Información
Reforma al Artículo 14:

DERECHOS INDÍGENAS CONCULCADOS

Policía comunitaria. Golpe bajo. [Foto: Yener Santos]

A+
A-

Argumentos poco claros e imprecisos sustentan la iniciativa de reformas al artículo 14 de la Constitución Política del Estado en materia de derechos y cultura indígenas que envió el 24 de abril del año pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores al Congreso local y que se aprobó el 27 de julio con el voto hasta de los diputados del PRD y de Movimiento Ciudadano que habían presentado iniciativas distintas.

El Ejecutivo envió al Legislativo la iniciativa de reformas en respuesta a la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre la situación de la Policía Comunitaria de Olinalá, la detención de diversos integrantes de esta Policía Comunitaria y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), entre éstos, la actual senadora electa Nestora Salgado García, así como la detención de personas por parte de esta policía comunitaria, en agosto de 2013.

En dicho documento se recomienda al gobernador, al fiscal general, al Congreso local y al ayuntamiento de Olinalá «valorar las observaciones» en cuanto a las omisiones y deficiencias en las fuentes normativas y presente las iniciativas de ley y de reformas necesarias, para asegurar un pleno respeto a la autonomía y determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

La CNDH pide concretamente a las autoridades de Guerrero, una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia, el establecimiento de los  mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal.

Y para tal caso recomienda: «analizar la pertinencia de presentar las iniciativas de reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, a través de un ejercicio de derecho a la consulta para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas que componen el Sistema Comunitario de Justicia y que sea compatible con el Sistema Internacional de derechos humanos».

Esto llevó a todos los diputados, con excepción de la de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, a suprimir de la nueva redacción del artículo constitucional el párrafo original que refiere que «el Estado reconoce y garantiza» la aplicación del sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos, «a través de sus policías comunitarios electos por usos y costumbres».

El Ejecutivo argumenta su propuesta de reforma en el punto 133 de la recomendación de la CNDH que establece que la justicia comunitaria «no puede suplir la función del Estado de garantizar dicha función constitucional», a lo que el Ejecutivo interpretó que «por tanto, el Estado en sus tres ámbitos de competencia no puede abjurar ni renunciar a la función primordial que por definición posee en sus atributos de soberanía y supremacía, por lo que la justicia comunitaria debe sujetarse al orden jurídico establecido».

Resulta evidente que el Ejecutivo estatal, en su interpretación de la recomendación 9/2016 de la CNDH, pasó por alto que hace 25 años cuando se creó la CRAC y su Policía Comunitaria en las regiones Costa Chica y Montaña de Guerrero, no sólo abjuró y renunció a su función primordial de garantizar seguridad y justicia a los pueblos indígenas, sino que desoyó reiteradamente sus reclamos ante el azote de las bandas delincuenciales que los asesinaban, asaltaban, violaban a sus mujeres, principalmente en la carretera Tlapa-Marquelia, hasta que se organizaron en lo que hoy es la Policía Comunitaria.

Años después, los gobiernos estatal y federal abandonaron su responsabilidad en otros ámbitos del estado, lo que motivó la conformación, actualmente, de por lo menos otros 17 grupos armados de autodefensa o guardias comunitarias que tienen presencia en 38 de los 81 municipios del estado, que funcionan al margen de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, y que se han salido de control al Estado.

Asimismo, en la iniciativa se reconoce que en la Constitución Política federal, en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribunales en Países Independientes, así como en la Ley 701 se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir su organización, aplicando sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos de acuerdo a sus usos y costumbres.

Pero en la redacción de la iniciativa que envió el gobernador Astudillo Flores y que aprobó la mayoría de diputados se cuestiona que «sin embargo tal derecho no es absoluto, pues tal reconocimiento no implica su soberanía, sino el reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su suerte, siempre que se preserve la unidad nacional y se respeten los derechos humanos».

Después, el Ejecutivo Estatal sostiene: «Bajo esta perspectiva, el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no autoriza a las autoridades comunitarias a realizar actuaciones arbitrarias so pretexto de indagar un hecho delictuoso argumentando que se siguen usos y costumbres, ya que su autonomía en la administración de justicia debe ser acorde con el orden jurídico vigente, con los principios generales de derecho, y con el respeto a los derechos humanos; de ahí que no las faculta para dictar órdenes de aprehensión o de cateo, ya que si lo realizan, la detención del supuesto inculpado es ilegal».

En la iniciativa también se refiere que la Constitución federal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

Pero se cuestiona en seguida que «tal derecho no es absoluto, pues el propio precepto en su quinto párrafo lo acota al señalar que éste se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Además el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no implica una disminución a la soberanía nacional  y menos aún la creación de un Estado dentro del Estado mexicano».

Con estos argumentos, los diputados aprobaron las reformas al artículo 14 de la constitución local en el que se establecía: «El Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito de su sistema de faltas; de su sistema de faltas sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado, y que implementen los pueblos y comunidades indígenas y Afromexicanas dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en asamblea popular o general y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de cada entidad».

En tanto que con las reformas aprobadas por los diputados locales, la redacción de dicho artículo quedó: «La ley establecerá las bases para una adecuada armonización entre el sistema jurídico estatal y los sistemas normativos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública e impartición de justicia, así como para aplicar sus sistemas normativos, solución de los conflictos internos de sus comunidades, también regulará los procedimientos de validación de sus resoluciones por los jueces y tribunales competentes de conformidad con el orden jurídico estatal y federal. Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros se estará a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable».

Es decir, no sólo se desaparece del texto constitucional la palabra Policía Comunitaria, sino que se establece que las acciones, procedimientos y sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas quedan sujetos al escrutinio de la ley estatal y federal.

En el texto se argumenta que dichas propuestas de reformas fueron el resultado de las ponencias de seis foros que se organizaron por el Ejecutivo, el Congreso local y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). «Los foros tuvieron como objetivo una consulta para recabar la opinión de los antes mencionados y de la sociedad en general sobre asuntos y temas que definieran como mínimo una adecuada delimitación de competencias  en las materias de seguridad pública, impartición de justicia, y el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal», dice la redacción del texto.

En efecto, dicho foros se realizaron a finales de febrero y a principios de marzo del año pasado, pero cuando menos cinco de seis fueron cuestionados en su momento por su improvisación y escasa participación.

En Acapulco, integrantes de la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco (UIRA) y Gubernatura Nación Indígena (GNI), impidieron la realización del foro regional de consulta, argumentando que no se invitó a los representantes de los pueblos radicados en el municipio.

En Chilpancingo, de último momento se preparó una sala de juntas en las instalaciones de Rectoría de la UAG, porque el auditorio de Rectoría, previsto por la convocatoria, tendría una obra de teatro a cargo de la Policía Federal. La actividad de la capital concluyó en 40 minutos sin las personas que registraron 12 ponencias.

Se informó del registro de 12 ponencias, de las cuales dos eran de integrantes del poder Judicial, tres no tenían firma y ninguno de los autores se presentó a la sesión.

Ese día, el abogado Rubén Cayetano García, en esas fechas asesor de la diputada de Morena en el Congreso local, María de Jesús Cisneros, denunció que este foro de consulta era una simulación y se dijo extrañado de que ninguno de los supuestos ponentes estuviera en la sesión.

El foro de Ometepec se realizó en la cancha techada de la Preparatoria 5 de la UAG, con unos 200 estudiantes de este plantel y de la licenciatura de Enfermería, y fue inaugurado por el alcalde Omar Estrada Bustos. En el acto, el funcionario reconoció que los pueblos acuden a la CRAC por el vacío de gobierno.

En Tlapa, asistieron menos de 50 personas al foro, la mayoría estudiantes de la preparatoria 11 de la UAG. La actividad se convocó en el plantel de la universidad a las 10:00 de la mañana y terminó antes de una hora por la falta de participaciones que reconoció el mismo director de la institución en la clausura.

En Iguala, se realizó el foro para la Zona Norte y Tierra Caliente en las instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias Ambientales y Agropecuarias de la UAG, en donde asistieron una 70 personas, más de la mitad de los cuales eran estudiantes universitarios. Al final se informó de la presentación de 18 ponencias, pero igual, la mayoría de los autores no se presentaron ni se leyeron sus planteamientos.

En Zihuatanejo, hubo alrededor de cien participantes en la Escuela Superior de Turismo, y entre las propuestas se planteó el incrementó de matrícula en preparatoria y la licenciatura para jóvenes de los pueblos originarios y afromexicanos, que haya campañas de sensibilización al interior de la UAG, de fomento de la identidad afromexicana; es decir, nada que ver con el tema.

Así surgió la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal en materia de derechos y cultura indígena, enmienda en la que, a escala local, se conculcan ilegítimamente de un plumazo, los derechos de los indígenas que éstos habían ganado en el ámbito nacional e internacional.

COMPARTIR:

EnTwitter EnFacebook EnGoogle+
INDICE | siguiente

Ediciones anteriores

Close