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TINO GARCÍA, PROTEGIDO POR LA FUERZA DEL ESTADO

Tino García. Excesos de poder. [Foto: Trinchera]

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Que a él lo iba a defender «la fuerza del Estado», dijo el presidente-candidato Constantino García Cisneros a un ciudadano con quien habló del tema de la posible violencia con motivo de la competencia electoral en el municipio.

Constantino García es candidato a la presidencia de Cuajinicuilapa por el Partido Verde Ecologista de México (el cual va en coalición con el Revolucionario Institucional); además, es presidente municipal en funciones, aunque despacha oficialmente desde su casa y no desde el palacio.

Según sondeos de este reportero y otros datos, la contienda electoral entre el candidato de esa coalición y el del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena (el también expresidente Alejandro Marín Mendoza), definirá la elección. Los demás candidatos sólo son espectadores y algunos de ellos compiten para «meter» a algún regidor al Ayuntamiento.

En la elección antepasada compitieron por los tres primeros lugares, García Cisneros (por el PRI), Marín Mendoza (por el PRD) e Yrineo Loya Flores (por el PAN), siendo ganador éste.

En la elección pasada, García Cisneros y Marín Mendoza volvieron a competir (como contendientes fuertes) y ganó el primero, por el PRI; ahora, éste es presidente municipal.

Después de que, el 3 de mayo pasado, mataran a su secretario particular (Elías Damián Rodríguez), Constantino García dejó en claro que él iba por todo y con todo para ser reelecto presidente municipal, sin importar los medios y sin medir las consecuencias.

En el discurso que dio frente al cadáver de su secretario (en un desmesurado homenaje que le hiciera frente al palacio municipal), veladamente acusó a su contrincante Marín Mendoza de ser el autor intelectual del crimen.

Alejandro Marín dijo que él no lo era, y que se reservaba su derecho a declarar, lo cual haría sólo si era necesario.

A partir de este crimen, Constantino García Cisneros aumentó el número de sus escoltas, los armó con armas largas y pidió el patrullaje constante de las policías ministerial y estatal y del Ejército en el municipio.

El cambio fue resentido por muchos ciudadanos, varios de los cuales fueron maltratados y atropellados sus derechos por esas corporaciones, las cuales actuaban presuntamente para buscar a quienes ejecutaron a su secretario.

Además, en los últimos días, militantes del Morena han hecho una serie de denuncias por hostigamiento de esas corporaciones, contra algunos de ellos y contra la población.

A principios de junio, un empleado de García Cisneros (y aferrado defensor suyo) publicó en Facebook un mensaje en el que aseguraba que el día de la elección, el 1 de julio, las policías estatal y federal «cuidarían» las casillas.

Este mensaje concuerda con las fuentes de este reportero, quienes aseguraron que García Cisneros se estaba preparando para ir por todo y como fuese a conseguir su reelección.

Siendo candidato y presidente al mismo tiempo, García Cisneros no sólo siguió disfrutando de los privilegios de su cargo, sino que utilizó y sigue utilizando recursos millonarios en coaccionar el voto a su favor o en inhibir el voto en su contra.

Así, en su casa (desde donde despacha) se encarga de atender a sus operadores políticos, a quienes les reparte «mucho dinero», según personas que lo han observado, y quienes aseguran que «en su casa tiene las pacas de billetes; si se le acaba una, de donde está dándole a su gente, saca otra».

Su casa está constantemente vigilada por la policía preventiva municipal, y una patrulla con un grupo de estos policías lo acompaña en sus recorridos de proselitismo político (a los cuales concurren también funcionarios municipales, quienes forman parte de su grupo), lo cual ha sido denunciado por militantes del Morena constantemente.

En días pasados, en un acto público de promoción de García Cisneros, en Comaltepec, un joven que le pareció ‘sospechoso’ fue acusado por él mismo ante la policía ministerial (de Ometepec) que estaba en el acto «para cuidarlo», y les pidió que se lo llevaron, petición que esos policías atendieron con rapidez.

Este joven, Erick García, relató: «En ese momento me señaló y directamente, decía que yo lo venía persiguiendo, que yo traía armas y que no sé qué. Yo, en ese momento, descubrí mi playera y le dije: “¿Sabes qué? Yo no traigo nada”. Yo le dije que venía a ver qué iba a acontecer. Y en ese momento... estaban dos patrullas de la policía judicial, al parecer eran de Ometepec. Y les dijo: “Llévenselo detenido, porque él nos viene siguiendo”. Y, pues, los oficiales me agarraron y me llevaron hacia allá».

Este muchacho fue dejado en libertad calles más adelante de donde se realizaba el acto proselitista, porque –dice– no tenían de qué acusarlo o motivo para aprehenderlo.

Hace unos cinco días, desde las oficinas del gobierno municipal, salió el rumor de que el secretario del Ayuntamiento (José Omar Sánchez Medina) estaba tramitando órdenes de cateo para que la policía ministerial entrara a un domicilio desde donde militantes del Morena organizan brigadas de las llamadas ‘caza mapaches’, además de catear el domicilio del propio candidato Marín Mendoza.

Y aunque hasta la fecha ninguna actividad de cateo, o similar, se ha producido, los morenistas temen que pueda ocurrir en los días subsecuentes.

Pero no sólo los morenistas están molestos y preocupados por la injerencia y la presencia de las policías estatal, ministerial y del Ejército en el municipio, sino los propios ciudadanos, varios de los cuales han expresado a este reportero que esa vigilancia es mera simulación, en lo que al combate de la delincuencia y de dar protección a la población se trata.

Hace un poco más de un mes, por ejemplo, un grupo de militares ingresó a un jaripeo en Punta Maldonado, actos a los que suelen concurrir las familias; a decir de testigos, los militares «entraron como buscando a alguien, atropellando a la gente, lo que nos dio miedo».

También se han hecho denuncias sobre presuntas arbitrariedades cometidas por los policías estatales, como cuando en San Nicolás detuvieron a dos presuntos delincuentes, los cuales –según varios ciudadanos– no tenían delito, sino que fueron incriminados para aparentar que se está actuando para dar seguridad a la población.

Algo similar ocurrió en esta cabecera municipal en los días subsecuentes al crimen del secretario del presidente.

El domingo 24 de junio, un grupo de morenistas de las brigadas «caza-mapaches» fueron detenidos por militares que tenían un retén en San Nicolás: primero pasó la caravana del presidente-candidato (seis, siete camionetas), sin ser detenidos ni siquiera requeridos en lo mínimo; sin embargo, a los morenistas los bajaron de su camioneta y la sometieron a una minuciosa revisión.

Estos activistas políticos aseguran que la orden de detenerlos vino de García Cisneros (según una estrategia del gobierno estatal y municipal), quien viajaba en la primera camioneta de la caravana, con el afán de intimidarlos y de obstaculizar su paso en su persecución.

Momentos antes, la propia policía preventiva municipal que resguarda al equipo de campaña del presidente-candidato les había cerrado el paso en la carretera; esquivaron la patrulla, y luego el tesorero (Florentino Santiago Vargas) maniobró su camioneta para impedir que los morenistas lo rebasaran.

Eso ha llevado a varios ciudadanos a exigir que las corporaciones policiales y el Ejército dejen de actuar para intimidar a la población y de proteger o de favorecer al candidato-presidente de la coalición Transformemos Guerrero.

Temen que «el capricho» del presidente Constantino García Cisneros por reelegirse a toda costa pueda derivar en situaciones de mayor atropello de los derechos de los ciudadanos, como ha ocurrido, y piden directamente al gobernador del estado, Héctor Astudillo, que saque las manos de este proceso y ordene que las corporaciones estatales dejen de actuar en beneficio de aquél, además de conminar a las autoridades del Ejército para que hagan lo mismo.

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