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CRECE LA LISTA DE CANDIDATOS ASESINADOS

Rodrigo Salgado con Héctor Astudillo. [Foto tomada de Faccebook]

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Con la crisis de seguridad en la entidad, la lumbre parece estarle llegando a los aparejos al gobierno de Héctor Astudillo. El incremento de asesinatos de candidatos a puestos de elección popular y personajes políticos, llevó al mandatario estatal a anunciar acciones de seguridad para proteger a los contendientes electorales, pero se deslindó de la violencia que padece a diario al resto de la sociedad.

El 31 de junio fue asesinado el candidato a regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de San Marcos, Rodrigo Salgado Agatón, y se convirtió en el sexto asesinato contra personajes políticos en lo que va del 2018, mientras que en el 2017 se contabilizaron 19.

El político priista, ligado al grupo del candidato al Senado Manuel Añorve Baños, fue abatido afuera de un restaurante de Barra Vieja, en la zona rural de Acapulco, y según fuentes, como la ejecución del candidato a diputado local del PRI por el distrito 17 y exalcalde de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, ocurrida el 17 de mayo, ha provocado reacciones internas en ese partido en contra del gobernador Astudillo.

Y es que por primera vez las víctimas no sólo son opositores. Además del asesinato de los priistas Salgado Agatón y Montufar Mendoza, han ocurrido las del dirigente del Partido Encuentro Social (PES), Gabriel Hernández Alfaro, cometido el día 18 de enero; la precandidata del PRD por el Distrito 25 Antonia Jaimes Moctezuma, registrado el 21 de febrero; la aspirante priista a una candidatura por el Distrito 25 de Chilapa, Dulce Nayeli Rebaja Pedro, el 25 de febrero; el precandidato a la alcaldía de Zihuatanejo por el PRD, Homero Bravo Espino, el día 25 de febrero.

En el 2017 se contabilizaron 19 homicidios en contra de personajes políticos en el estado, entre ellos, el del presidente municipal de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, perpetrado el 28 de diciembre. El 9 de abril fue asesinado el exalcalde de Canuto Neri Roger Arellano. Diez días después en Chilpancingo, fue ejecutado el secretario general del PRD estatal, Demetrio Saldívar Gómez.

Además, desde el año pasado hay tres políticos desaparecidos, uno de ellos el subsecretario del Migrante y Asuntos Internacionales, Adolfo Vergara de la Paz; el delegado de Transportes, Juan Salgado de la Paz, y el jefe regional de las Preparatorias Abiertas, Tomás Flores Castillo.

La semana pasada, tras el asesinato del candidato a regidor del PRI-PVEM de San Marcos, Salado Agatón, el candidato del PRI a alcalde de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, calificó como lamentable el suceso, pues dijo que hechos como ese «desafortunadamente complican el escenario electoral».

Un día después, el viernes, el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, informó que 26 candidatos a diversos puestos de elección popular, cuentan con medidas de seguridad para evitar alguna agresión en su contra durante las campañas electorales.

Mientras tanto, el gobernador Héctor Astudillo declaró el sábado que su gobierno está proporcionando seguridad con dos policías estatales armados a cada uno de los 30 candidatos y candidatas que lo solicitaron.

Pero cuando los reporteros le preguntaron sobre la violencia y la inseguridad en general que a diario deja ejecutados por todas partes en el estado, el mandatario prácticamente evadió su responsabilidad. Respondió que éste es un asunto nacional y no local. «Qué más quisiera yo que no existiera», dijo.

Y en seguida, de nuevo en referencia a la seguridad que debe haber al proceso electoral anunció que en esta semana tendría una reunión en Chilpancingo en donde se constituirá formalmente el seguimiento de atención y de cuidado de los 28 órganos electorales, en coordinación con la Policía Federal, la Secretaría Defensa Nacional y la Marina, y se anunciará cómo cada quien va a colaborar para cuidar cada recinto donde habrá papelería electoral.

Si bien en el estado la violencia política se ha multiplicado y enciende focos rojos en la contienda electoral y es claro que las autoridades tienen que garantizar un clima de seguridad y paz para que el proceso avance sin riesgos ni contratiempos, también es su responsabilidad el resto de la población que sigue desamparada.

Este ambiente enrarecido sigue costando vidas no sólo entre los contendientes políticos, si acaso son los más visibilizados, pero las víctimas mayoritarias son la gente de a pie, y la clase política del estado es la responsable de lo que hoy acontece en nuestra entidad.

La sociedad es la que ha pagado caro las acciones impulsadas por los políticos mediante  la corrupción y la impunidad. Lo que pasa actualmente en el proceso electoral es consecuencia del mal gobierno de una clase política, independientemente de partidos, que hoy se duele.

La mayoría de los contendientes han dejado tirada su responsabilidad pública para subirse a la contienda electoral en busca de cargos de mayor nivel o por su reelección.

El escenario de Guerrero está marcado por una violencia generalizada y el mismo mapa del estado aparece con focos rojos en las siete regiones por los hechos de violencia que se han suscitado en los últimos nueve meses.

Pero los focos rojos seguirán encendiéndose si la clase política sigue estableciendo alianzas con los grupos del crimen organizado que de alguna manera son las que están influyendo en las campañas electorales.

Muchos de los políticos siguen apostándole a estas alianzas con el crimen organizado para satisfacer sus ambiciones personales y son los responsables no sólo del incremento de las ejecuciones de candidatos y personajes políticos, sino de la violencia generalizada que padece la sociedad a la que el gobernador Héctor Astudillo Flores pretende darle la espalda sólo para proteger a una clase política corresponsable de que le violencia, ahora sí, le esté llegando a los aparejos.

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