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ESTANCIAS INFANTILES: INJUSTICIA O FIN DE LA CORRUPCIÓN

Encargadas de estancias infantiles. Duda. [Foto: Yener Santos]

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A fínales del 2018, un grupo de mujeres que se presentaron como responsables de estancias infantiles, protestaron en diversas ciudades de Guerrero y del país. La exigencia: el pago del subsidio federal por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora Secretaría de Bienestar, correspondiente al mes de noviembre y diciembre.

El conflicto se agudizó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que «corrupción y desvíos es lo que prevalecía en las estancias infantiles, y que existen más de un millón de pruebas para decir, que de tres estancias infantiles, dos son irregulares».

El programa de estancias infantiles ha desaparecido. Ahora, el subsidio federal se otorgará directamente a las madres trabajadoras, y ellas decidirán si pagan o no a las instancias infantiles, que han comenzado a operar como empresas privadas.

Existen muchas interrogantes en el tema de las estancias infantiles, como si en realidad eran alternativa para las madres trabajadoras, si su cierre perjudica más a las madres, a los niños o las encargadas, o si de verdad existen las pruebas de corrupción y desvíos.

Algunas de estas dudas, las responde dos madres de familia, una encargada de instancia y una extrabajadora.

 

I

El programa de instancias infantiles arrancó en enero de 2007, en el gobierno de Felipe Calderón, como una alternativa de apoyo a las madres trabajadoras en México. Comenzó con un subsidio de setecientos pesos por niño.

El programa fue retomado por la administración del priista Enrique Peña Nieto y se calcula que en el país se lograron constituir alrededor de nueve mil instancias infantiles que atendían a más de 315 mil menores.

Además de la Sedesol, dependencia encargada del programa, también se involucró el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF), instancia que comenzó a pedir cierto requisitos a las instancias, como la certificación de las encargadas y las trabajadoras, certificación que costaba entre cuatro mil y siete mil pesos.

Además del DIF, también se implicó en este tema el Partido del Trabajo (PT), a través de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), guarderías cuestionadas por ser administradas por militantes del PT, pero perciben recursos públicos y, que el actual gobierno federal ha preferido apoyar a los Cendis en vez de las instancias infantiles.

Desde el periodo de transición entre el gobierno saliente de Peña Nieto y el entrante de López Obrador, el equipo del segundo anunció una serie de medidas a los programas federales, entre ellos, las instancias infantiles.

Las primeras protestas por parte de las responsables de instancias infantiles en Guerrero comenzaron a mediados de noviembre de 2018. En Chilpancingo, un grupo de mujeres tomaron las instalaciones de la Sedesol para exigir el pago del subsidio, del periodo octubre-noviembre, unos treinta mil pesos por instancia. En esa ocasión dijeron que en Guerrero, existían al menos 360 instancias y, cada instancia recibió un subsidio de acuerdo a la cantidad de niños que atendía.

 

II

Flor Miranda Mayo, responsable de una estancia infantil en Chilpancingo, reveló que en su caso percibía un monto de 950 pesos mensuales por niño que atendía, subsidio proveniente de la Sedesol. Y de ahí se pagaba el salario de siete trabajadoras, una cocinera y ella como encargada.

El monto total no lo reveló y dijo que el subsidio total de cada instancia dependía de los niños que atendía y las cooperaciones internas que se acordaba con los padres de familia.

Especificó que del subsidio que otorgaba la Sedesol, se pagaba la renta de la casa donde operaba la instancia, así como material para alimentación y didáctico. El horario de atención era de siete de la mañana cuatro de la tarde.

El sueldo de sus trabajadoras, afirmó, dependía del área y del trabajo que desempeñaban, «por ejemplo, una trabajadora pues más o menos ganaba mil 600 quincenales, y de aguilando, les dábamos aguinaldo al final del año y pues prácticamente era lo del pago de una quincena».

Flor Miranda dijo que la Sedesol les exigía un seguro de daños para los niños, seguro que debían pagar ellas y los padres de familia; también les pedían seguro de protección civil, que las instancias contaran con medidas de seguridad y que las maestras estuvieran capacitadas para brindar primeros auxilios a los niños, así como las cocineras debían prepararan alimentos de acuerdo a la edad de los menores.

–¿Qué pasó con los pagos que les debían de octubre-diciembre?

–Sólo fue un retraso… los pagos que ya se nos cubrieron y fue hasta el mes de diciembre. Del mes de enero a la fecha no hemos recibido nada; las instancias ya no existen, el programa ya no existe. Ahora el subsidio lo recibirán las madres, y ellas decidirán si continúan pagando a las guarderías, que serán privadas o contrataran a alguien para que les cuide a sus niños en su casa.

–¿Qué pasará con su instancia¿ ¿cerrará o continuará?

–Continuará hasta donde se pueda… todas las instancias en Chilpancingo hemos tenido recorte de niños. Muchos papas, sobre todo los que no cuentan con ingresos fijos, decidieron sacar a sus hijos de las estancias. En mi caso, contaba con ocho trabajadoras, y de ellas, he decidido quedarme con cuatro. Los niños que aún cuidamos, son aquellos que sus padres tiene la forma de pagar… teníamos niños que depende pues del trabajo de sus padres; pedíamos la cooperación; por ejemplo, algunos daban doscientos o quinientos pesos mensuales.

 

***

 

Ana es madre soltera, de 35 años de edad. Su hijo de tres años acude a la estancia infantil El Rey León, ubicada en la calle Galeana, del centro de Chilpancingo.

Su hijo ingresó a la instancia cuando cumplió un año. Ana debía trabajar por las mañanas y el trabajo que encontró fue como cocinera en un restaurante de la capital. Al momento en que su hijo se incorporó a la estancia, la encargada, Gabriela Ramírez, le pidió una cooperación de setecientos pesos mensuales, además de una lista de materiales didácticos e higiénicos, que juntos sumaron cuatrocientos pesos.

«Me pidieron material de trabajo, es el que usan todo el año; lo fui dando poco a poco y en ocasiones me retrasaba con el pago y la maestra me esperaba. Hace un año comenzamos a pagar ochocientos, luego novecientos. Mi niño lleva dos años ahí, nunca he tenido problemas hasta ahora en enero, que ya comenzamos a pagar mil 150 pesos cada mes. Pero nos dijeron que esos mil 150 pesos no los van a regresar, de ahí daremos un porcentaje por las becas que le darán a los niños».

Para Ana esta instancia funciona adecuadamente. Su hijo recibe clases de inglés, música y educación física, además de los alimentos, almuerzo y comida.

 

***

 

Daniela es madre soltera y trabadora del Ayuntamiento de Chilpancingo; su hijo también ingresó a la estancia infantil El Rey León. A diferencia de Ana, su opinión es negativa.

«Cuando mi hijo ingresó, pagué una cooperación de setecientos pesos; la encargada Gabriela Ramírez me pidió material didáctico e higiénico; me dijo que debían ser cosas de marca; un libro guía, crayolas, resistol, cepillo de dientes para el niño, toallitas húmedas. Por todo me gasté alrededor de dos mil doscientos pesos. Cuando lo saqué, ese material no me lo regresaron», lamenta.

Daniela muestra molestia contra la estancia infantil El Rey León. «Mi hijo estuvo de enero a julio del 2018; lo saque porque no me gustó el trato. Por mi trabajo no iba seguido por él, pero cuando llegaba a ir le preguntaba a la maestra que cómo se portaba, qué hacía. La maestra me propuso una libreta viajera, algo así como un diario donde anotaría las actividades de mi hijo, compré la libreta y nunca me la entregó», prosigue.

Agrega: «Veía que las salas para cada nivel estaban algo saturadas; nos pedían tres uniformes, el normal, educación física y el de gala; yo decía: “¿Para qué tantos? Son niños”».

Daniela decidió sacar a su hijo de la estancia El Rey León e inscribirlo en la estancia Pequeña Centinela, ubicada en prolongación Valerio Trujano. Dice que ahí comenzó a pagar 650 pesos mensuales, pero en diciembre del 2018, la encargada Leticia Díaz, les informó de los recortes presupuestales del gobierno federal.

En enero, dice Daniela, la cuota mensual subió a setecientos pesos, derivado de la cancelación del subsidio federal.

Tanto Ana y Daniela esperan que con el apoyo federal que les han prometido a través del censo de la Secretaría de Bienestar, sus hijos continúen acudiendo a la estancia que ahora operara de manera privada.

En lo que sí coincidieron Ana y Daniela es que a ellas, como madres de familia, no han acudido a marchas ni manifestaciones que realizan las encargadas de las estancias infantiles. No acuden porque las maestras no las han convocado y, porque como madres trabajadoras tampoco tienen tiempo.

 

***

María, quien trabajó en la estancia infantil El tesoro del Saber, ubicada en la calle 12 Sur barrio de San José, en Chilapa, explica la causa de su renuncia: «Yo tenía a mi cargo siete niños, lo que consideró que eran muchos. Éramos sólo dos trabajadoras y cuidábamos alrededor de quince niños».

María entró a trabajar a la estancia El tesoro del Saber, debido a que no logró entrar a la universidad y decidió trabajar. «Yo comencé a buscar trabajo y en avenida Constitución fue que vi el letrero, que solicitaban trabajadora. El letrero estaba ahí afuera de la casa de la encargada, Carmen López se llama».

El acuerdo entre María y la encargada fue de un pago de novecientos pesos quincenales, sin remuneraciones ni bonos ni contratos. El horario de trabajo: de siete de la mañana a cuatro de la tarde. «Pero en realidad siempre salíamos a las cinco, y cuando nos tocaba guardia entrabamos a las seis y media de la mañana», recuerda.

Durante el año que trabajó en la estancia, María nunca recibió ningún curso de capación para el cuidado de los niños, ni por parte de la encargada ni tampoco por alguna institución. Tampoco percibió aguinaldo, su pago era en efectivo, lo que significa que nunca firmó algún documento para comprobar el pago.

Los testimonios de los consultados son variados, lo que puede decirse que alguien miente, o algo falla en las instancias. Con el recorte del subsidio federal a las instancias, algunas han cerrado, en Chilpancingo han cerrado seis, en la zona Norte 12 y en Acapulco 10.

 

III

En agosto de 2017, un grupo de maestras del Cendi Laura del Rocío Herrera de Aguirre, ubicado, en ese tiempo en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango), denunciaron que militantes PT les despojaron el inmueble donde trabajan, edificio que en enero de ese año, les fue entregado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame.

La denuncia de las maestras dejó entrever diversas anomalías en el manejo de los programas destinados al cuidado de los niños, y se ventiló que dirigentes del PT en Guerrero comenzaron a presionar a las encargadas de los Cendis con el argumentó que fue ese instituto político quien gestionó los inmuebles.

Hasta el 2018, en Guerrero existían cuatro Cendis que el PT tenía en su poder, el de Zumpango, uno en Acapulco, Iguala y Chilpancingo. En febrero del 2019, se reveló que el gobierno federal continuaría apoyando a los Cendis, Tierra y Libertad propiedad de los militantes del PT, pero recortaría el presupuesto a las estancias infantiles dependientes de la Sedesol.

De las estancias infantiles en Guerrero, se han ventilado más conflictos que buenas prácticas; por ejemplo, este fin de semana, la delegada regional del gobierno federal Leticia Rodríguez Rodríguez informó que se ha encontrado un treinta por ciento de niños fantasmas en estancias infantiles de la Costa Grande; incluso, se encontró el caso de un joven de 18 años de edad por el que se pagaba subsidio.

La funcionaria dijo que la semana pasada, los Servidores de la Nación verificaron casa por casa y cada una de las cédulas del programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, en total se verificaron mil 109 personas que cuentan con el beneficio, pero se comprobó que un treinta por ciento de los niños no existen, y por ellos el gobierno federal pagaba un subsidio.

En el municipio de Petatlán se registró que un joven de 18 años estaba inscrito en el programa. Mientras que la información que ha revelado el delegado federal en Guerrero, Pablo Almircar es que de las 315 estancias infantiles que operan en la entidad, apenas 54 de ellas cumplen con las reglas de operación que garantizan la seguridad de los menores.

De acuerdo a la delegación federal, en Guerrero se encontraron instancias irregulares, con padrones alterados, inmuebles inseguros y cobro de cuotas por un servicio que ya estaba subsidiado por el gobierno federal.

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