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Zotoltitlán:

CONFLICTO IGNORADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Conflicto en Apango. Tinte trágico. [Foto: Trinchera]

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En Guerrero, las autoridades fijan sus prioridades en función de su visión de que hay guerrerenses de primera y de segunda. Para los primeros, se centra toda la atención del Gobierno, son los privilegiados. Los segundos, viven y resuelven sus problemas como pueden, en medio del vacío de la autoridad.

En el gobierno de Héctor Astudillo, los ciudadanos de primera y de privilegio son los turistas, los empresarios, los políticos que buscan cargos de elección popular de todos los partidos, las empresas mineras extranjeras, a quienes se les destinan y diseñan operaciones policico-militares, mapas de zonas de riesgo, recomendaciones para evitar la violencia y hasta acompañamiento en materia de seguridad.

En cambio, los ciudadanos de segunda, que viven en la orfandad gubernamental, alejados de la mano de la autoridad y que, por ende, resuelven sus problemas a su modo, son las comunidades indígenas asediadas permanentemente por grupos criminales, que asesinan, desplazan a pueblos enteros o los desaparecen.

En otros casos, son víctimas de autoridades municipales corruptas que los engañan y los defraudan con la protección, complicidad o el visto bueno de autoridades del gobierno estatal, el congreso local o los órganos de fiscalización.

Este es el caso de la comunidad de Zotoltitlan, municipio de Mártir de Cuilapan, que tiene su cabecera en Apango, donde el abandono, la negligencia y la omisión del Gobierno fue la causa de dos asesinatos el 22 de marzo, el del ex comisario municipal Ricardo Fiscal Estrada y su hijo de apenas 18 años de edad, Ricardo Fiscal Saltillo.

El origen del doble crimen, al parecer (porque aún no hay resultados de las investigaciones) es el conflicto por el agua potable que enfrentan pobladores de esa localidad con los de Apango.

Los pobladores de Zotoltitlán cerraron las válvulas de la red de agua a los de Apango el 22 de marzo en protesta porque los gobiernos estatal y municipal incumplieron con una minuta de acuerdos y compromisos de obras firmada desde febrero del 2016.

Mientras que la gente de Apango, en respuesta, bloqueó la carretera a partir del 11 de marzo, sin que por ello interviniera alguna autoridad para evitar la confrontación violenta entre los dos pueblos. Las autoridades dejaron el conflicto a la deriva, para que lo dirimieran solos.

Zotoltitlán es una comunidad nahua situada a unos 20 minutos al oriente de Apango, la cabecera municipal. La carretera por la que se llega, también comunica a la comunidad de La Esperanza, del mismo municipio, y de allí a Zitlala, una de las zonas que se disputan los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.

Al cierre de la edición, los pobladores de Zotoltilán habían cumplido 22 días con el corte del agua a los habitantes de Apango, y éstos, a su vez, habían cumplido 13 días con el bloqueo a la carretera de Zotoltitlán.

Previo a la protesta de los primeros, el 24 de febrero, irrumpió un grupo de unos 25 hombres armados que recorría las calles y pretendía asumir el control del pueblo. Los habitantes aseguraron que desconocen a qué grupo criminal pertenecen, pero creen que llegaron en represalia por su exigencia que empezaban a hacer a los gobiernos municipal y estatal para que les cumplieran con la minuta de acuerdos que firmaron en febrero del 2016.

En una reunión de unas 500 personas la mañana del 7 de marzo, el comisario municipal Sabino Sevilla Rodríguez expresó que tenían sospechas de que los hombres armados que habían llegado a la comunidad y que comenzaban a realizar patrullajes en las calles, fueron enviados por la presidenta municipal Felícitas Muñiz Gómez para que amedrentaran al pueblo y dejaran de organizarse.

 

Antecedentes

 

El 27 de febrero del 2016, la alcaldesa Muñiz Gómez, que llegó a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano (MC); el subsecretario para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, y el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, en ese tiempo asesor del gobernador, se reunieron en el terreno donde se encuentra al manantial de agua que surte a los pobladores de Apango, con unos dos mil habitantes de Zotoltitlán, y firmaron la minuta de acuerdos, a cambio del agua que surte su núcleo agrario a los habitantes de la cabecera municipal.

Entre los acuerdos firmados está el arreglo de la iglesia, la rehabilitación e iluminación del campo de futbol cercano al manantial, la terminación de la pavimentación de la carretera Apango-Zotoltitlán, la pavimentación de las calles principales del pueblo, Ignacio Manuel Altamirano y Juan Álvarez.

Asimismo, la rehabilitación y reconstrucción de escuelas. Se comprometieron, además, a gestionar la instalación de una preparatoria popular de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a introducir el drenaje en el barrio de San Lucas y en la calle Allende, así como a instalar una red eléctrica de un kilómetro y medio en la colonia San José, así como 150 metros en la calle de la salida hacia la comunidad de La Esperanza.

Los habitantes de Zotoltitlán también demandaron en esa reunión la ampliación y remodelación del centro de salud, la autorización de un médico y una enfermera de manera permanente, así como la autorización del emplacamiento y el número económico de la ambulancia.

Ese día, pidieron a las autoridades estatales y municipales la instalación de un módulo permanente de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado, y solicitaron una camioneta en comodato para habilitarla como patrulla para la vigilancia de seguridad en la comunidad.

En la minuta de acuerdos se estableció que los compromisos son una «contraprestación por el servicio y mantenimiento del manantial y la red que suministra el agua a la cabecera municipal», por lo que los pobladores se comprometieron a suministrar «de manera permanente» el servicio de agua potable para Apango.

Sin embargo, dos años después el gobierno del estado y el Ayuntamiento incumplieron con todos los compromisos y acuerdos firmados, y el 13  de febrero, el comisario municipal Sevilla Rodríguez y una comisión de ciudadanos encabezados por Floríbero Vidal Coxtle, enviaron un oficio al gobernador Héctor Astudillo Flores, en el que le expusieron que «a casi dos años de la omisión o incumplimiento, hemos decidido en asamblea general que de nueva cuenta a partir del 18 de febrero llevaremos a cabo el corte definitivo de agua y así lo mantendremos hasta en tanto haya cumplimiento».

También le informaron que el 23 de diciembre pasado eligieron como comisario a Sabino Sevilla Rodríguez, pero que como no coincide políticamente con la presidenta municipal Felicitas Muñiz Gómez, quien intenta reelegirse en el cargo, ésta estaba promoviendo el desconocimiento del comisario, «lo que no permitiremos porque es voluntad del pueblo», le advirtieron al gobernador en el escrito.

Después, en su reunión del 7 de marzo, el comisario municipal recibió el respaldo de cientos de vecinos frente a la comisaría, y denunció que después del reclamo a la presidenta municipal y al gobierno del estado por el incumplimiento de la minuta de acuerdos, el 24 de febrero entró al pueblo el grupo de unos 25 hombres que portaban armas de grueso calibre y que en camionetas o a pie comenzaron a «patrullar» en las calles, amedrentando a los habitantes.

Dijo que actuaban tan temerariamente que hasta le pidieron que se reuniera con ellos junto con sus comandantes de la policía de la comisaría en una parte elevada, afuera del pueblo, pero que él se impuso y los citó en la comisaria municipal. Informó que allí le dijeron que no tenían intenciones de agredir a los pobladores, pero que él trabajara en coordinación con ellos, a lo que se negó.

En respuesta a lo que tomaron como amedrentamiento, los pobladores cerraron el 2 de marzo las válvulas de la red de agua que surte a Apango para presionar y emplazar a la presidenta municipal, así como al subsecretario Martín Maldonado, a que regresan a dialogar los términos de la minuta de acuerdos que firmaron en el 2016.

Sin embargo, vía telefónica, el subsecretario Maldonado del Moral les dijo que la presidenta municipal no puede ser citada porque es la máxima autoridad en el municipio y se comprometió a subir él tres días después e invitar a la alcaldesa. Sin embargo, los pobladores estuvieron esperando y no llegó nadie.

Por ello a partir del 3 de marzo, los pobladores también instalaron retenes en las entradas de la comunidad. Algunos de los pobladores participaron armados en estos bloqueos. El argumento fue que tenían temor de que regresara el grupo armado.

El 7 de marzo, los habitantes denunciaron que en respuesta a sus acciones, el Ayuntamiento, a través del apoderado legal Porfirio Reyes Muñoz, presentó una demanda penal en contra del comisario Sabino Sevilla y del líder Floriberto Vidal, a quienes acusó de mantener «secuestrado al pueblo» y los responsabilizó del corte del agua a los habitantes de la cabecera municipal.

A Floriberto lo acusó, además, de «abuso de confianza», porque dijo que se quedó con un dinero del Ayuntamiento, pero según el dirigente, en la demanda no se especificó la cantidad ni el concepto del dinero que supuestamente recibió. Aseguró que él nunca ha trabajado en  el Ayuntamiento y que no sabe de dónde sacó la alcaldesa que se quedó con un dinero.

En cambio, acusó a la alcaldesa de ser la responsable de un atentado del que resultó herido en abril del año pasado en la carretera Apango-Zotoltitlán. «Intentaron matarme, y yo, que sepa, no tengo problemas con nadie. Ella, al contrario, me debe mucho por lo que hice junto con mi gente para ir a sentarla al Palacio Municipal», refirió.

Después de la reunión, los pobladores se trasladaron a media hora de camino, donde se encuentran las válvulas que mantienen cerradas para impedir que pase el agua hacia Apago.

Los habitantes informaron allí que son ellos los que realizan la limpieza, los que dan mantenimiento a los depósitos, los que apagan los incendios y los que han reforestado la zona para evitar la deforestación y evitar que disminuya el manantial.

Se quejaron que, mientras tanto, a los pobladores de Apango nomás les llega el agua, y que el Ayuntamiento ahora se niega a pagar por el servicio y tampoco les quiere realizar obras a pesar de que es su obligación como autoridad municipal.

Fue en esa zona donde se encuentra el manantial y las válvulas de la red que surte de agua a la cabecera municipal y que tienen cerradas desde el 2 de marzo donde el jueves 22 los pobladores de Zotoltitlán fueron atacados por integrantes de un grupo armado. En el ataque, murió el ex comisario municipal Ricardo Fiscal Estrada y su hijo Ricardo; además, otros dos pobladores fueron agredidos a golpes y abandonados amarrados por los agresores en la misma zona.

En el doble homicidio hay negligencia, omisión y el abandono de las autoridades. El 27 de enero, una comisión de vecinos de ese lugar encabezados por el comisario municipal Sabino Sevilla denunció en conferencia de prensa en esta capital la presencia en ese pueblo del grupo armado de al menos 25 hombres que los asediaba y que realizaban recorridos por las calles y pretendían asumir el control del pueblo.

Entonces, el comisario municipal Sevilla Rodríguez demandó a los gobiernos del estado y federal que enviaran fuerzas de seguridad para resguardar al pueblo, pero no fue atendida su petición.

Después, en la reunión el 7 de marzo los habitantes de la localidad denunciaron que la presidenta municipal Muñiz Gómez «mal informó» al gobierno estatal, al que notificó que no era verdad la presencia de ese grupo armado.

El jueves, tras el doble asesinato, vecinos de Zotoltitlan denunciaron que la violencia es consecuencia del conflicto por el agua que no han querido resolver los gobiernos estatal y municipal.

Uno de los voceros insistió en que lo único que piden para que abran las válvulas de la red de Apango, que es lo que ha originado el conflicto, es que cumplan con la minuta de acuerdos en la que se comprometieron a realizar obras en ese pueblo.

Pero la respuesta no se ha dado. Y es que para las autoridades hay prioridades y los pobladores de Zotoltitlan no son guerrerenses de primera, no son los privilegiados de este gobierno. Que resuelvan sus problemas como puedan, ante la negligencia y el vacío de la autoridad.

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