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IMPOTENCIA DEL GOBIERNO ANTE LAS AUTODEFENSAS

Grupos de autodefensa y militares. Connivencia. [Foto: José Luis de la Cruz / Archivo]

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El gobernador Héctor Astudillo Flores y su equipo de seguridad, se reunieron con el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Alfonso Durazo, el jueves 3 en la Ciudad de México y trataron uno de los problemas graves de Guerrero: el de las policías comunitarias, ciudadanas o autodefensas que operan sin control en gran parte de la entidad, pero los medios de comunicación le dieron poca cobertura.

El gobierno del estado lo informó en un escueto boletín de prensa difundido el mismo jueves, en el que se destacó que en el encuentro el gobernador insistió en la necesidad de revisar el tema de las policías comunitarias que operan en el estado para que éstas «no sigan actuando al margen de la ley».

Sin embargo, la reunión de poco más de dos horas no habría sido tan tersa como pretendió informar el mismo gobernador Astudillo en su cuenta oficial de Twitter, pues durante el encuentro el funcionario federal reclamó al gobernador y a su equipo por la tolerancia y haber dejado crecer, y en ocasiones hasta negociar con estos grupos de civiles armados, mientras que ahora, pretenden endosarle la solución del problema a las autoridades federales.

En el encuentro, el gobernador Astudillo planteó a Durazo Montaño, además otros asuntos que no han tenido la debida atención de las autoridades estatales, como el de los desplazados por la violencia en distintas zonas del estado.

Habría informado también al gobierno federal cuáles son las zonas más conflictivas en cuanto a inseguridad, siembra y trasiego de drogas, que son el factor que influye en el desplazamiento de familias, y el surgimiento de los grupos de autodefensa, por lo que pidió darle un tratamiento diferente y adecuado al fenómeno.

En la reunión, participaron por parte del gobierno federal el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y el encargado de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero; mientras que al gobernador Astudillo lo acompañaron el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Perfecto Beltrán Noverola, y el fiscal general, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.

Los funcionarios estatales llevaron cifras «alegres», sobre todo en cuanto al combate a la inseguridad. Al respecto el gobernador informó que su gobierno logró una disminución de casi el 13 por ciento en algunos delitos y lo que su administración ha hecho para resolver el problema de las familias desplazadas por la violencia y los grupos de policías comunitarios a los que llamó «grupos al margen de la ley».

Sin embargo, se encontraron con funcionarios federales que ya tenían la radiografía completa, sobre todo en cuanto a lo que pasa con los grupos de civiles armados que operan en el estado, con la tolerancia, el reconocimiento, y hasta con la complicidad de las autoridades estatales, y habrían reclamado la inacción en el ámbito local y haber dejado crecer un problema que ahora le endosan al gobierno federal.

En esa reunión hubo la instrucción del secretario Alfonso Durazo tanto a sus funcionarios federales como a los locales para comenzar las acciones y contrarrestar a estos grupos.

Incluso, al día siguiente, el viernes 4, se montó un aparatoso operativo de militares y policías estatales en la región de la Costa Chica para impedir el tránsito de policías ciudadanos armados de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que acudían a Copala para participar en las actividades con motivo del sexto aniversario del surgimiento de esa policía.

Militares y policías estatales instalaron filtros de revisión en el trayecto de la carretera nacional Acapulco-Pinotepa Nacional y en la estatal Ayutla-Cruz Grande para evitar que llegaran a Copala los policías ciudadanos armados de la UPOEG. Pero el operativo federal y estatal fracasó.

En respuesta, integrantes de la organización bloquearon la carretera, en el tramo Copala-Marquelia para exigir el paso libre de sus policías comunitarios hacia la cabecera municipal de Copala, en donde debido a los filtros del Ejército y de la Policía Estatal se retrasaba el inicio de las actividades programadas.

El abogado de la organización, Manuel Vázquez Quintero, informó que desde el jueves y en el transcurso de la mañana del viernes militares y policías estatales instalaron varios filtros de revisión a lo largo de la carretera desde Acapulco hasta Marquelia para impedir el paso de San Marcos y de Marquelia hacia Copala.

Reconoció que las autoridades comunitarias que acudían a la celebración del sexto aniversario eran acompañadas por policías comunitarios armados y que eran a éstos a quienes los militares les impidieron el paso. Dijo que varios grupos se regresaron en el transcurso de la mañana.

En respuesta al operativo gubernamental, miembros de la UPOEG bloquearon la carretera en el tramo Copala-Marquelia y exigieron el retiro de los retenes militares. Los inconformes colocaron unos 30 integrantes de la organización desde la una de la tarde, lo que generó tránsito lento en ambos sentidos.

Los inconformes colocaron piedras y troncos para impedir el tránsito vehicular y exigir a los gobiernos estatal y federal la salida del Ejército mexicano de las comunidades del municipio de Copala.

Durante el bloqueo, decenas de pobladores, pasajeros y habitantes de otras comunidades se bajaron con sus pertenencias y tuvieron que caminar, para llegar a sus destinos.

Más tarde se informó que por la presión de la UPOEG, la vía fue liberada luego de que el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, habló con el asesor del gobierno del estado César Flores Maldonado, quien les ofreció garantías para que se desarrollaran las actividades con motivo del sexto aniversario de la Policía Ciudadana.

Así se daba marcha atrás a una de las primeras acciones en contra uno de estos grupos a los que el gobernador les ha llamado grupos fuera de la ley, pero que, sin embargo, operan libremente.

En sus resolutivos del sábado y en aparente respuesta a los acuerdos tomados por las autoridades federales y estatales para el sometimiento de estas policías ciudadanas, UPOEG acordó fortalecer y expandir su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), ante el grave problema de violencia e inseguridad que se vive en el estado.

El abogado de la organización, Manuel Vázquez Quinero, declaró que no confían en que el nuevo gobierno federal y su estrategia de seguridad a través de la Guardia Nacional vayan a resolver el problema de inseguridad en los pueblos y comunidades.

Dijo que, si acaso, se aplicará y funcionará en las ciudades, pero que en los pueblos y comunidades la única solución es el sistema de seguridad y justicia comunitario.

Por lo pronto, el sábado ya no se vieron los retenes de militares y policías en estos tramos carreteros, y los trabajos de la UPOEG se desarrollaron sin incidentes, aunque, según Manuel Vázquez, autoridades comunitarias y policías ciudadanas no llegaron porque se replegaron desde el viernes, cuando los militares y policías estatales les impidieron el paso, lo que motivó que se suspendieran las mesas de trabajo que tenían previstas para ese día.

Según un diagnóstico del gobierno estatal, en Guerrero operan cuando menos 22 grupos de policías comunitarias, ciudadanas o autodefensas no reconocidas. La única reconocida es la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que se sustenta en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

La expansión de la UPOEG comenzó en enero del 2013 con el surgimiento en Ayutla de la Policía Ciudadana de la UPOEG. La agrupación celebró su sexto aniversario este 4 y 5 de enero, precisamente cuando en la ciudad de México se reunían los gabinetes de seguridad y trataron el asunto como un problema, más que una solución y acordaron combatirlo, pero fracasaron en su primer intento.

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