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Por: Zacarías Cervantes

El año nuevo perpetúa la violencia de 2017

El sepelio de Jorge Arturo Vázquez Campo. [Foto: Internet]
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La noticia comenzó a esparcirse desde las primeras horas del 1 de enero mediante las redes sociales. Se hablaba primero de jóvenes golpeados al salir de la feria de Navidad y Año Nuevo, de jóvenes levantados por hombres armados que actuaron en complicidad, o cuando menos frente a elementos de las policías y del Ejército mexicano que resguardan las instalaciones.

Al final, la realidad superó a la imaginación. Policías preventivos fueron los que detuvieron a los jóvenes que acudieron a divertirse a esas instalaciones, los ingresaron a barandilla y posteriormente los entregaron a miembros de un grupo de la delincuencia organizada que opera en Chilpancingo.

La historia no es nueva. Es parecida, guardando las proporciones, con los ataques y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala. Y, una vez más, develó la tolerancia, implicación, complicidad y vinculación de altas autoridades con el crimen organizado, lo que explica la impunidad con que actúan los delincuentes, por un lado, y, por el otro, la impotencia de los familiares de las víctimas.

El 2 de enero, el exdirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Pioquinto Dimían Huato se reunió en privado con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazan Cervantes, a quien denunció los hechos y le entregó seis videos que comprueban la participación de los policías municipales en la desaparición de al menos siete jóvenes entre el 30 y 31 de diciembre; todos, cuando salían de la plaza de toros o de las instalaciones de la feria.

En los videos se aprecia claramente cuando los policías municipales detienen a los jóvenes que fueron llevados a barandilla, después entregados a un grupo de la delincuencia organizada en distintos momentos. Y días después, fueron encontrados muertos dos de ellos; después uno más. Tres fueron encontrados golpeados, desnudos pero vivos. Y uno más seguía desaparecido hasta el cierre de la edición.

El 3 de enero, fueron encontrados cerca del punto conocido como Tierra Prietas, en el entronque del libramiento de cuota que lleva a Tixtla, los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos, de 30 años, y Marco Catalán Cabrera, de 34 años. Según el resultado de la necropsia, la causa de su muerte fue asfixia y golpes en la cabeza. Sus restos fueron encontrados envueltos en bolsas de plástico la noche de ese miércoles.

El hecho consternó aún más, cuando se supo que los dos jóvenes eran ciudadanos de bien y que se dedicaban a actividades para vivir de manera honesta, pero que tuvieron la mala fortuna de que el día que acudieron a divertirse a las instalaciones de la feria de Navidad y Año Nuevo se toparon con los criminales con los que riñeron, después intervino la policía y se los llevó detenidos para después entregarlos a los mismos delincuentes con los que habían tenido el diferendo.

Jorge Arturo Vázquez Campos era dueño del local Zapata’s Barber Shop y dejó en la orfandad a su esposa y a su hijo de unos cuatro años, mientras que Marcos Catalán Cabrera era chef y trabajaba en un restaurante de Cuernavaca, Morelos.

Catalán Cabrera vivía en Cuernavaca y apenas había llegado a Chilpancingo el 30 de diciembre para pasar el Año Nuevo con su familia.

Entre el 30 y 31 de diciembre también desaparecieron, en las mismas circunstancias, otros cinco jóvenes. Tres de ellos fueron hallados a las 6:00 la mañana del 2 de enero atados con las manos hacia atrás, semidesnudos y con señales de tortura, pero vivos. El hallazgo ocurrió atrás de la tienda Soriana cerca del Palacio de Gobierno.

Otro joven, Abel Aguilar García, estudiante, de 18 años, de la preparatoria número 9 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y originario de Llano Perdido, municipio de Cochoapa sigue desaparecido desde el 23 de diciembre.

Sus familiares informaron que se encuentra desaparecido después de que salió a las 7:00 de la mañana del 23 de diciembre de la casa del estudiante Héctor Astudillo Flores, ubicada en la calle Leona Vicario del barrio San Mateo, de Chilpancingo.

Su hermano Daniel desmintió que haya sido encontrado muerto como denunció el 6 de enero a El Sur el exdirigente de la Canaco Pioquinto Damián Huato.

Los familiares de Abel contaron que por versión de una compañera de éste, la mañana del 23 de diciembre se levantó a las 5:00 de la mañana, puso música y comenzó a hacer ejercicio. A las 7:00 de la mañana, su compañera escuchó que salió y cerró la puerta. Abel salía todas las mañanas a esa hora rumbo a su trabajo, una frutería que se encuentra entre las colonias Almolonga y El Tomatal, al oriente de la ciudad.

Sin embargo, ese día no llegó a la frutería. Su patrón les contó a sus familiares que a las 10:59 le mandó un mensaje de WhatsApp en el que le notificó que no iría a trabajar porque le dolía su cabeza.

Ésa fue la última comunicación de Abel. Su hermano declaró que durante el resto del día le estuvo llamando y que directamente la llamada lo enviaba a buzón.

Informó que la denuncia la presentaron el 26 de diciembre ante la Agencia del Ministerio Público, pero que no han visto resultados; incluso, desconocen si realmente se está investigando para encontrarlo.

Sus padres, indígenas na saavi y en pobreza extrema de la comunidad Llano Perdido, llegaron desde el 26 de diciembre para buscarlo y se debaten entre la angustia y la desesperación.

«Él es un muchacho bueno, estudia y trabaja para sostenerse», dijo visiblemente abatida su madre Guillermina García, con un español apenas entendible, mientras que Hilario Aguilar, su padre, no pudo más que pedir al gobierno que le ayuden a encontrar a su hijo.

Daniel, su hermano, informó que el miércoles de la semana pasada presentó la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público y se abrió una carpeta de investigación. Dijo que en la Fiscalía a donde acudió el domingo 7 de enero para que le dieran información le dijeron que se está investigando, «pero hasta la fecha no nos dan resultados», y denunció que no ve ni siquiera indicios de que se esté investigando.

El séptimo joven es Efraín Patrón Ramos, quien desapareció desde el 29 de diciembre cerca de la Alameda Granados Maldonado, cuando era perseguido por policías municipales, según se aprecia en los videos que entregó Damián Huato al secretario de Seguridad Pública estatal Almazan Cervantes, continuaba desaparecido hasta el cierre de la edición.

Efraín Patrón es trabajador administrativo de la Secretaría de Salud del estado, tiene 25 años y según el empresario Pioquinto Damián Huato, es sobrino del secretario de Finanzas del gobierno del estado, Héctor Apreza Patrón. La última vez que supieron de él fue cuando llamó por teléfono a una amiga a las 4:00 de la mañana a quien le dijo que lo habían detenido policías municipales.

La hermana del joven, Natividad Patrón, dijo que en la última llamada telefónica que tuvieron de él les informó que lo detuvieron policías municipales en una patrulla en la alameda Granados Maldonado, a las 4:00 de la mañana del viernes (29 de enero).

«Nosotros nos enteramos de que una patrulla municipal lo iba siguiendo, pero éstos no dieron reporte de la detención, así que aún no sabemos nada de mi hermano, lamentablemente los demás jóvenes han aparecido muertos», denunció.

Para el empresario Pioquinto Damián Huato es evidente la participación de la Policía Municipal en la desaparición y tortura de los siete jóvenes y posterior asesinato de cuando menos tres de ellos.

Dijo que existen pruebas de que cuando menos en los casos de Jorge Arturo y Marcos, elementos policíacos los obligaron a firmar su salida de la cárcel y se los dieron a una persona llamada Milton; luego, aparecieron ejecutados, por lo que exigió a las autoridades federales y estatales que «desintegre» a esa corporación policiaca «y que haya una acción contundente y fuerte para que no vuelva a suceder una de estas cosas así».

Tras estos casos, los gobiernos estatal y federal montaron un aparatoso operativo que contó con la participación de militares y policías federales y estatales, los cuales asumieron el control de la seguridad en Chilpancingo a partir del 4 de enero, «para facilitar las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) por la comisión de delitos en que incurrieron algunos elementos de esa corporación», declaró esa misma tarde en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazan Cervantes.

La aparatosa operación policiaca y militar fue auxiliada con dos helicópteros que sobrevolaron durante casi una hora la zona donde se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública, el cuartel de la Policía Municipal y la delegación de barandilla.

El operativo policiaco se dio en medio de una protesta de los familiares de los jóvenes desaparecidos afuera del cuartel de la corporación municipal.

La magnitud de los hechos y de la propia aparatosa operación policiaca y militar en la que participaron 150 policías estatales en 20 patrullas, 60 elementos del Ejército mexicano en 10 vehículos oficiales y 120 policías federales en 18 patrullas, así como dos helicópteros que sobrevolaron el cuartel de la corporación municipal, suponía resultados de las mismas proporciones, en el que caerían no sólo varios policías rasos, sino comandantes y mandos medios que indudablemente, según los videos mostrados por el empresario Damián Huato, están implicados en una amplia red vinculada con el crimen organizado que opera en la capital.

Sin embargo, el sábado 6 de enero, se dio a conocer que sólo a un elemento de la corporación se le dictó prisión preventiva acusado por homicidio calificado y doloso, de Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Eduardo Catalán Cabrera.

El acusado no es ni siquiera mando. Se trata de un policía municipal, quien durante la audiencia de vinculación a proceso solicitó que sus datos personales fueran reservados y quien, según la crónica de Alina Navarrete publicada en la edición de El Sur del 7 de enero, durante la lectura de los señalamientos en su contra, «constantemente negaba con la cabeza», señal de que, o le estaban falseando los datos o fue víctima para actuar en un hecho en el que actuó por órdenes superiores.

El acusado se reservó su derecho de declarar sobre los hechos y solicitó que su situación jurídica se resolviera en un plazo de 144 horas, equivalentes a seis días, mientras su defensa reúne pruebas a su favor.

La cadena de episodios que transcurrieron en la última semana de diciembre y la primera de enero, a pesar de las declaraciones de las autoridades y de las supuestas acciones emprendidas, por muy aparatosas que parezcan, sólo demuestran, otra vez, la tolerancia, implicación, complicidad y vinculación de altas autoridades con el crimen organizado.

Esto no es nuevo, se ha venido denunciando desde el caso Ayotzinapa en Iguala. Las mismas bandas de criminales que se disputan el territorio para la producción, el trasiego y la venta de droga han dado nombres y la forma de operar de algunas autoridades. Eso explica los aparatosos operativos con pingües resultados, que son sólo para sofocar la desolación, indignación y la impotencia de los familiares de las víctimas, y para que todo siga igual. La impunidad eterna y campante.

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