O P I N I ó N

URGENTE Y NECESARIA: GUARDIA NACIONAL

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La iniciativa para la constitución de la Guardia Nacional ha sido aprobada en la Cámara de Diputados por mayoría de votos ((Morena, PRI, PT, PES y Verde Ecologista; en contra: PAN y MC) y, con el objetivo de respetar el procedimiento legal, se envió a la Cámara de Senadores para su revisión y aprobación o, en caso que así se requiriera, devolverla a la cámara baja con las modificaciones precisas y necesarias. Según la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador, tal y como la aprobaron los diputados quedó coja puesto que no quedó claro en que manos queda el mando. En este sentido, ha expresado que no deben quedar dudas y que el mando debe estar en las Fuerzas Armadas.

Es en el aspecto de en quién recaería el mando de la Guardia Nacional donde se encuentra el diferendo para su inmediata aprobación, la cual se haría probablemente en este mes de febrero cuando inicien los trabajos legislativos. A reserva de que en el reglamento correspondiente se hagan las precisiones, hasta el momento se afirma que los asuntos administrativos estarían en manos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y los operativos en manos de las Fuerzas Armadas.

La ambigüedad es evidente. Si el mando queda en manos civiles se rompe, sin duda, la línea de mando entre el Presidente de la República, que es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Desde el punto de vista constitucional, el mando de las Fuerzas Armadas recae en manos del presidente en turno. Por eso, las acciones en donde se han visto involucrados el Ejército y la Marina es responsabilidad exclusiva del Comandante Supremo. Por ejemplo, el empleo del Ejército en la represión del Movimiento Estudiantil de 1968, que finalmente terminó con la masacre del 2 de octubre, con el probable asesinato de unas 40 personas –aunque la cifra exacta se conocerá si se abren los archivos del Cisen, como lo prometió recientemente el presidente López Obrador–, fue una responsabilidad que asumió, en su momento, el presidente Gustavo Díaz Ordaz.

En el periodo de Luis Echeverría Álvarez, el Ejército combatió al Partido de los Pobres que lideró el profesor Lucio Cabañas Barrientos en la sierra de Guerrero entre los años de 1967 y 1974, cuando fue asesinado. Sin embargo, la actividad del Ejército no terminó ahí, porque también participó en la Guerra Sucia de los años setenta y ochenta en contra de la población civil en la que fueron desaparecidos más de 500 ciudadanos, todos inocentes, a los que vincularon con el movimiento armado de Cabañas Barrientos. Esta acción militar de exterminio en contra de cualquier ciudadano que expresara su descontento social o reivindicara la lucha social de Lucio Cabañas, fue una decisión política del presidente Echeverría Álvarez, que no quepa duda. Y en Guerrero se reprimía con el artículo cero que estableció Rubén Figueroa Figueroa, El Tigre de Huitzuco, que consistía en «encierro, destierro o entierro». Echeverría y Figueroa eran compadres cuando éste fue secuestrado por Lucio Cabañas en abril de 1974.

Hay muchísimos ejemplos en la historia del país en los cuales el Ejército ha sido y es el actor principal. Este tipo de decisiones las toma, sin duda, el Presidente de la República, aunque éste sea un civil. Las Fuerzas Armadas no se mueven si no tienen una orden de su jefe inmediato. Esto es posible gracias a la disciplina que tiene la institución militar. El espíritu, en estos tiempos de López Obrador, prevalece en la confianza depositada del Presidente en las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia criminal imputable al trasiego de la marihuana y amapola.

La actividad criminal en el país y en el estado de Guerrero, en particular, va en aumento constante. Las policías estatales y municipales no han dado el combate indispensable contra el narcotráfico ni a las actividades que se derivan del mismo. El trasiego ha provocado graves problemas sociales que el gobierno no ha podido tampoco resolver. Se ha demostrado que estas policías, estatales y municipales, han sido infiltradas por el crimen organizado y las autoridades, a su vez, han mantenido la omisión como carta de presentación y luego la corrupción y la impunidad como conductas consuetudinarias.

En estas circunstancias y con el objeto de darle la seguridad que reclaman los ciudadanos, la propuesta de la constitución de la Guardia Nacional es urgente y necesaria. En Guerrero, el desplazamiento forzado de grandes contingentes humanos es el resultado de la inseguridad por la presencia de los grupos delincuenciales. En casi todos los municipios se ha dado este fenómeno social, pero existen algunos mucho muy graves: Tlaltempanapa, municipio de Copalillo; en la sierra de San Miguel Totolapan, o en Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, en el que los pobladores no han podido regresar a sus hogares, porque a punta de balazos desde los cerros han sido obligados a volver a los refugios.

Mientras, el gobierno de Héctor Astudillo Flores no les ofrece ninguna solución viable y aceptable; por lo contrario, quiere que regresen a sus lugares de origen sabiendo que llegando allá su vida peligra. Los expone, entonces, a la arbitrariedad de los grupos delincuenciales.

El desplazamiento forzado no es el único problema que impacta a la sociedad guerrerense. La violencia se ha asentado en otros lugares que se habían mantenido, relativamente, al margen hace unos años. Por ejemplo, en la región de la Montaña baja, por los alrededores de Chilapa y Zitlala, en el crucero de Xolotepec, en dos enfrentamientos armados hubo 12 personas muertas entre el Grupo Paz y Justicia y policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

La constitución inicial de la Guardia Nacional se conformaría con la Policía Militar del Ejército, la Policía Naval de la Marina y por la Policía Federal. El primer grupo se formaría con 50 mil elementos. Se encargaría de la vigilancia de calles, caminos y carreteras. Frenar e impedir la violencia criminal en las ciudades y comunidades. Se trata entonces, debido a la impreparación profesional e infiltración de las policías, de realizar temporalmente las tareas de las policías hasta que éstas se renueven y puedan enfrentar eficazmente al crimen organizado.

De ninguna manera se trata que la Guardia Nacional realice de manera paralela o simultáneamente las tareas que la Constitución Política y el Código Penal Federal le otorga al Ejército y a la Marina Armada en cuanto a la seguridad interna, nominados como delitos contra la seguridad de la Nación: traición a la Patria, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, conspiración, sedición y motín. Estos delitos seguirían atendidos por las autoridades federales civiles y militares.

En el próximo periodo legislativo se aprobará la creación de la Guardia Nacional que, como se ha dicho, es urgente y necesaria. La iniciativa presidencial es, posible y seguramente, la estrategia para garantizar la seguridad pública que se dejó crecer y, en consecuencia, terminar con la crisis humanitaria que se vive y desmentir a Donald Trump de que México está «peor que Afganistán».

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