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MAESTROS FUERA DEL FONE: EL CONFLICTO QUE VIENE

René Juárez. El origen del problema. [Foto: Internet]

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Un conflicto está a punto de explotar en el sector educativo en el transcurso de esta semana. El motivo: las cinco mil 743 plazas de maestros que están fuera del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), que, a su vez, ha generado, paralelamente, un litigio entre los gobiernos federal y estatal, en el que se dirime quien debe pagarlas.

El conflicto no es nuevo; el litigio sí. Y ahora que se habla de honestidad, transparencia, y combate a la corrupción, sería bueno indagar hasta encontrar a los responsables de lo que podría ser no sólo una falta o falla administrativa, sino un quebranto financiero al erario por parte de exgobernadores priistas y perredistas, con la colaboración de dirigencias magisteriales tanto institucionales como de las autodenominadas democráticas.

Documentos y fuentes consultadas arrojaron que el problema se originó en el sexenio 1999-2005, que encabezó el gobernador priista René Juárez Cisneros, cuando los fenómenos de la corrupción, influyentismo, opacidad y la mala distribución de los servicios magisteriales, dejó en esa administración un total de siete mil 418 plazas y 25 mil 529 horas, sin techo presupuestal.

El número de plazas injustificadas en el presupuesto federal, habían aumentado en el 2015, al final de la administración del gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, en doce mil 326, y provocaban pasivos por ocho mil millones de pesos, según un informe de ese periodo gubernamental. Sin embargo la mayoría de ellas fueron regularizadas y a la fecha quedan cinco mil 743.

El gobernador Héctor Astudillo ha declarado que no hay excusa para que el gobierno federal siga pagando esas plazas sin presupuesto, que es su responsabilidad, porque las plazas son federales y los maestros ahí están, que han sido pagados por el gobierno federal desde que la Secretaría de Hacienda absorbió la nómina educativa.

Pero el gobernador omite la explicación, aunque lo sabe muy bien, de cómo se autorizaron esas plazas a partir del gobernador priista, actualmente diputado federal y aliado de Astudillo Flores, René Juárez Cisneros.

El 18 de mayo de 1992, el gobierno federal, los gobiernos de los estados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suscribieron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, por el cual se transfirieron a las entidades federativas, con excepción del Distrito Federal, los «establecimientos» educativos con que la Secretaría de Educación Pública (SEP) venía prestando los servicios de educación desde preescolar hasta la Normal.

Con ese acuerdo, algunos estados fortalecieron y despegaron sus sistemas educativos, pero en otros han prevalecido la ineficacia y el desorden. Uno de éstos es Guerrero.

El desorden llevó a la SEP a no autorizar nuevas plazas para Guerrero desde 1998, por lo cual la demanda de trabajo de los egresados de las Normales rebasó en los primeros siete años el número de plazas disponibles, lo que creó conflictos en el estado por parte de los egresados de las Normales públicas.

Los problemas educativos se vieron aumentados por la mala distribución de los servicios magisteriales y el mal aprovechamiento de la capacidad instalada del sistema educativo.

Lo paradójico es que sobran maestros y al mismo tiempo hacen falta frente a grupo. En Guerrero, esto se origina por la corrupción en todos sus niveles.

Un dato ilustra lo anterior. De un promedio de 450 maestros contratados en 2003, en la administración de René Juárez Cisneros, doscientos no llegaron nunca a las escuelas que les fueron asignadas.

El influyentismo y la corrupción posibilitaron su reubicación a escuelas urbanas, en lugar de las escuelas rurales a las que habían sido asignados.

Además, son cientos los mentores que abandonan las escuelas rurales y se cambian sin control de las autoridades de la SEG a las zonas urbanas. Hay otros que abren sus módulos de bajareque donde mejor les conviene y luego exigen que se les autorice una escuela de nueva creación aunque sea incompleta, sin importar que en la zona y en el sector escolar existan escuelas donde se requieren sus servicios.

Por la corrupción y el desorden administrativo, el periodo de Juárez Cisneros heredó a la administración entrante de Zeferino Torreblanca Galindo siete mil 418 plazas sin techo presupuestal y veinticinco mil 529 horas, según un exhorto de la 57 legislatura del Congreso local que emitió a la SEP a finales del 2005 para que «en el marco de la gestoría realizada por la Secretaría de Educación Guerrero, reconozca la plantilla real de trabajadores docentes en Guerrero».

El documento destaca: «La utilización de recursos estatales para el otorgamiento de plazas sin techo financiero resulta a todas luces insostenible, por lo que se hace necesaria la convergencia de esfuerzos de la Federación y del estado para dar solución a la problemática social, toda vez que hay profesores guerrerenses que desde hace más de ocho meses se encuentran frente a grupo creando derechos y no han recibido remuneración alguna, por lo que se deben tomar las medidas necesarias para asegurarles su salario, prestaciones y demás derechos que por ley les corresponden, exigiendo a su vez profesionalismo en su labor educativa».

Ya entonces gobernaba Zeferino Torreblanca. Era el 17 de octubre de 2005.

Al final de esa administración, en julio de 2011, una auditoría arrojó faltantes por ocho mil 200 millones de pesos sólo en educación y salud y la autorización de otras tres mil plazas para maestros sin techo financiero, según declaró el entonces contralor estatal, Julio César Hernández Martínez. Sumadas a las siete mil 448 plazas que dejó René Juárez, la cantidad ascendía a más de diez mil cuatrocientas.

«Aquí resulta contradictorio toda vez que el propio Zeferino Torreblanca, en muchas ocasiones sostuvo que no entregaría una plaza para maestro sin techo presupuestal, y en su gestión autorizó más de tres mil plazas sin presupuesto», dijo entonces Hernández Martínez.

Sin embargo, al final de la administración de Rogelio Ortega, quien sustituyó en el cargo a Ángel Aguirre Rivero luego de que éste se vio obligado a solicitar licencia por el caso Ayotzinapa, el entonces secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao, declaró que había «boquete financiero» por trece mil cincuenta millones de pesos.

Destacó que el origen de este millonario pasivo viene desde 2001, desde cuando se acumularon doce mil 326 plazas del magisterio sin techo presupuestal.

El entonces funcionario explicó que de los trece mil cincuenta millones del déficit calificado como «histórico», ocho mil millones correspondían a la SEG por las plazas autorizadas sin techo presupuestal.

Fue entonces cuando Eliseo Moyao dijo que con la entrada en vigor del nuevo formato de administración de los recursos financieros para sueldos del magisterio a través del Fone, doce mil 326 plazas no fueron reconocidas por la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que se cubrieron fondos estatales de enero a marzo de 2015.

Sin embargo, actualmente los gobiernos de Héctor Astudillo Flores y Andrés Manuel López Obrador sostienen que son cinco mil 743 plazas las que permanecen fuera del FONE y no hay una explicación de cómo y cuándo se regularizaron las seis mil 583 restantes.

Como haya sido, los exgobernadores René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre encabezaron las administraciones en las que más plazas se entregaron de manera irregular, y los tres gozan de impunidad e influyendo en temas políticos de la entidad, aunque del caso no han emitido comentario alguno. Es el gobernador Astudillo quien ha salido en su defensa omitiendo su responsabilidad y exigiendo, ahora, que sea el gobierno federal el que asuma las consecuencias, pagando la corrupción y desorden administrativo en el que incurrieron sus antecesores.

Mientras tanto, de parte del gobierno federal, si de verdad ésta será una administración en la que se privilegia la honestidad, transparencia, y de combate a la corrupción no sería difícil identificar a los responsables de este quebranto del erario público.

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