O P I N I ó N

UNA FLECHA SURCA EL AIRE

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El arribo de Adela Román Ocampo a la presidencia municipal de Acapulco se debió al hartazgo de la población ante la inseguridad pública, los pésimos gobiernos priistas y perredistas y lo que ello derivó en corrupción e impunidad.

Los ciudadanos vieron en Adela y su compromiso con Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional la posibilidad de encontrar un cambio en la relación de gobernantes y gobernados, como también en la seguridad y garantía de su vida y de sus bienes. Pero en el poco tiempo que tiene en la presidencia, todavía no hay un cambio que pudiera ofrecer paz o tranquilidad a la comunidad acapulqueña.

No es nada fácil, habría que reconocerlo. Durante años, el municipio y sus arcas fueron objeto de abusos y saqueos. La inversión en infraestructura era la modalidad para apropiarse del presupuesto, o para medianamente resolver un hoyo en las finanzas, se dejaban de entregrar las cuotas y las aportaciones de trabajadores y gobierno a Hacienda y al instituto de seguridad social correspondientes, así que quienes pagaron los desaseos y pésimas administraciones fueron, casi siempre, trabajadores y población.

La semana antepasada, la presidenta Román Ocampo hizo un llamado de auxilio a los gobiernos de Héctor Astudillo Flores, el Ejecutivo estatal, y al presidente Enrique Peña Nieto, de éste que va de salida, en realidad ya no le «interesa» saber nada, porque está más preocupado de no ir a la cárcel por múltiples delitos, y de Astudillo ya dijo que su gobierno no cuenta con recursos para rescates financieros. El ayuntamiento necesita mil 500 millones de pesos para cubrir salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y adeudos, acumulados por años, a acreedores.

Pero en el supuesto de que se resolvieran los problemas financieros del municipio de Acapulco después del 15 de diciembre, como dijo Astudillo –para entonces, vale decir, López Obrador sería el Presidente de la República–, quedaría pendiente de resolver la inseguridad de la que no se encuentra ninguna estrategia efectiva que dé los resultados deseados, y la población regrese a la cotidianidad del pasado y el turismo haga la vida nocturna, hoy ausentes con todas las repercusiones sociales que esto acarrea.

Como expresara una diputada panista, en el contexto del tercer informe político del gobernador Astudillo Flores, que mientras no se resuelva el problema de la inseguridad, todo lo demás que se haga no tiene impacto social. Efectivamente, por ejemplo, un grupo de padres residentes en Acapulco pidieron vigilancia en diez jardines de niños por la violencia en las colonias de Ciudad Renacimiento y Nueva Revolución, y no se atiende.

La percepción de inseguridad es muy alta entre la población acapulqueña. Acapulco, a su vez, se encuentra entre los 50 municipios más violentos del país, incluso, en algunos meses se le ubica entre los dos primeros lugares. Pero lo grave son los asesinatos de gran impacto, como se les llama cuando en el suceso se involucra a una persona con relevancia social. Uno, el perpetrado en contra del locutor y productor de radio Gabriel Soriano Kuri, en la glorieta y distribuidor de Puerto Marqués. Asesinato que la fiscalía adjudicó a un problema vial, pero el cual continúa sin resolverse.

El segundo, el asesinato de César Zambrano, propietario de las papelerías El Partenón, que la fiscalía determinó a un robo de vehículo frente a las puertas de su casa en La Mira y que en el forcejeo fue muerto. La protesta de los grupos empresariales de Acapulco y nacionales se manifestó inmediatamente al suceso, exigiendo solución. A pocos días, fueron detenidos tres individuos en Zihuatanejo al momento de querer vender en 15 mil pesos la camioneta robada.

Sin embargo, existen problemas no menos graves. Por un lado, la permanente aparición de individuos asesinados que van de la simple ejecución a la tortura y mutilación de los cuerpos de personas comunes y corrientes, generalmente de personas de oficios, de vendedores de banquetas y de bajos recursos económicos. Violencia sin respuesta oficial. Pero, ahora, lo que llama la atención es la presencia de mujeres en estos hechos, por lo que la alerta de género, para estos casos, no ha funcionado con eficacia.

De las ciudades importantes de Guerrero, Acapulco es el municipio con más asesinatos de mujeres. Con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el estado han sido asesinadas 213 mujeres a septiembre de este año, de las cuales 170 fueron clasificados como homicidios dolosos y 43 como presuntos feminicidios. Pero la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres contabiliza 202 feminicidios de los cuales 106 han ocurrido en Acapulco. Ante esta violencia hacia las mujeres, el gobierno de Astudillo Flores prácticamente guarda un silencio, a propósito, sepulcral. Mientras el gobierno estatal cojee en este aspecto, tampoco habrá paz en los hogares de los guerrerenses. Un pendiente que requiere una solución inmediata como la reducción de 72 a 24 horas la instauración de una alerta por desaparición. Pero pareciera que es un gobierno sordo y ciego.

Por otro lado, es sustancial diferencia entre el gobernador Astudillo Flores, que dice que la disputa por Acapulco es entre dos grupos criminales, mientras que el comandante de la Novena Región Militar, general Juan Manuel Rico Gómez, dice que son cuatro los grupos del crimen organizado los que se disputan el puerto. El Ejército cuenta con una oficina de inteligencia que le permite atender diversos problemas de seguridad interior y seguridad pública, por eso es más creíble la información del comandante general Rico Gómez. Aquí, no trata descalificar y más vale aclarar que la inteligencia del gobierno civil tiende a opacar aspectos de la inseguridad pública por muchas razones. Por ejemplo, el o los políticos del área procuran informar al jefe inmediato con datos favorables a la tarea realizada, y escondiendo otros. Es poco el favor que le hacen al maquillar la información como si la terca realidad no existiera, pero como también lo dijera el gobernador: se requiere de una «gran determinación» para enfrentar la violencia. Sí, pero no la hay; eso es lo necesario.

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