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Reforma al Artículo 14

«ESTOCADA» DEL GOBIERNO CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS: ABOGADA

Kenia Hernández. Crítica. [Foto: E. Añorve]

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Para la abogada Kenia Inés Hernández Montalván, el gobernador del estado y el Congreso local aprovecharon la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de delimitar las atribuciones de la Policía Comunitaria, para reformar el artículo 14 con el propósito de golpear a la CRAC-PC.

Asegura que se trata de una «estocada» de parte del gobierno estatal, e inlcuso, del federal, en contra de los pueblos originarios. «Nos quiere despojar de esa autonomía que nos da la legislación nacional», advierte.

Y sostiene: «Es un acto orquestado por parte del gobierno del estado, es una invención, con la intención de maltratarnos».

En entrevista con Trinchera, Hernández Montalván expone su percepción acerca de la reforma al artículo 14 de la Constitución del Estado de Guerrero, aprobada la semana pasada por el Congreso local, aprobación que ha causado reacciones encontradas de actores políticos y organizaciones sociales, pues mientras unos la avalan y la ensalzan (como en el caso del exgobernador Ángel Aguirre Rivero), otros la critican y descalifican, asegurando que es un atentado a los derechos de los pueblos originarios.

De 28 años de edad, Kenia Inés Hernández es originaria de Ometepec y afrodescendiente, aunque creció en Xochistlahuaca, por lo que se considera una afroindígena. Estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Loyola del Pacífico, becada por mérito académico. Es comisionada de Honor y Derechos Humanos de la casa de justicia de Cochoapa, municipio de Ometepec, integrada a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) con sede en San Luis Acatlán.

Durante la conversación, en su casa de la colonia El Pescadillo, de Ometepec, se abordan temas como la inconstitucionalidad de la reforma y el origen de la misma. Kenia habla con pasión y asume sus causas con entereza, sinceridad e inteligencia. Está informada sobre los temas que abordamos y habla con rapidez.

Explica que todo este asunto empezó con la decisión de una asamblea de Olinalá para expedir una orden de aprehensión en contra del síndico procurador Armando Patrón Jiménez, detenido in flagranti por la Policía Comunitaria de ese municipio (adscrita al sistema de justicia de la CRAC-PC y encabezada por la comandante Nestora Salgado García) cuando se robaba unas vacas en 2013.

Como consecuencia de ello, el síndico procurador fue encarcelado y enviado a reeducación, según el reglamento de la CRAC-PC, lo que provocó una reacción virulenta del entonces gobernador del estado, precisamente el mencionado Aguirre Rivero, quien mandó a ‘fabricar’ delitos contra Nestora para encarcelarla.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró que tanto la asamblea de Olinalá como el gobierno estatal cometieron violaciones a los derechos humanos y, en consecuencia, recomendó que tanto el Congreso local como la Suprema Corte de Justicia de la Nación delimitasen las jurisdicciones de cada cual. De ahí a la reforma propuesta por Héctor Astudillo al artículo 14 hubo sólo un corto trecho.

A continuación, la transcripción de la entrevista con la abogada costachiquense, que se publicará en dos partes.

–El gobierno de Héctor Astudillo envió una propuesta de reforma al artículo 14 de la Constitución local, y el Congreso la avaló, donde, concretamente, se desaparece la figura de la Policía Comunitaria. ¿Qué opinión te merece?

–Es, evidentemente, una estocada más por parte del gobierno del estado, incluso del gobierno federal, me atrevería a asegurar, en contra de la autonomía de los pueblos originarios; no es otra cosa, sino eso.

–¿Por qué solamente de los pueblos originarios?

–Porque, prácticamente, a los pueblos originarios es a quienes acobija la Ley 701, es a quienes acobija el artículo 14 de la Constitución, cuando habla de las policías comunitarias. Pero también existe el tema de la autodeterminación, ¿no?, pues si un pueblo, aun no siendo originario, se quiere acobijar en lo que son los usos y costumbres de los pueblos originarios, es respetable; es un tema de autodeterminación. A final de cuentas, esta reforma le pega principalmente a los pueblos originarios y a los pueblos adheridos a los usos y costumbres de los mismos.

–Yo he platicado con gente que sabe del tema, acerca de si basta con que los pueblos o comunidades se acojan a lo que dicen la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en el Convenio 169, y el artículo 2 constitucional, sobre todo, en países de mezcla, digamos, racial, como el nuestro, donde uno puede adscribirse como indígena, como afro o como español, porque la mezcla racial en la historia de nuestro país es, fundamentalmente, ésa. En ese sentido, ¿no es una estocada también para otros pueblos? Dicho de otro modo: ¿y la justicia?, ¿no es una estocada contra la justicia también?

–Así es. Lo que dice ahora el nuevo artículo 14 es que, tratándose de los asuntos particulares de los individuos que pertenecen a las comunidades de los pueblos originarios, adscritas al Convenio 169 de la OIT, se estará sujeto a lo que marquen las leyes federales, lo que es el sistema normativo jurídico mexicano. Y, en tratándose de los bienes colectivos de las comunidades, también se estará sujeto a lo que marquen esas disposiciones. O sea, si lo colectivo y lo individual se lo dejas al sistema jurídico formal mexicano; entonces, ¿qué le dejas a las autoridades comunitarias? No le dejas nada, le quitas todo...

–De acuerdo, pero, ¿no podemos hacer la siguiente lectura? ¿Forma parte del sistema jurídico formal mexicano el Convenio 169 o no?

–Sí, digámoslo así...

–Porque, al final, si los pueblos organizados... originarios... dicen: «Bueno, está bien. No hay artículo 14 donde se incluya nuestro sistema de justicia, pero está el Convenio de la OIT, está el propio artículo segundo de la Constitución, y, por cuestión jerárquica, están por encima del artículo 14»...

–Están por encima, así es... De hecho, precisamente eso es lo que nos sigue permitiendo actuar, y eso es lo que no permite al gobierno del estado desarticular a (los grupos de) las policías comunitarias...

–Pero, ¿por qué no se escucha ese argumento entre quienes se oponen a la reforma al artículo 14? Me parece que están viendo el árbol, pero no el bosque...

–(La reforma) Es un acto orquestado por parte del gobierno del estado, es una invención, con la intención de maltratarnos. Es un hecho, pero que, sin embargo, no nos quita, no nos elimina a nosotros nuestra autonomía, porque la autonomía nos las da el simple hecho de nuestra organización, el simple hecho de autorganizarnos, el simple hecho de decir: «nosotros nos regimos por usos y costumbres, y está el artículo segundo constitucional y está el Convenio 169 de la OIT. Entonces, ¿por que se da esta reforma al artículo 14 de la Constitución del Estado? Se da porque hay una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dirigida al gobierno del estado, al municipio de Olinalá y al Congreso, dirigida a ellos tres, particularmente; también a la Fiscalía y al poder judicial, en donde les dicen que deben delimitar las funciones de la Policía Comunitaria (de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC-PC) y del poder judicial, qué es lo que le compete a la Policía Comunitaria y qué es lo que le compete al poder judicial. Por ejemplo: ¿la Policía Comunitaria puede detener a un síndico, a una síndica o a un presidente municipal dentro de su territorio? Porque fue precisamente por eso que vino todo el problema, cuando Nestora (Salgado) detiene al síndico allí en Olinalá porque había un delito que en la comunidad se le había comprobado al síndico. Y, entonces, para no pasar por todo este proceso, que tienes que ir al Ministerio Público, presentar una denuncia, el Ministerio Público te manda con el Congreso para que lo desafuere... En fin. O sea, años, cuando, precisamente, el sistema comunitario está hecho para eso, para que sea realmente rápido, pronto y eficiente; o, como marca la misma Constitución, una justicia pronta y expedita. Entonces, lo que hace el sistema comunitario es eso, dar una justicia pronta y expedita. Entonces, ellos, en la comunidad deciden dar la orden en contra del síndico. Y es entonces cuando el gobernador del estado en aquel entonces, Ángel Heladio Aguirre, le dice a Nestora que «le baje», y que ella no era magistrada ni era ministra de la Suprema Corte como para poder dar una orden de aprehensión, que no era el poder legislativo, que no era el Congreso para desaforar al síndico. Entonces, ella le dijo: «Aquí manda la comunidad, aquí manda el pueblo, y el pueblo dice que hay una orden de aprehensión contra él y yo la voy a ejecutar». Tan simple y tan sencillo como eso. Se ponen al tú por tú, se dicen de cosas, ¿sí?, y es ahí donde el gobernador da la orden para que la detengan. Y en dos días le fabricaron los delitos habidos y por haber; en dos días le fabricaron el delito de secuestro... Esas muchachitas que supuestamente estaban secuestradas, estaban en reeducación, y, además, lo que el pueblo quería hacer con estas muchachitas era, incluso, castigarlas de una manera más grave; fue Nestora la que se los impidió, de que no fuera así, de que fuera de acuerdo al reglamento, a reeducación. A final de cuentas, prácticamente las salvó de la furia y del enojo del pueblo, porque estaban involucradas en crímenes graves, en contra de niñas y de niños de la comunidad, incluso, de trata de personas, prostitución infantil, y por eso la comunidad estaba enardecida contra ellas, y Nestora metió la mano por ellas, dijo: «reeducación», y ahora, después, las utilizan a ellas para fabricarle el delito de secuestro, que en ningún momento se dio, y por eso es que le dieron, después de dos años y medio, su carta de liberación. Ahí es donde se origina el tema de cuáles son las atribuciones de la Policía Comunitaria y cuáles no, hasta dónde llega y hasta dónde no. Entonces, la CNDH hace una revisión de los asuntos y llega a la conclusión de que la Policía Comunitaria de Olinalá sí cometió violaciones a derechos humanos, sobre todo al debido proceso, pero que también el gobierno del estado violentó los derechos de los pueblos, los derechos colectivos de los pueblos, particularmente Olinalá, cuando le dan una orden de aprehensión a Nestora, quien solamente actuó bajo mandato de la comunidad. Es ahí donde la CNDH le da una recomendación al Congreso local, al gobierno del estado, para que delimiten funciones. Entonces, bajo este pretexto... porque no es otra cosa, es un pretexto... dicen: «Bueno, tenemos que reformar la Ley 701, para que la Ley 701 diga cuáles son y cuáles no las atribuciones de la Policía Comunitaria». Sin embargo, el que da el sustento legal, en el marco jurídico local en el estado de Guerrero, a la ley 701 es el artículo 14. Entonces dicen: «Primero tenemos que reformar el artículo 14 de la Constitución», y es entonces cuando dan esa propuesta. Una propuesta que, a final de cuentas, (está) del todo mal, es una propuesta mal redactada: independientemente de cuáles sean sus intenciones del gobierno, de desaparecer a la Policía Comunitaria, no puede estar un ordenamiento jurídico local por encima de un ordenamiento jurídico nacional e, incluso, internacional.

–Explícame esto ultimo: ¿por qué está mal redactada, en qué se contraponen?...

–Porque el artículo segundo de la Constitución es claro cuando dice que se debe respetar la autonomía de los pueblos originarios para que se rijan bajo usos y costumbres, siempre y cuando no contravengan con los derechos humanos de las personas. ¡Es claro el artículo segundo de la Constitución! Entonces, me parece que hasta, incluso, una cita textual en el artículo 14 del segundo constitucional sería suficiente, o sea, respetando esa autonomía que nos da la Carta Magna. Pero, entonces, lo que marca el artículo 14 es que nos quieren despojar, el gobierno del estado, en el estado de Guerrero, nos quiere despojar de esa autonomía que nos da la legislación nacional...

–Pero eso no se puede...

–No se puede, porque no puede una ley local estar por encima de las leyes nacionales.

–¿Y qué procede, ahora?

–Procede una inconstitucionalidad, que la deben promocionar las comisiones de derechos humanos, la local y la nacional. Procede un amparo colectivo, por parte de los afectados, en este caso, las comunidades y las personas que vivimos en las comunidades, las autoridades comunitarias también. Amparos colectivos que presentemos en contra de esta ley. Y también proceden estas propuestas de inconstitucionalidad por parte de presidentes municipales o del Congreso local. El Congreso local no la va presentar porque él mismo fue el que aprobó la reforma. Entonces, los presidentes municipales sí pueden promover acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ley, porque contraviene lo que marca una ley nacional. Esta ley local es inconstitucional, eso es un hecho. Para dejarlo claro y para que así sea visto, es preciso promover esos amparos y promover también las acciones de inconstitucionalidad, lo que le compete a las comisiones de derechos humanos...

–Pero, ¿alguien ya lo está haciendo? Creo que no. Según lo que he leído, todavía no llegan a este razonamiento...

–Mira, ya lo hemos hecho ver, ya lo hicimos ver así a los compañeros (de la CRAC-PC de San Luis Acatlán); sin embargo, se están razonando dos cosas: una, que la reforma no está totalmente aprobada, porque falta que los cabildos municipales la aprueben. Entonces, la idea es impedir que los cabildos municipales aprueben esa ley, lo que yo veo realmente complicado, difícil... ¿Por qué? Porque, de acuerdo a nuestro registro, la Policía Comunitaria tiene presencia en 30 de 81 municipios del estado; entonces, no alcanzamos el 50 por ciento. Aun y si lográramos que en los 30 municipios donde tenemos presencia no la aprueben, en otros 51 municipios la van a aprobar, y con eso es suficiente para que esta ley quede aprobada por la mayoría. Yo no le veo vialidad por ahí, aunque es una propuesta de las y los compañeros. Entonces, eso es en tanto sea aprobada plenamente. Una vez que sea aprobada plenamente... sin embargo, desde ahorita, ya podemos empezar a promover los amparos...

–Pero, ¿por qué, por ejemplo, Ángel Aguirre dice que la aprobación de la reforma fue algo bueno, porque hay grupos criminales que se amparan en esa Ley para actuar?

–Es cierto que hay grupos de... pudiéramos llamarlos «autodefensas», o pudiéramos llamarlos incluso «grupos armados» nada más, ¿no?, que sí se han estado amparando bajo esa ley, y que, definitivamente, incluso, violan cuestiones de debido proceso. Pero lo que sí es cierto... y lo voy a decir francamente... la misma UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), desde cuando fue creada, ha venido violentando derechos humanos, y lo ha hecho a nombre de la Policía Comunitaria, y, lamentablemente, los medios de comunicación ahí han tenido mucho qué ver con el golpeteo contra la CRAC, porque cuando la UPOEG hace una violación a derechos humanos no dicen «fue la UPOEG», dicen «fue la Policía Comunitaria». Y luego, hasta vienen vestidos igual que nosotros, hasta se visten, igual, de verde. Entonces, creo que nomás cambia el nombre, y mucha gente, muchas personas no distinguen entre cuáles son las policías comunitarias y cuál es la UPOEG. Ellos la llaman «policía ciudadana». Y, efectivamente, (la UPOEG) no puede ser policía comunitaria. ¿Por qué? Porque ellos, cuando llegan a una comunidad... y lo digo en el caso de Ometepec, donde, ahorita, la UPOEG ya está trabajando, ya ha irrumpido en Ometepec, ya ha hecho detenciones en Ometepec. Y, que yo sepa, al menos públicamente, no se ha dado a conocer en una asamblea para preguntarle, para cuestionar a los pueblos si están de acuerdo con que exista una policía ciudadana. Al contrario de lo que hace la CRAC. Cuando la CRAC se instala en una comunidad hay todo un procedimiento, hay todo un proceso que se sigue, para preguntarle, para cuestionar, para que realmente sea la comunidad la que respalda, la que avala al sistema de justicia comunitario.

–Pero no siempre la CRAC ha actuado así... Y no sólo me refiero al caso de Eliseo del Villar, que fue muy evidente y notorio que les causó un gran problema…

–(Interrumpiendo) Porque sus decisiones eran muy unilaterales y porque eran totalmente verticales, y porque no le importaba la comunidad, y porque él era el que... por sus angas y sus mangas, él hacía y deshacía...

–Y porque beneficiaba a los procesados, no en función de la justicia sino del dinero, por ejemplo...

–Eso pasa cuando las decisiones son verticales e unilaterales. Cuando el poder recae en una sola persona, esa persona aprovecha y abusa de ese poder para beneficiarse y para no dar justicia realmente como debe de ser...

–Sí, pero... yo puedo darte muchos ejemplos de que algunos grupos de la CRAC-PC... San Nicolás, por decir algo…

–(Interrumpiendo) San Nicolás... que no está reconocido por el sistema comunitario...

–(Interrumpiendo) Cochoapa, por ejemplo. San Luis Acatlán, donde recientemente se han documentado casos de corrupción, de injusticia, donde algunos comandantes regionales y algunas autoridades comunitarias han actuado al margen de las propias autoridades colegiadas. Y eso no ha ayudado a la CRAC...

–Claro. No te voy a negar que se han hecho casos en contra de lo que es lo justo... No vamos a hablar de lo que es en contra de la ley, sino de lo justo y lo no justo. No te voy a negar que sí ha habido casos... no es mi intención defender a capa y espada. Lo que sí es cierto, es que, con todo y sus deficiencias, sigue siendo la mejor opción de impartición de justicia. O sea, esos casos de corrupción, te los acepto; pero esos casos de corrupción, contra los casos de corrupción del poder judicial...

–Pero, entonces, ayúdame a delimitar... Porque, un asunto es la cuestión legal: la ley dice tal cosa, qué debe ser lo correcto, lo perfecto, o lo más perfecto posible; y otra, el actuar...

–La realidad...

–La realidad. Cómo, en los hechos, el propio reglamento de la CRAC no se...

–No se respeta...

–No se respeta, no se lleva a cabo; no se hacen asambleas... Bueno, hay compadrazgo, hay excesos en los procesos de reeducación. He escuchado a algunos políticos de la Costa Chica que están de acuerdo con la existencia de la CRAC-PC, pero acotan que hay que darles capacitación a los policías, por ejemplo, porque es muy entendible que a la gente que viene de las comunidades a cumplir con un mandato no siempre sabe cómo utilizar las armas, no está familiarizada con los procedimientos legales, con el asunto de los derechos humanos, con el propio reglamento; una serie de factores que les impiden desempeñarse del mejor modo, más allá de la gente que, de por sí, ya lleva mala intención, que dice: «voy a entrar para sacar provecho», que, bueno, son de los casos de los que hablábamos, como el de Eliseo, ¿no?

–Sí, efectivamente, una cosa es, muchas veces lo que marca el reglamento y otra cosa es lo que marca el...

La entrevista se interrumpe porque inicia una lluvia muy abundante y Kenia Inés tiene que salir al patio a recoger la ropa del tendedero, recordando que ya tiene allí tres días sin secarse, hasta ahora.

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