O P I N I ó N

Y PEÑA NIETO SE FUE... PARA NO VOLVER

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Se cumplieron más de 31 días que Enrique Peña Nieto dejó la Presidencia de la República. Y se fue. En el estado de Guerrero, el gobierno de Héctor Astudillo Flores lleva 38 meses, más de la mitad. En el segundo caso, pareciera que fue ayer cuando el gobernador Astudillo tomó el poder. Y muchos ciudadanos esperaban que el nuevo gobierno estatal cumpliera con su promesa de poner orden y paz. Pero el tiempo corre y esto sigue peor. La inseguridad pública es la deuda que ambos, Enrique peña Nieto y Astudillo Flores, le quedaron a deber, y deben, al país y a los guerrerenses.

El sexenio de Peña Nieto acaba de cerrar sus puertas para nunca más abrirlas. Lo hecho, hecho está, ahora sólo se conocerá por medio de la historia contemporánea y se harán las interpretaciones necesarias para explicar lo acontecido durante estos seis años. Los datos duros reflejan una administración que descuidó la principal obligación de todo Estado de derecho: garantizar vida y bienes de sus ciudadanos. No lo cumplió. Por lo contrario, su gobierno protegió a los individuos y agrupaciones responsables de cometer estos delitos contra la sociedad en su conjunto. Hubo omisión, complicidad, impunidad en toda esta violencia criminal que estalló frente a los ojos impávidos e inconmovibles de un gobernante signado por la corrupción y la frivolidad.

A principios de diciembre, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, informó que hay 38 mil personas desaparecidas… más de dos mil fosas clandestinas ubicadas en los últimos 12 años… alrededor de mil 100 fosas clandestinas, en este momento, en donde no se ha realizado ningún proceso de exhumación… y hay 26 mil cuerpos sin identificar (El Financiero, 061218, pág. 48). Eduardo Guerrero, estudioso sobre asuntos de seguridad pública y nacional, dijo que el sexenio de Peña Nieto fue más violento que el de Felipe Calderón: hubo 157 mil homicidios, más del 30 por ciento que en el de Calderón. Y si se compara con el sexenio de Vicente Fox, la diferencia aumenta a 160 por ciento. Si se considera que el año de 2017 estaba considerado como el más violento del sexenio peñista, en este 2018, se han cometido 37 mil homicidios, número superior en 20 por ciento al de 2017. Si se toma –dice Eduardo Guerrero– que el 2011 fue el año más violento de Calderón, el 2018 de Peña es más violento en 36 por ciento.

Más adelante, considerándose que desde 2011 inicia una tendencia a la baja y en los años de Peña Nieto (2013 y 2014) continúa con la tendencia a la baja, ésta se interrumpe abruptamente, Eduardo Guerrero menciona que las posibles causas del crecimiento acelerado de la violencia, puede explicarse por: 1) Un exceso de confianza en las autoridades encargadas de la seguridad pública; 2) No se adaptaron a los cuerpos policiacos a las nuevas estrategias para enfrentar el crimen; 3) La fragmentación de los grandes cárteles; 4) Estos grupos delincuenciales se involucran también en el tráfico de drogas y generan más violencia que los propios cárteles, 5) En la lucha por las plazas, se da un cruento enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco de Nueva Generación; 6) La lucha electoral de julio pasado. La alternancia política rompió los pactos entre autoridades y narcotráfico, y 7) El surgimiento de nuevos negocios altamente rentables y nueva prosperidad: los delitos derivados del robo de gasolinas, el asalto a trenes y transporte, y el más novedoso el robo y venta de agua a la población sin ese servicio. (Foro TV, entrevista Leo Zuckerman-Eduardo Guerrero, 231218).

Sin embargo, es indispensable la comprensión del fenómeno de la violencia criminal en un aspecto rigurosamente integral, porque bien se ha dicho que la violencia que se ha asentado en todo el territorio nacional, es multicausal o multifactorial y en los datos anteriores (Encinas y Guerrero) se anotan principalmente las consecuencias que, como se observan, son impactantes y en contra de toda racionalidad. El diagnóstico que presentó Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión de Presidente de la República, debiera tomarse en cuenta para el diseño de estrategias para afrontar el crimen organizado en todas sus múltiples formas en que éste se manifiesta.

Por ejemplo: A lo largo de 33 años de modelo neoliberal, es decir, una forma de acumulación de capital, en México se ha instalado la corrupción como conducta consuetudinaria de gobierno. En el año 2000, México ocupaba el lugar 59 en este rubro, y a la vuelta de los sexenios de Calderón y Peña, en 2018, el país ocupa el lugar 135 de 176 países evaluados por la OMC. En este lapso, el promedio en el crecimiento Producto Interno Bruto fue del 2 por ciento anual. Hoy se compra el 50 por ciento de las gasolinas que se consumen. El salario mínimo se ha achicado aún más, es del 60 por ciento y es de los más pobres del mundo. Ante esta situación, por ejemplo, 24 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y envían a sus familiares en México 30 mil millones de dólares, cantidad superior a las divisas generadas por el turismo (las ventas de petróleo ya no son el principal ingreso nacional, tanto que el gobierno compra los combustibles necesarios para  el consumo nacional). Y en cuanto a la deuda pública y externa, consecuencia de incontables préstamos a los bancos internacionales Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, se elevó de 1.7 billones de pesos en el sexenio de Fox a 5.2 billones con Calderón. Pero Peña Nieto, sin consideración a la ciudadanía, sencillamente la acrecentó a la exorbitante cantidad de 10 billones de pesos, casi el doble del presupuesto de egresos del gobierno de López Obrador, por lo que deben pagarse anualmente 800 mil millones de pesos por el pago de deuda. Un país que Peña Nieto entregó en bancarrota.

Ahora, si se toman las cifras del informe correspondiente al mes de noviembre del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Guerrero se ubica en tercer lugar con un promedio de 56.66 por ciento por cada 100 mil habitantes, siendo la tasa promedio nacional de 21.15 por ciento. Guerrero sólo se encuentra atrás de Colima (74.77 por ciento) y Baja California (70.73 por ciento) de homicidios dolosos (El Sur, 22 y 2312, pág. 14). El SNSP considera a la ciudad y puerto de Acapulco como la más peligrosa del estado. Recientemente, hubo hechos graves: se ametralló una casa, fue muerto en un asalto el hijo de Roberto Salazar, del mismo nombre, y otros más. Esto no acaba aquí.

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