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EL TUFO ELECTORAL DE LA RENUNCIA DEL FISCAL

El exfiscal Olea. Fiasco. [Foto: José Luis de la Cruz]

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Cuando Javier Olea Peláez fundamentó su solicitud al Congreso local como aspirante a la Fiscalía General del Estado (FGE), destacó que tiene los conocimientos suficientes y la experiencia necesaria para resolver cualquier situación que se le presente; aseguró también, entonces, que siempre ha resuelto «con éxito» los asuntos graves que se le han encomendado.

El ahora exfiscal presumió en su documento un perfil envidiable: maestro en criminología, egresado de Trinity College, Cambridge, Inglaterra; licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; más de 40 años de experiencia en el litigio penal, y condecorado por los gobiernos de Brasil, Hungría, España, Francia y Japón, solo por citar algunos datos del currículum que entregó a los diputados.

No lo dijo, pero en sus 40 años de servicio asumió la defensa de los controvertidos casos de Raúl Salinas de Gortari cuando fue acusado de mandar matar al exgobernador de Guerrero José Francisco Ruiz Massieu, así como la del exalcalde priista de Tlapa Willy Reyes, señalado como autor intelectual del asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su chofer en 2011.

El hijo del exgobernador Javier Olea Múñoz, asumió el cargo de fiscal el 10 de diciembre del 2015, según se supo entonces, apadrinado por el grupo político del ahora candidato del PRI a la senaduría Manuel Añorve Baños.

Dos años y cuatro meses después, el 25 de abril pasado, Olea Peláez presentó su renuncia al cargo en medio de la grave crisis de violencia e impunidad en Guerrero. Pero no fue por eso que renunció, pues la situación de Guerrero no le provocó jamás un atisbo de rubor o pena al abogado y maestro en criminología. Fue, dicen algunos actores políticos, por mera rentabilidad electoral.

Un estudio realizado por la organización Impunidad Cero, ubicó a la fiscalía de Guerrero en el 2017 en el último lugar del país en cuanto a su índice de desempeño con un 29.6 por ciento, así como el 12.2 por ciento en cuanto al incumplimiento en la aplicación de órdenes de aprehensión, lo que indicó que la estimación de que se esclareciera un delito en Guerrero es del 0.89 por ciento.

Sin embargo, los resultados del estudio, a pesar de que fueron desastrosos porque reflejaron el grado de impunidad en un estado que, además, ocupa los primeros lugares de violencia y de homicidios dolosos a escala nacional, no hicieron mella. El gobernador Héctor Astudillo Flores lo mantuvo en el cargo, con lo que evidenció desinterés y negligencia para resolver dos de los graves problemas que padecen los guerrerenses: la violencia y la impunidad.

Los resultados de Impunidad Cero no podían ser otros con un fiscal que lejos de atender la investigación de los delitos, los polemizó y los controvirtió con el propósito de distraer la atención a fin de que los casos se diluyeran en vez de esclarecerlos y los responsables quedaran impunes.

En sus dos años cuatro meses al frente de la FGE, Olea Peláez siempre estuvo en el centro de la polémica por sus declaraciones controversiales que fueron una característica desde que llegó a la dependencia.

Uno de los conflictos que abrió fue el del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco, al que Olea calificó como el El Tequilero número 1; sin embargo, no lo detuvo.

El conflicto lo abrió luego de que aseguró que el agente del Ministerio Público que consignó la averiguación y la juez que libró la orden de aprehensión contra el diputado priista Beltrán Orozco, por homicidio, le dijeron que fueron amenazados por el crimen organizado, aunque aclaró que él cree que más bien recibieron dinero.

En respuesta, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, declaró que no tenía elementos para confirmar lo dicho por el fiscal Olea Peláez.

«No sé de dónde sacó el fiscal esas aseveraciones», declaró a El Sur el magistrado y agregó que el TSJ «no es servilleta de nadie para que quieran limpiarse las manos con él».

La polémica había comenzado el 29 de enero del año pasado, 20 días después de que una jueza libró la orden de aprehensión contra el diputado priista, y Olea Peláez reconoció que el diputado enfrentaba una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Pero argumentó que Beltrán no podía ser detenido porque tiene fuero constitucional, y que la jueza de primera instancia que autorizó la orden de captura y el MP del fuero común que integró la acusación cometieron «un error», porque debieron solicitar al Congreso local el juicio de procedencia para desaforar al legislador.

A raíz de ese «error», como lo llamó el fiscal, el 15 de febrero el diputado Saúl Beltrán solicitó al Congreso suspender el juicio de procedencia que se inició para desaforarlo, porque dijo que podría generarse una controversia si el Poder Judicial declaraba anticonstitucional la orden de aprehensión en su contra, porque no se cumplió el procedimiento que establece la ley.

 

«Vamos a darle pa’
bajo al Tequilero»

 

Otro conflicto fue el que armó en el caso de El Tequilero. El 23 de noviembre, Olea Peláez estuvo en San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán. Allí, una semana antes el grupo criminal Los Tequileros, que encabeza Raybel Jacobo Almonte, había secuestrado a 10 vecinos de esa localidad.

El fiscal, que acudió para atender el caso, les dijo a los familiares de las víctimas y a los vecinos que la orden que llevaba del gobernador Astudillo Flores no era detener al líder criminal, sino «acabarlo, darle pa’bajo».

En seguida, se dirigió a los agentes ministeriales que conformaban el equipo en contra del grupo criminal. «Vamos a demostrarles que la (Policía) Ministerial de Guerrero es honesta, y vamos a sacar adelante este trabajo. No quiero bajas de ustedes, quiero una sola baja: a él (El Tequilero) y ya, porque tiene asolada esta región de la Tierra Caliente», les dijo.

Pero el 28 de noviembre, el gobernador Astudillo negó haber ordenado ejecutar al líder criminal Jacobo Almonte. «En otras palabras, hay que detenerlo, procesarlo y, por supuesto, hay que bajarlo de la sierra. No otra cosa. Ya las interpretaciones corren al gusto de cada quien», aclaro Astudillo Flores.

El 28 de diciembre Olea Peláez visitó San Miguel Totolapan y cambió su declaración. Dijo que la intención de la operación policiaca era «detener» al Tequilero, no «acabarlo» ni tampoco «darle pa’ bajo».

 

López Rosas «ordenó» el ataque
a los normalistas en la Autopista

 

El fiscal Olea también se confrontó por sus declaraciones con el exprocurador Alberto López Rosas. El 13 de diciembre de 2016, el fiscal arremetió contra el entonces asesor del alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez. Acusó a López Rosas de ordenar el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, en el desalojo en la Autopista del Sol, donde fueron asesinados los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Lo acusó de haber intervenido para que se integrara de manera deficiente la averiguación correspondiente a esos hechos, para obtener «protección federal» y manipular las pruebas que existían en su contra.

Pero el exprocurador denunció que las acusaciones de Olea Peláez en su contra, violentaron sus derechos humanos, por lo que el 9 de enero pasado presentó una queja ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) contra el fiscal Olea, en la que exigió al fiscal una disculpa pública y que se retracte de esas acusaciones.

Otra confrontación de Olea Peláez fue con el exfiscal para delitos graves de la FGE, José Fernando Monreal Leyva, a quien el 21 de agosto de 2016 acusó en un desplegado de que en el caso del asesinato del diputado perredista Armando Chavarría Barrera incumplió su obligación de investigar, lo que, dijo, dio lugar a que no se garantizara «un debido proceso jurídico» y que incurrió en un «entorpecimiento doloso» en las investigaciones.

Al día siguiente, Monreal Leyva se dijo «sorprendido» del señalamiento del fiscal en su contra y adelantó que pediría información sobre su situación jurídica.

El 5 de septiembre del 2016, Monreal Leyva obtuvo el amparo 992/2016 del Juzgado Décimo de Distrito, en el que solicitó su protección por las acusaciones que le formuló el fiscal Javier Olea, y a través del juzgado federal solicitó a la fiscalía información de su situación jurídica.

De hecho, Olea Peláez llegó a la FGE en medio de una polémica por las críticas debido al conflicto de intereses que implicaba su cargo, pues él fue el abogado del ex alcalde priista de Tlapa, Willy Reyes Ramos, actualmente preso por el homicidio del diputado federal priista Moisés Villanueva de la Luz y su chofer.

El homicidio de Villanueva de la Luz y de su asistente, Eric Estrada Vázquez, ocurrió en septiembre de 2011. Willy Reyes enfrentó un juicio de desafuero en el Congreso, a solicitud del entonces procurador López Rosas, pero el Congreso nunca procedió, y Reyes Ramos terminó su mandato como alcalde y se dio a la fuga.

El 4 de enero de 2015, el fiscal Olea informó que el exalcalde de Tlapa Willy Reyes Ramos tenía vigente su orden de aprehensión, por lo que advirtió que iría tras él para presentarlo frente al juez.

Olea incumplió, no fue tras Willy Reyes para detenerlo; fue éste quien se entregó voluntariamente el 11 de enero pasado, según reveló el padre del exalcalde tlapaneco, con la condición de que enfrentara un juicio justo.

Antes de que Olea fuera designado fiscal en diciembre del 2015 por el Congreso local, el despacho Olea y Olea Abogados emitió un comunicado en el que informó que «a efecto de no tener ningún conflicto de interés» renunció a la presidencia de la sociedad civil.

Es menester mencionar que en unión de Xavier Ignacio Oléa Peláez, decidieron unirse a «su valiente proyecto» y apoyarlo como funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, los licenciados José Antonio Bonilla Uribe, Edgar Enrique Vaca Durán y Juan Manuel Méndez Arroyo, «quienes de igual forma han dejado de prestar sus servicios profesionales a nuestra firma».

Sin embargo hoy se sabe que muchos de los casos que trabajó la FGE en el periodo de Olea Peláez, fueron litigados desde el despacho Olea y Olea Abogados, que quedó a cargo de los hijos de Olea Peláez. Incluso, ahora mismo Olea Peláez no se ha ido de la Fiscalía, sigue ordenando a través de Bonilla Uribe, gente de su confianza e integrante del mismo despacho de su propiedad.

Olea Peláez no sólo fue omiso, incapaz e incompetente en la FGE; fue falso de principio a fin. El gobernador Astudillo Flores siempre lo supo, pero lo mantuvo por conveniencia política, por encima del interés y el derecho a la justicia de los guerrerenses. Y si el 25 de abril lo removieron no fue en un afán de que las cosas cambien, sino por rentabilidad electoral. Los familiares de las víctimas que se jodan.

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