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CANCELACIÓN DE VEDAS DEL AGUA, BENEFICIO PARA EMPRESAS PRIVADOS

TCuencas hidrológicas. Peligro de despojo. [Foto: Hercilia Castro]

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Los 10 decretos emitidos por el presidente Enrique Peña Nieto el 6 de junio pasado, para levantar la veda de las cuencas hidrológicas más importantes del país, generaron incertidumbre y rechazo en decenas de organizaciones sociales, por los beneficios que tendrían mayormente las empresas privadas.

Dichos decretos involucran el nacimiento y desarrollo de los ríos, como son las cuencas del Papaloapan, subregión hidrológica del río Panuco, cuenca hidrológica río Tecozautla, cuenca hidrológica río San Juan, cuenca hidrológica arroyo El Puerquito o San Bartolo, cuenca hidrológica río Santiago. En total, 297 cuencas de 767 fueron liberadas y se podrá concesionar con más facilidad a particulares.

A Guerrero no se le excluye de dichos decretos, pues afectan a las cuencas de río Ixtapa 1, río Ixtapa 2, río San Jeronimito, río Petatlán 1, río Petatlán 2, río Coyuquilla 1, río Coyuquilla 2, río San Luis 1, río San Luis 2, río Tecpan 1, río Tecpan 2, río Atoyac 1, río Atoyac 2, río Coyuca 1, río Coyuca 2, río La Sabana 1, río La Sabana 2, pertenecientes a la región hidrológica número 19 en la Costa Grande de Guerrero.

También se suprimen las vedas del Río Papagayo 1, Río Petaquillas, Río Omitlán, Río Papagayo 2, Río Papagayo 3, Río Papagayo 4, Río Nexpa 1, Río Nexpa 2, Río La Arena 1 y Río La Arena 2, pertenecientes a la Región Hidrológica número 20 Costa Chica de Guerrero.

Pero la desconfianza de las organizaciones y pueblos proviene de el gobierno federal no ha resuelto las denuncias interpuestas durante los últimos 20 años por los conflictos por la mala distribución o escasez del agua, por hidroeléctricas, termoeléctricas, minería, los llamados proyectos extractivos.

La incertidumbre, argumentan, es porque los decretos representan un intento de «pintar de verde» el levantamiento de vedas, para así extender el mercantilismo de la actual Ley de Aguas Nacionales, «en pleno desacato a la obligación constitucional de haber reemplazado dicha ley antes de febrero 2013 con una Ley General de Aguas que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable a través de la participación ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno».

Recientemente, los pueblos indígenas teenek y nahua, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, incluyendo la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Mexicano por el Derecho Ambiental (CEMDA), el Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Central Campesina Cardenista (CCC), La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Colectivo de Abogados, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), presentaron 30 amparos cuestionando la ilegalidad de los decretos donde se levantan las vedas del agua afectando las 297 cuencas hidrológicas.

En los amparos interpuestos se basan en uno o más de los siguientes argumentos: El levantamiento de vedas no respetó los procedimientos legales ni técnicos para su justificación.  De esta manera se abrió un gran volumen de aguas nacionales a ser concesionadas sin respetar el principio del «acceso equitativo» establecido en la reforma constitucional del 8 febrero 2012 reconociendo el derecho humano al agua.

Emitieron los Decretos sin respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas potencialmente afectados. Adicionalmente, el amparo presentado en la Ciudad de México demostró que los decretos representaban una violación a los derechos de la Naturaleza, los cuales son reconocidos en esta entidad federativa.

Problemas como la oposición a la hidroeléctrica de Temacapulín, Jalisco, o la oposición al proyecto hidroeléctrico de La Parota, en el Acapulco rural, se acentuarían gravemente debido a la necedad de la Federación por imponer proyectos que causarían despojo y crisis a la economía, ya que por lo regular los pueblos son inundados.

Érica Serrano, abogada ambientalista y especialista en el tema, precisa que los decretos de veda del agua suprimidos datan de los años treinta y cincuenta. «Éstos declaraban la veda para efecto de prohibir cualquier concesión para el aprovechamiento del agua en las cuencas a que se referían. No obstante, a pesar de estos decretos de veda, por ser el agua un bien de dominio público, de uso común y esencial para la vida, cualquier persona tenía acceso al agua para satisfacer sus necesidades básicas, fundamentalmente domésticas», expone.

Para el caso de Guerrero, Serrano explica que se han suprimido. «En este caso, los decretos donde se contemplaban las vedas eran tajantes al prohibir el otorgamiento de concesiones para cualquier tipo de uso».

«Ahora el Ejecutivo federal suprimió estas vedas, y las razones con las que justifica tal decisión se pueden leer en los considerandos de los decretos, y a grandes rasgos consisten en: utilidad pública, interés público y fortalecimiento de la gestión integrada del agua, manejo sustentable del agua y el acceso al agua por parte de todos los mexicanos», dice.

La justificación jurídica principal para eliminar las vedas es básicamente de índole económica, sin dar mayor importancia a la conservación y mejoramiento ambiental, resalta la abogada.

«En el caso de los decretos comentados, este control no se sujeta a los lineamientos establecidos por el artículo 27 constitucional, ya que no es en beneficio social, no conserva el agua y no promueve un desarrollo equilibrado», recalca.

Alerta de que el decreto debe analizarse a la luz de otras leyes que impulsan la privatización de los elementos naturales en favor de los grandes capitales, como lo es la Ley de Zonas Económicas Especiales y tratados internacionales como el Acuerdo Transpacífico, así como de los grandes megaproyectos que requieren grandes cantidades de agua.

Serrano alerta que se deben revisar los megaproyectos que existen actualmente en las cuencas que se ven afectadas por los decretos, y pone como ejemplo el proyecto del sexenio de Fox: la Presa la Parota, que se encuentra justamente en la región de Acapulco, Guerrero.

Las organizaciones en defensa del agua y los pueblos que han interpuesto el amparo, también alertaron de que en el análisis del Colegio de Biólogos, los decretos dejan 51 billones de litros de agua expuestos a ser concesionadas por periodos de hasta 30 años, renovables, con la posibilidad de ser libremente transferidos. Además de que el Registro Público de Derechos al Agua, a 25 días de la firma de los Decretos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había otorgado más de 500 nuevas concesiones.

El sábado 28 de julio, el periódico El Sur publicó que el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa dio a conocer que el juez federal Mario Fernando Gallegos León negó el recurso de amparo que solicitó en contra de los decretos de la privatización de aguas nacionales que firmó el presidente Enrique Peña Nieto.

El derecho humano al agua y al saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de la ONU en julio de 2010 y exhorta a los Estados a hacer todo lo necesario para dar a toda la población agua potable y saneamiento de manera suficiente, físicamente accesible y económicamente asequible.

En México, el derecho humano al agua se reconoció en febrero de 2012 y está plasmado en el artículo cuarto de la Constitución. Además de que en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General 15 sobre el derecho al agua, la cual en el artículo primero establece: «El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna».

Sin embargo, en México ese derecho es inexistente pese a los tratados internacionales signados.

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