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Eduardo Yener Santos

GUERRERO: ELECCIONES BAJO EL SIGNO DEL NARCO

Ranferi Hernández. Caso paradigmático. [Foto: Yener Santos]
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A menos de un mes del arranque formal de las campañas electorales para los comicios del 1 de julio, en Guerrero han sido asesinados alrededor de 14 dirigentes políticos, nueve de ellos, precandidatos visibles para contender por un cargo popular.

Guerrero es uno de los cuatro estados del país que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) han identificado como zona de riesgo para las elecciones 2018.

La respuesta del gobierno estatal a esta categorización, consistió en entregar a los partidos políticos un mapa de riesgo, que el PRD consideró una forma de amedrentar a los partidos para que no hagan campaña en ciertos territorios, y una evidencia que de el gobierno estatal no tiene propuesta concreta para combatir la inseguridad y garantizar la elección.

Este año, México tendrá un proceso electoral para elegir tres mil 406 cargos públicos, entre ellos, el presidente de la República, nueve gobernadores, 128 senadores, 500 diputados federales, dos mil 768 diputados locales, así como alcaldes y regidores. Todos ellos serán electos por 87 millones 895 mil 313 ciudadanos, según datos del INE.

La elección tendrá lugar en un contexto de violencia e inseguridad, en al menos cuatro estados del país que el INE tiene ubicados como zonas de riesgo: Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Guerrero. En este último, ya han sido asesinados cerca de 20 dirigentes políticos, entre alcaldes, exalcaldes, exdiputados, dirigentes y precandidatos, hombres y mujeres.

El último asesinado es Homero Bravo Espino, precandidato del PRD a la alcaldía de Zihuatanejo, atacado a balazos el viernes 2 de marzo, caso al que el PRD ha querido resaltarle importancia a la muerte de este aspirante, como se pudo apreciar el sábado 3 en un rueda de prensa ofrecida por el dirigente estatal, Ricardo Barrientos Ríos, y la aspirante a senadora Beatriz Mojica Morga.

En la conferencia, ambos perredistas concedieron mayor relevancia a fijar postura por la salida del dirigente de Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Sebastián de la Rosa, que a condenar el asesinato en contra de sus correligionarios.

Ricardo Barrientos aclaró que Homero Bravo Espino ya no era aspirante a la alcaldía de Zihuatanejo, pero estaba haciendo trabajo por el partido; incluso, aseguró que no se registró para el proceso de selección interna.

A escala nacional, Guerrero es el estado con mayor número de políticos asesinados, entre ellos, los aspirantes Arturo Gómez Pérez, alcalde perredista de Petatlán con intención de reelegirse en el cargo; Adolfo Serna, aspirante priista por alcaldía de Atoyac; Armando Arturo López Solano, dirigente de Movimiento Ciudadano en Quechultenango y aspirante a la alcaldía. Del mismo partido, también fue asesinado Ángel Vergara Chamú, quien se perfilaba como aspirante a la alcaldía de Ajuchitlán del Progreso.

También Miguel Solorio Figueroa, exregidor del PRD y aspirante independiente a la alcaldía de Zihuatanejo; Mariano Catalán Ocampo, también aspirante perredista a la alcaldía de Zihuatanejo; la perredista Antonia Jaimes Moctezuma y la priista Dulce Rebaja Pedro, ambas aspirantes a la diputación local del distrito 25 con sede en Chilapa.

También fueron asesinados: Roger Arellano, exalcalde de General Canuto Neri; Demetrio Saldívar, secretario general del PRD; Elí Camacho, exalcalde de Coyuca de Catalán; Francisco Tecuchillo Neri, exalcalde de Zitlala; Ranferi Hernández, ex dirigente estatal del PRD; Eleazar Vargas Lara, dirigente perredista en Iguala.

En este mismo contexto de inseguridad, desaparecieron al ex diputado federal perredista Catalino Duarte Ortuño, reportado como secuestrado en abril de 2017 y hasta la fecha se desconoce su paradero. Y el 16 de agosto de 2017, el exalcalde de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), el perredista Mario Alberto Chávez Carbajal, sufrió un ataque a balazos en Chilpancingo.

Tras estos asesinatos, el Ejecutivo de Guerrero, a través de la Secretaría General de Gobierno, ha hecho llegar a los partidos políticos, a la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) un mapa de riesgo donde detallan zonas vulnerables para los candidatos.

Para el dirigente del PRD en Guerrero, Ricardo Barrientos Ríos, el mapa de riesgo del gobierno estatal es una forma de amedrentar y limitar a los partidos para no hacer campaña en ciertos territorios. El perredista declara que el documento detalla que las regiones Centro, Montaña, Norte, Tierra Caliente y Acapulco son de alta incidencia delictiva.

Costa Chica y Costa Grande son las regiones más seguras, según el mapa de riesgo del estado, pero la realidad lo contradice, si se considera que han asesinado a tres aspirantes a la alcaldía de Zihuatanejo (cabecera de la Región Costa Grande),  así como el asesinato del alcalde de Petatlán y el de un aspirante a la presidencia de Atoyac.

«Es lamentable que en lugar de bajar los índices de riesgo, parece que más bien nos dan la recomendación de no meternos en ciertos territorios. La verdad yo le pediría al gobierno que nos aboquemos a tratar de resolver esos problemas, porque debemos garantizar a los ciudadanos la posibilidad de votar», declaró el dirigente.

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