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Zacarías Cervantes

LA GUERRA MEDIÁTICA DEL GOBIERNO ESTATAL CONTRA LA INSEGURIDAD

Héctor Astudillo y José Francisco Terán. Anuncios. [Foto: Trinchera]
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El gobierno de Héctor Astudillo Flores quiere convencer a los guerrerenses, con declaraciones medáticas, de que está trabajando para resolver el problema de la violencia. La semana pasada anunció con bombo y platillo dos acciones más, que poco entusiasmaron a los sectores sociales afectados por la violencia, sobre todo en Chilapa, donde han caído aspirantes a cargos de elección popular y políticos de oposición.

Para Chilapa y municipios vecinos, Astudillo Flores volvió a anunciar un operativo más, compuesto por 500 militares, como si el problema fuera la falta de soldados y policías y no la impunidad, protección y de connivencia de las autoridades con el crimen organizado.
Otra de sus acciones fue la elaboración de un mapa de zonas de riego, entregado a algunas de las dirigencias de partidos políticos, en el que se indica en qué lugares no pueden realizar proselitismo con seguridad, por la violencia, como si los actores políticos y los guerrerenses desconocieran lo que se vive a diario. Y lo peor, las autoridades en vez de cumplir con su responsabilidad y actuar contra los delincuentes para garantizar seguridad a los ciudadanos, mejor les sugieren por dónde no deben transitar con seguridad y confianza.

El comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle, anunció el miércoles de la semana pasada el reforzamiento de la seguridad en esa ciudad de la Montaña Baja mediante la Operación Chilapa, en la que, dijo, participarán 500 soldados del 78 Batallón de Infantería provenientes de la Ciudad de México, junto a policías estatales y ministeriales que llegaron esa misma tarde a Chilapa.

En tanto que el jueves, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que la llegada de 500 soldados es para reforzar la seguridad en los municipios de Chilapa e impedir que grupos criminales decidan en lugar del pueblo quiénes deben ser sus representantes en los cargos de elección popular.

Para el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa Salvador Rangel Mendoza, no es con más militares como se va a resolver el problema de la violencia en lugares como en Chilapa, sino con una labor de más inteligencia.

 «Chilapa es una ciudad blindada por tanto militar, policía federal y policías estatales; entonces, por qué sigue habiendo esos disturbios y asesinatos. Yo creo que el mal está dentro; ellos (los delincuentes) ya están dentro. ¿O habrá alguien que les abre la puerta y se las cierra», preguntó sarcástico.

El obispo opinó que si así están las cosas, más militares no es la solución. «Ellos se dedican sobre todo a controlar a las personas que van, que vienen y que entran por la carretera, pero hay otros caminos, hay cerros por donde pueden entrar», dijo.

Sin embargo, insistió que si el gobierno quisiera, ya hubiera solucionado el problema, «porque, como dijo una vez el gobernador en Acapulco, sabemos quiénes son y donde están. Yo creo que acá, en Chilapa, también saben quiénes son y donde están».

Mientras tanto, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, declaró que la militarización no es la solución al problema de la violencia en Chilapa, y lamentó que al gobernador sólo le preocupe blindar el proceso electoral a raíz del asesinato de las dos exaspirantes del PRD y del PRI a la diputación local.

Olivares se quejó de que los gobiernos federal y estatal le siguen apostando a la militarización del estado a pesar de que se ha visto que es una estrategia fallida porque no resuelve el problema de la violencia. Declaró que la presencia de los militares sólo es para inhibir a los delincuentes y no para detenerlos.

«Es indignante que el gobierno le siga apostando a la fuerza de las armas sin ninguna efectividad. Esta estrategia de militarización tiene que ver más con el control social no por el control de la delincuencia», acusó el defensor de derechos humanos.

En tanto, el presidente del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, explicó que el problema es que el Ejército no detiene a los cabecillas de las bandas del crimen organizado, y que su presencia solamente es para inhibirlos y se quejó que tampoco desarma a las llamadas policías comunitarias, que en el caso de Chilapa están vinculadas con bandas criminales como la de Los Ardillos.

Y luego denunció que no lo hacen porque las organizaciones criminales de alguna manera han penetrado hasta a instituciones defensoras de derechos humanos y que éstas salen en  defensa de las llamadas policías comunitarias que tienen vínculos con las bandas del crimen organizado y también se pronuncian en contra de la militarización.

Por otra parte, el 28 de febrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó de una reunión con presidentes de partidos en la que les entregó un mapa de zonas de riesgo por la violencia en el estado, el cual, dijo, también se haría llegar a todos los candidatos que contienden por un cargo en el proceso electoral.

«Hay que hacerlo llegar a todos los que sean candidatos o precandidatos, a efecto de que conozcan nuestra realidad en este momento por las que atraviesa el estado de Guerrero», dijo el gobernador.

Sin embargo, el mapa de riesgo elaborado por el gobierno del estado, fue entregado sólo a algunos dirigentes de partidos políticos. Los dirigentes del PRD y Morena se rehusaron a recibirlo.

El citado mapa de riesgo divide a Guerrero en tres zonas de alto, medio y bajo riesgo. En total son 18 municipios identificados como de alto riesgo, 17 como de medio riesgo y 46 de bajo riesgo.
Algunos de los 18 municipios señalados como de alto riesgo son Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Mochitlán, Quechultenango, Tixtla, Copanatoyac, Pilcaya, Tetipac, Acapetlahuaya, Ixcapuzalco, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Zirándaro, Coahuayutla, Zitlala, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán.

En respuesta, la candidata del PRD al Senado, Beatriz Mojica Morga, lamentó la iniciativa del gobierno del estado, pues dijo que la elaboración de un mapa de riesgo en Guerrero sólo demuestra que el gobierno del estado está rebasado por la delincuencia organizada.

«Con la elaboración de un mapa de riesgo para que los candidatos conozcan qué lugares son peligrosos y se abstengan de visitarlos durante las campañas electorales en Guerrero, el gobernador acepta que su gobierno ha fallado a los guerrerenses y que los lugares en los que no nos garantiza seguridad, alguien más los gobierna», manifestó la perredista.

Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Ricardo Barrientos, advirtió que el documento más bien podría tener la finalidad de amedrentar y limitar a los partidos políticos y a la ciudadanía durante el proceso electoral, y a no realizar campaña en los territorios señalados.

«Es lamentable que lejos de que el gobierno ofrezca una propuesta de cómo reducir la incidencia delincuencial y de riesgo, simplemente nos diga algo que ya sabemos, sobre todo quienes hacemos trabajo político en Guerrero, pues tenemos el contacto con todos nuestros aspirantes en la entidad y sabemos las complicaciones que esto tiene», reciminó el perredista.

El dirigente estatal del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva, opinó que el gobierno del estado mejor debería hacer propuestas para combatir el problema de la inseguridad y dijo que, mejor, se les debe dar garantía de seguridad a todos los ciudadanos no sólo a los candidatos, y que los ciudadanos deben tener la certeza de que pueden transitar libremente y regresar a sus casas con confianza.

En efecto, las respuestas mediáticas y sin efectividad para frenar de fondo el problema de la violencia, evidencian el fracaso de un gobierno que prometió orden y paz, y que a dos años y medio no lo ha logrado.

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