OPINIóN #935

La imagen que proyecta Héctor Astudillo Flores de sí mismo a la sociedad es la de un gobernador preocupado por el bienestar ciudadano; sin embargo, los hechos lo desmienten día a día en el transcurso de su gestión al frente del gobierno de Guerrero.

Seguramente ha de estar preocupado, pero no ocupado. Los recientes acontecimientos de violencia en la Sierra, entre los municipios de Tlacotepec, Zumpango y Chichihualco, son la muestra de que las acciones y estrategias del gobierno en contra de las actividades criminales no han sido eficaces.

Una de las demandas más sentidas en el magisterio es precisamente la de abrogar la reforma educativa que impulsó el régimen que está a punto de fenecer y que sólo pudo imponerla a costa de la represión y de confrontar al magisterio nacional, sobre todo, al sector de la disidencia agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de  la Educación (CNTE), pero que en el sur del país, específicamente, encontró una tenaz resistencia: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

En febrero de 2016, en este mismo espacio se propuso la instauración de la pena capital para castigar crímenes atroces, como parte de un mecanismo determinante para arrancar el mal de raíz que constituye la violencia nuestra de cada día.

Para entonces se habían producido en Guerrero 22 mil 155 asesinatos oficialmente reconocidos según un diagnóstico de la Fundación Open Society, una estimación que abarcaría los años 2005 a 2015.

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