opinión

La aprobación por la vía rápida de la Ley de Seguridad Interior el jueves 30 de noviembre por la Cámara de Diputados, y la que, sin duda, hará la de Senadores en el transcurso de la presente semana, es la demostración, clara y evidente, de que el gobierno (civil) del presidente Enrique Peña Nieto no pudo enfrentar al crimen organizado y reducir la violencia, que lleva en su gestión de cinco años más de 90 mil muertos en el país y que en Guerrero, de enero a octubre del presente año, promedió 6.6 muertos por día, con lo que ganó a consecuencia de la omisión, complicidad, corrupción e impunidad, los primeros lugares en número de muertos. Julio se ubicó como el más letal en los últimos 20 años.

El contexto de la elección presidencial en México para el 2018, será, sin duda, diferente, tanto porque las circunstancias son extraordinariamente complejas, como por la descomposición de la partidocracia que ha obligado a los partidos a buscar individualidades para enmendar el desgaste, pasando por el descrédito de los propios órganos electorales (el INE) y una subcultura de la corrupción casi generalizada del gobierno, que solo contribuye a volver más incierto el porvenir.

En ese escenario de incertidumbre, pareciera que esta elección presidencial será una elección de Estado, porque, tal vez, nunca como ahora, se cierne en el horizonte de las élites que gobiernan, el fantasma de la derrota. Por primera vez sienten una amenaza seria a las bases que conforman su poder. El modelo neoliberal que una y otra vez le han vendido a la gente –sea con las siglas del PRI o del PAN, acompañadas con el silencio cómplice de la dirigencia del PRD– desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), y que se afianzó con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), sólo pudo imponerse con la instrumentación del mecanismo del fraude electoral en las elecciones presidenciales.

Aunque en su plataforma política resultan atractivas algunas propuestas como la construcción de una economía social de mercado y mecanismos de democracia directa, que suponen una intención de inclusión social, en los hechos el Frente Ciudadano por México parece estar empantanado.

La selección del candidato presidencial, que deberá salir de las filas del PRD o del PAN, parece que los ha sumido en un marasmo del que no pueden salir. Una situación similar se registra en Acapulco, el municipio más emblemático de Guerrero, donde las cosas pintan para mal.

Que en el comité estatal del PRI, en Chilpancingo, ya tienen claro que la administración de Constantino García Cisneros al frente del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa fue un desastre, que no hubo obras, que desvió los recursos públicos hacia sus bolsillos y que el partido no ganará la elección municipal en 2018. Es decir, se sabe que en el PRI estatal dan por perdido el municipio, y que no van a mover una mano para pelear el gobierno municipal. O sea: Tino es vaca que no da leche, pájaro que no divierte. No lo dicen así, pero se sabe que su administración fue un fraude, que hasta gente cercana a él, que lo apoyó en su anterior campaña, está decepcionada por su mezquino desempeño en la presidencia, que se la pasó de fiesta en fiesta, sin atender las demandas de la población en materia de seguridad pública, de obras,,, en todos los rubros, pues.

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