O P I N I ó N

ATARANTADOS

José María Hernández Navarrete

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Las vacaciones de primavera ya iniciaron. Es el momento de que las autoridades estatales declaren que los centros de recreo en Guerrero están blindados contra la inseguridad y la violencia criminal; y para ello se ha dispuesto de cinco mil 500 elementos de las Fuerzas Armadas y Federales que se ubicarán a lo largo y ancho de la entidad suriana. Esto ha sido motivo de jactancia, porque las autoridades locales consideran que la Federación está pendiente y preocupada por los sucesos vinculados al crimen organizado y la inseguridad pública que esto ocasiona. Pero lo cierto es que en el estado vecino de Michoacán han puesto nada menos que a 10 mil efectivos para garantizar la seguridad de los michoacanos.

Si se consultan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, Guerrero ocupa el segundo lugar, después de Baja California, con 415 homicidios entre enero y febrero. En estas circunstancias los empresarios que han hecho inversiones en el territorio guerrerense tienen toda la razón de estar, cuando menos, disgustados por la falta de eficiencia de las actuales autoridades estatales que no han disminuido la tasa de víctimas que, en su mayoría, se debe a la violencia por el trasiego de las drogas y el narcomenudeo que resulta un grave problema de salud pública porque conlleva a aumentar el número de adictos principalmente entre la juventud, dado que este es un sector social altamente vulnerable.

En común que las declaraciones de los funcionarios estatales, en particular el secretario estatal de Turismo, de que la inseguridad pública, que se traduce en extorsiones, cobros de piso, secuestros exprés o virtual, etcétera, principalmente dirigidos a los comercios, no afecta el turismo ni los negocios. Sin embargo, este tipo de declaraciones sólo buscan justificar el trabajo por el que se les paga con dineros públicos, porque basta con recorrer la Costera Miguel Alemán para observar que hay una infinidad de locales cerrados; muchos, seguramente, por la competencia entre los negocios del mismo giro comercial; otros, por la falta de capitalización que puede deberse a dos causas: una, a la falta de clientes compradores; y, dos, no los hay porque cubren obligaciones ilegales con cualquiera de los grupos delincuenciales. ¡Claro! En el recorrido se observará que a determinada hora de la tarde-noche en la Costera Alemán ya casi no hay personas que circulen y los negocios abiertos cuentan con pocos consumidores.

El Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) no desconoce lo que sucede en la ciudad y puerto de Acapulco. Conoce la operatividad de los grupos delincuenciales y de los cárteles. Aquí, por el momento, se trata de diferenciarlos, porque los primeros, son desprendimientos de un cártel cuyo líder o cabeza de grupo ha sido detenido o muerto. Al momento, la diáspora explota con el surgimiento de varios grupos que se transforman en enemigos mutuos, que habrán de exterminarse entre ellos por la pelea de los espacios físicos o territoriales. Los cárteles son los grandes grupos que cuentan con estructura organizacional, infraestructura y recursos económicos; cuentan, además, con las relaciones públicas necesarias en el aparato gubernamental, porque lo ha infiltrado por medio de la corrupción; y los cooptados terminan en la nómina delincuencial.

Además, el GCG se ha negado a reconocer que el crimen organizado considera todo el circuito de las drogas estrictamente como un negocio y que ofrece a los consumidores un producto de calidad. Entonces, en paralelo, tiene una gran ventaja sobre las autoridades. En este espacio se ha señalado constantemente y este es la flexibilidad de su organización interna y del ejército de jóvenes con los que cuenta, puesto que este es un activo renovable y que se encuentra entre los ninis y los más pobres del estado. La flexibilidad criminal es una desventaja para el gobierno. Porque si el gobierno sigue tratándolo como si fuera un simple grupo y, además, las decisiones para combatirlo se toman burocráticamente y tardías, por lo tanto, téngase la certeza que nunca solucionarán el problema de la inseguridad pública. Recuérdese que la segunda detención de El Chapo Guzmán por la Policía Federal fue fortuita, cuando menos eso fue lo que informaron en su momento. Las autoridades no imaginaban a quién habían detenido, tuvieron que consultar a los organismos de Estados Unidos para verificar y tener la certidumbre de quién estaba en un cuarto de un hotel de paso. La burocracia que lucha contra el crimen siempre estará en desventaja.

Es más, las autoridades, principalmente las fiscales, no investigan los fondos financieros ni las empresas por donde canalizan y hacen las operaciones para el lavado de dinero. Las autoridades no desconocen las propiedades de los cabecillas de las diferentes agrupaciones criminales. Sólo aparecen cuando se da alguna coyuntura, como la electoral de este momento, que se detiene algún criminal, pero no es el pez gordo, sino un charalito, pero al que se da una propaganda de la gran eficacia de los aparatos de seguridad en el combate a las drogas. Pura faramalla.

La inseguridad no es exclusiva de Acapulco, está en todas partes de Guerrero. Los empresarios organizados en el sindicato denominado Consejo Coordinador Empresarial le exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que detenga urgentemente la violencia criminal que se vive en el país, la cual puede extenderse al proceso electoral actual. Desde luego, en el proceso para elegir Presidente de la República no debe descartarse la intromisión del crimen en la designación de los candidatos a los puestos de elección popular porque significaría la infiltración en las instituciones del Estado mexicano. Aquí en Guerrero, Acapulco y Chilpancingo, Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo que ha habido una profunda regresión en el estado de derecho en el presente sexenio. Mientras que el nuevo presidente de la Coparmex de Acapulco, expresó que la corrupción y la opacidad son los grandes retos que enfrentarán los próximos gobernantes y que promoverá el fortalecimiento del sistema anticorrupción estatal como parte de la agenda en Guerrero.

La Coca-Cola en Ciudad Altamirano cerrará ante las agresiones y amenazas de grupos delincuenciales. Ha habido tiroteos, ataques armados y el último un enfrentamiento entre elementos de la Gendarmería y sicarios en las instalaciones de la distribuidora. Se perderán 165 empleos con el cierre. El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que habló con la empresa Coca-Cola Femsa y que se reunirán para «tratar que las cosas vuelvan a su estado normal con todo el apoyo y respaldo de la Federación y el Gobierno del estado». ¿Cómo? Si las circunstancias y con las estrategias siguen como ahora, pues téngase la convicción de que nada se resolverá. Es decir, o pone Astudillo un piquete de policías en las instalaciones de la Coca-Cola de manera indefinida o arma a los trabajadores para una eventual defensa propia o le pone a cada uno de los empresarios y empleados de confianza su propio equipo de seguridad personal o sencillamente deja que el tiempo pase y el polvo del olvido sepulte a los empresarios y trabajadores y familias (esposa e hijos). Entonces, ¿para qué sirve el mapa de riesgos? ¿No es una herramienta que todas las instituciones involucradas en la seguridad pública deben conocer y operar coordinadamente? O ¿no hay ningún Pacto de Seguridad por Guerrero? O ¿fue una ocurrencia de su II Informe?

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