partido único, lo que la situaba como necesaria e indispensable para el poder. Esta condición, entonces, le permitía obtener favores del presidente en turno, tal y como sucedió con el propio Salinas de Gortari, luego con Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y con Felipe Calderón Hinojosa. En cambio, con Enrique Peña Nieto la espada de Damocles cayó sobre su cabeza y la eliminó de la presidencia vitalicia del SNTE y la llevó a la cárcel.

Con este peso político, Gordillo Morales fue que obligó al gobierno a aceptar que por «justicia laboral» se permitiera la venta y la herencia de plazas y se abandonara la admisión con base en criterios o de méritos académicos. Además, también permitió el gobierno que el SNTE administrara un número de plazas de manera discrecional con el propósito de cumplir con compromisos políticos o la repartición de cuotas entre los grupos sindicales. A eso se debe que los cinco mil 743 trabajadores que están fuera del FONE, sin techo financiero, se concentren, principalmente, en las áreas administrativas, como «personal de apoyo» y de «intendencia» de la SEG; es decir, de manera monstruosa el crecimiento es en las áreas que no tienen relación directa con la enseñanza; también por eso existen centros educativos, de todos los niveles, que carecen de profesores, y como se le ha dado más interés a la contratación de personal, puesto que en el futuro será la «base social» del político en turno, se ha olvidado y abandonado a la construcción de nuevos espacios educativos y su mantenimiento, así como la actualización y superación del magisterio, en perjuicio de la educación pública a la que se ha considerado como un botín por tirios y troyanos, ya sean «los charros», «los institucionales», «la coordinadora», «los cetegistas» o «el gobierno federal o estatal», o «las autoridades educativas federales o locales», en realidad ese aspecto es pecata minuta. Lo que cabe, sin duda, es una revisión eficaz de la nómina in situ. Habría sorpresas.

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