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Por: Hercilia Castro

Ley de Seguridad Interior,
la estrategia electoral de 2018

Militarización. Tentación autoritaria. [Foto: José Luis de la Cruz]
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La Ley de Seguridad Interior recién aprobada en el Congreso viola los tratados internacionales de derechos humanos porque recrudecerá la represión que ha ejecutado el gobierno contra la protesta social, advierten organizaciones sociales internacionales y legisladores.

Las organizaciones sociales venían advirtiendo desde hace años el intento de establecer la militarización y la represión a la protesta social, la pérdida de las garantías constitucionales y la legalización de la ilegalidad. En noviembre, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en su informe sobre violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, principalmente del Ejército, señala que de 2012 a 2016, se iniciaron 505 investigaciones civiles contra soldados, por delitos y violaciones a los derechos humanos.

Las cifras no permiten conocer mayores detalles sobre estos casos, las circunstancias en que ocurrieron y en cuántos ha habido justicia. La Procuraduría General de la República (PGR) no tiene información sobre cuántas de sus propias investigaciones contra soldados terminan en una sentencia condenatoria o absolutoria, señala WOLA.

Además, el informe de la organización internacional, que provocó estruendo en Los Pinos, pues Enrique Peña Nieto salió a negar los hechos, remarca que hay inconsistencias en la información que se brinda, como que mientras la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) reporta que entre 2012 y junio de 2016, envío a la PGR mil 835 casos que no tenía competencia para investigar, la Procuraduría sólo tiene registro de 84 casos.

El 30 de noviembre pasado se aprobó la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados dentro de un ambiente de hermetismo y de un madruguete más que evidente, pues 284 votos fueron a favor, 115 en contra y 11 abstenciones. La mayoría de los diputados que votaron a favor son priístas.

Pero para algunos legisladores no se trata más que de asegurarle la campaña al PRI en 2018.

Para el diputado perredista e integrante de la Comisión de Gobernación Rafael Hernández Soriano, Peña Nieto juega el papel de jefe de campaña: Esta ley no aporta a la seguridad pública del país, porque no propone una forma de operar diferente a como están en diferentes regiones, sobre todo las que tienen un mayor índice delictivo, como, por ejemplo, Guerrero y otros estados de la República.

Lo que hace es mantener el estatu quo, mantener al Ejército en las calles y no responsabilizar a los gobernadores que han dejado su función de garantizar la seguridad pública. Lo que establece esta ley, pues es darle un marco jurídico a las fuerzas armadas, para que puedan al margen de la propia Constitución, establecer estados de excepción inmediata. Desde nuestro punto de vista no representa algo nuevo, porque el mismo modelo ya demostró que en los últimos 11 años, hubo mayor violencia en diversas regiones del país, así que no está proponiendo cambios algunos, aseveró.

Acerca de si la ley va con miras a las elecciones de 2018, sostuvo que a un año de que termine su sexenio yporque está actuando no como jefe de Estado, sino como jefe de campaña de su partido, lo que quiere es que durante su campaña decir a la ciudadanía es que yo ya estoy implementando algo novedoso, sino que está actuando como jefe de campaña.

Pero también las organizaciones se manifestaron esta semana, debido a las violaciones a derechos humanos que se prevé aumentaran, y que México no se ha comprometido a cumplir las sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos en casos donde participó directamente el Ejército, como es la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla (y primera sentencia contra el Estado mexicano en 2009), el caso Bonfilio Rubio, asesinado por soldados en un retén militar, las violaciones tumultuarias de Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como de los ecologistas de la sierra de Petatlán, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García que sufrieron tortura a manos de militares.

En todos esos casos, el Ejército cumplía funciones de vigilancia, contrainsurgencia, seguridad pública y combate a la delincuencia organizada. Organizaciones como Serapaz, Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Amnistía Internacional, Centro de Derechos Humanos Fray Victoria, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Liga Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos (Limeddh), entre muchas más de corte internacional y nacional, se pronunciaron en contra de la iniciativa de ley.

Hernández Soriano expresa que la propuesta de la ley lleva vicios de inconstitucionalidad y va en contra de los principios de convencionalidad que ha firmado el Estado mexicano.

En términos específicos, está faltando al compromiso de que la seguridad pública, esté en manos civiles y no en manos militares como pretende el presidente Peña, faltando a los compromisos internacionales del Estado mexicano. Eso lo aseguran varias organizaciones y también especialistas en derecho internacional, desde luego que esta propuesta tendrá que ser revisada en organismos internacionales, agrega.

Sin embargo, pese a la oposición de las fracciones parlamentarias como el PRD, PT, Morena y Movimiento Ciudadano, la ley se aprobó el pasado 30 de noviembre.

La ley, que fue presentada por Enrique Peña Nieto en 2014, quedó congelada. Sin embargo, en el año 2016, nuevamente el PRI hizo la intentona de que se aprobara; no se le hizo hasta hace unos días.

Quiere actuar electoralmente con la seguridad del país, afirma Hernández Soriano que es la intención de Peña Nieto.

Lo más grave de la ley, sostiene, es que se pierde de vista el objetivo principal de lo que es la seguridad pública. La seguridad pública está para proteger la vida y los bienes de todas las personas, de garantizarles un medioambiente sin violencia, y lo que está haciendo esta ley es todo lo contrario, porque lo que está proponiendo es que la violencia siga instalada en las calles y no se propone nada para garantizar la seguridad de la vida y los bienes de las personas, eso es lo grave, recalca.

María de Lourdes Armenta Solís, integrante de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), señala que con la ley aprobada se vulneran todos los derechos humanos, pues será la Federación quien decida cuándo hay un asunto de seguridad nacional. Van a decidir qué es seguridad nacional, y van a decidir en su momento lo que hagan, dice.

Viene siendo un cheque en blanco para reprimir todas las manifestaciones, inconformidades y las luchas sociales, so pretexto que es seguridad nacional. Es una ley arbitraria, asegura.

Señala que la idea de mantener el Ejército en las calles no beneficia, además de que ya hay policías afuera, los cuales deben de capacitarse. El Ejército y las fuerzas armadas, como lo manda la Constitución, son para casos de guerra, y no deben estar en las calles, deben de estar acuartelados, apunta.

Es precisamente contra lo que atenta la ley; les están dando todas las facultades, como reprimir una manifestación. ¿Quién lo va a decidir? ¿Qué gente lo va a decidir? ¿Van a decidir a su arbitrio? Ya no va a haber ese control y respeto a los derechos humanos, que de por sí, han sido violados, alerta.

La activista agrega que también es un golpe a la libertad de expresión, pues se perseguirá a luchadores sociales y periodistas, principalmente y se cometerán más abusos contra la ciudadanía, que es quien queda indefensa ante la ley aprobada en el pleno de la cámara el pasado 30.

El informe WOLA detalla que en números, del 2012 al 2016, los militares cometieron 268 delitos de tortura, 121 abusos de autoridad, 37 casos de desaparición forzada, 31 delitos relacionados con violencia sexual, 17 homicidios, 13 lesiones, nueve delitos contra la administración de justicia, tres extorsiones, tres privaciones ilegales de la libertad, dos robos y un allanamiento de morada. Eso, en los casos registrados.

No queda claro por qué estos casos se enviaron a los jueces del PJF y si previamente pasaron o no por la PGR para una investigación, sostiene WOLA.

A unas horas de aprobada la ley de seguridad interior, periodistas de Chilpancingo publicaron en redes sociales la foto de una irrupción armada de elementos del Ejército en un bar de Chilpancingo.

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