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Zacarías Cervantes

EL OMINOSO OPTIMISMO DE ASTUDILLO

Familiares de los veracuzanos asesinados. Trance doloroso. [Foto: Anwar Delgado]
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La semana anterior, sucedieron varios hechos de violencia que son muestra inequívoca del vacío de autoridad que ha dejado solos a los guerrerenses en manos de la delincuencia, y que contrastan con las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores en el sentido de que la violencia en Guerrero es la misma que sufre todo el país.

Siete cuerpos desmembrados en Chilapa –cinco de indígenas artesanos que llegaron de Veracruz a vender sus productos y una pareja empresarios–, el ataque a una camioneta de policías ciudadanos cerca del Valle de El Ocotito en el que murieron un comandante, un consejero y dos policías civiles, a quienes los delincuentes prendieron fuego junto con el vehículo en el que se trasportaban.

A esa misma hora, más de 100 pobladores de la comunidad de Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, bloqueaban la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, cerca del lugar del ataque.

Asimismo, no muy lejos de allí, pobladores de Pochotillo, municipio de Tecoanapa, retuvieron a 20 agentes ministeriales durante 28 horas, luego de que éstos allanaron cuatro casas para detener a un policía de la Ciudad de México, implicado en la desaparición del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores, que supuestamente llegó para refugiarse allí, con sus familiares.

Esto y mucho más pasó en una semana en la que el gobernador Héctor Astudillo Flores, no se salió de su zona de confort. Si acaso condenó una balacera en una discoteca ubicada en la Costera de Acapulco, en donde murió un turista chileno y hubo cinco lesionados, dos de ellos graves, hechos de los que dijo «es una llamada de atención» para cuidar más la Costera.

Dijo: «Hay que ponerle mayor atención a la Condesa (…) es urgente que se le brinde mayor atención a esta zona en donde, como se ve, entran armados a bares».

Pero de la violencia en el resto del estado, opinó que es la misma que sufre todo el país, y llamó a no ser «pesimistas», e insistió en que en la entidad «se ha contenido la violencia».

Añadió que no sólo Acapulco vivió una ruta trágica ese fin de semana, sino todo el país. «El país está atravesando un problema muy serio», dijo, y reiteró que en Guerrero se debe de cuidar la Condesa, «porque a pesar de que hay vigilancia hay personas que entran armadas a los establecimientos y provocan acontecimientos desafortunados».

Las declaraciones del gobernador salieron publicadas en los medios de comunicación el martes 30 de enero.

Ese mismo día, siete cuerpos fueron encontrados desmembrados distribuidos en 15 bolsas negras de plástico, a un costado del río Ajolote en Chilapa. En los días subsecuentes se supo que cinco de los siete cuerpos eran de artesanos indígenas que vinieron de Veracruz a vender muebles al mercado de esa ciudad y que estaban desaparecidos desde el 23 de enero.

Asimismo, las otras dos víctimas fueron identificadas por sus familiares como Dolores, una mujer de 51 años, originaria de Iguala pero radicada en Chilapa, y su pareja, de quien al cierre de la edición se desconocía su nombre, pero que, se supo, se dedicaba a la venta de bienes raíces y era originario de Chilapa. Ellos, fueron privados de su libertad, días anteriores junto con su hija de 18 años.

La joven fue encontrada muerta el sábado 3 de febrero en el barrio El Calvario de esa ciudad. Su cuerpo presentaba señales de violación, tortura y estrangulamiento, según los primeros informes oficiales.

Además, un día antes del 30 de enero, un comandante, un consejero y dos policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron ejecutados y calcinados adentro de una camioneta en la que fueron atacados a balazos por hombres armados, en la carretera que conduce al poblado de Zintlanapa, municipio de Mochitlán, en el Valle del Ocotito.

Después de esos hechos, y sin que llegara ninguna corporación policiaca, civiles armados atacaron a balazos a automovilistas que pasaban por la carretera federal, en esa misma zona, entre las comunidades de Cajeles y El Ocotito, y, allí mismo, entre las comunidades de Rincón de la Vía y Buena Vista de la Salud, un centenar de pobladores de la segunda población bloquearon la carretera federal.

Los tres episodios, al parecer enlazados entre sí sucedieron de las 6:00 a las 8:00 de la noche, sin que ninguna corporación policiaca llegara a poner orden y proteger a los pobladores y automovilistas expuestos a las balas.

Ese mismo día, a unos 50 kilómetros de allí, cerca de mil vecinos de la comunidad de Pochotillo, municipio de Tecoanapa, mantenían retenidos a un grupo de agentes ministeriales y a policías de la Ciudad de México que llegaron a detener a Ubiel Mora Gallardo, un policía implicado en la detención y desaparición, en esa ciudad, del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores.

De los 20 agentes que fueron retenidos casi 28 horas, 15 fueron policías ministeriales y cinco policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, contra quienes se inconformaron los pobladores porque allanaron casas, provocaron destrozos en algunas de ellas, robaron objetos de valor y dinero en efectivo. Además, actuaron sin coordinarse con las autoridades locales y la policía ciudadana que se encarga de la seguridad del pueblo.

Los agentes fueron liberados hasta que con la mediación de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos se comprometieron a devolver lo robado y a pagar los daños que provocaron.

Los agentes estuvieron retenidos desde el mediodía del domingo y fueron liberados hasta las 5:30 de la tarde del lunes.

El mismo domingo, en la entrada de Chilpancingo, por la carretera hacia Chichihualco, dos hombres vestidos de policías municipales fueron ejecutados a balazos. Ellos entraban a la capital cerca de la medianoche en una patrulla clonada de la Policía Municipal.

En este contexto de violencia imparable y con signos de barbarie, en distintos puntos del estado, fue que el gobernador prefirió hablar y lamentar lo ocurrido solamente en lo que pasó en la Costera, durante una balacera en la que murió un turista chileno.

Pero no es de ahora, hace tiempo que las autoridades estatales y federales han abandonado a su suerte a la mayoría de los guerrerenses y se han preocupado y ocupado solamente de proteger las zonas turísticas, a los empresarios, a los políticos a los inversionistas mineros. Al resto de los guerrerenses nos pide que no seamos «pesimistas», que la violencia es la misma que ocurre en todo el país.

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