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Por: Zacarías Cervantes

Fiscalía de Guerrero,
la peor del país

El fiscal Olea. Reprobado. [Foto: Anwar Delgado]
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Un estudio realizado por la organización Impunidad Cero, ubicó a la fiscalía de Guerrero en el último lugar del país en cuanto a su índice de desempeño, con 29.6 por ciento; le siguen la de Michoacán con 36.1 por ciento, la de Puebla con 38.2 por ciento, la de México con 39.3 por ciento y la de Tabasco con 43.1 por ciento.

Otros datos que presenta este estudio es que Guerrero ocupa el último lugar en incumplimiento o ejecución de órdenes de aprehensión, con sólo el 12.2 por ciento.

Los resultados del estudio, que se dieron a conocer la semana pasada, a pesar de ser desastrosos porque reflejan el grado de impunidad en un estado que, además, ocupa los primeros lugares de violencia y de homicidios dolosos a escala nacional, no sorprendieron a nadie.

Los resultados no podrían ser de otra manera con un fiscal que lejos de atender la investigación de los delitos, los polemiza y los vuelve controvertibles con el propósito de distraer la atención a fin de que los casos se diluyan sin esclarecerlos y los responsables queden impunes.

Este año, el caso que el fiscal Xavier Oléa Peláez convirtió más controvertible, fue el del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco, acusado por el delito de homicidio y por sus vínculos con el líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, caso al que, junto con el Congreso local, echó tierra al asunto para salvar del desafuero al diputado y llevarlo a la cárcel.

En marzo pasado, el fiscal aseguró que el agente del Ministerio Público y la juez que solicitaron y libraron la orden de aprehensión contra el diputado priista Saúl Beltrán Orozco, por homicidio, le dijeron que fueron amenazados por el crimen organizado, aunque aclaró que él cree que, más bien, recibieron dinero.

–Hay de dos; ellos dicen que los amenazó la delincuencia organizada, o de otra forma hubo dinero –dijo entonces.

–¿Pero quién tenía interés en que saliera eso así? –le preguntaron los reporteros.

–La delincuencia organizada –declaró.

–¿Un grupo antagónico?

–Sí –afirmó el fiscal.

En respuesta a estas declaraciones, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, declaró que no tenía elementos para confirmar lo dicho por el fiscal Olea Peláez.

«No sé de dónde sacó el fiscal esas aseveraciones», declaró el magistrado, y agregó que el TSJ «no es servilleta de nadie» para que quieran limpiarse las manos con él.

La polémica había comenzado el 29 de enero cuando Olea Peláez reconoció que el diputado y ex alcalde de San Miguel Totolapan, enfrentaba una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, pero dijo que no podía detenerlo porque tenía fuero.

Entonces atribuyó la pifia jurídica a «un error» de la juez de primera instancia que autorizó la orden de captura y el MP del fuero común que integró la acusación, porque debieron solicitar primero al Congreso local el juicio de procedencia para desaforar al legislador, señalado como compadre del jefe del grupo criminal Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte.

El fiscal se vio obligado a informar de la orden de aprehensión luego de que la noche anterior en el noticiario de Televisa se exhibió la orden de aprehensión fechada el lunes 9 de enero. Saúl Beltrán fue acusado por un ex policía municipal de ordenar la muerte de un trabajador del ayuntamiento cuando era el alcalde de San Miguel Totolapan, en 2014.

A raíz de ese «error», como lo llamó el fiscal, el 15 de febrero Saúl Beltrán solicitó al Congreso suspender el juicio de procedencia que se inició para desaforarlo, porque dijo que podría generarse una controversia si el Poder Judicial declara anticonstitucional la orden de aprehensión en su contra porque no se cumplió el procedimiento que establece la ley.

Actualmente, el diputado priista, aunque con licencia, sigue libre y parece que ya todo mundo se olvidó de él, y de su compadre el Tequilero.

El 23 de noviembre del 2016, Olea Peláez estuvo en San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán. Una semana antes el grupo criminal de Los Tequileros habían secuestrado a 10 vecinos de esa localidad.

El fiscal, quien acudió para atender el caso, dijo a los familiares de las víctimas y a los vecinos que la orden que llevaba del gobernador Astudillo Flores no era detener al líder criminal, sino «acabarlo, darle pa’bajo».

En seguida se dirigió a los agentes ministeriales que conformaban el operativo en contra del grupo criminal: «Vamos a demostrarles que la ministerial de Guerrero es honesta, y vamos a sacar adelante este trabajo. No quiero bajas de ustedes, quiero una sola baja, a él (El Tequilero) y ya, porque tiene asolada esta región de la Tierra Caliente».

Cinco días después, el 28 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo Flores negó haber ordenado ejecutar al líder criminal Jacobo Almonte, El Tequilero, como lo afirmó el fiscal Olea.

El 28 de diciembre Olea Peláez visitó San Miguel Totolapan en donde cambió su primera declaración, dijo que la intención del operativo policiaco era «detener» al Tequilero, no «acabarlo» ni tampoco «darle pa’ bajo».

Otra polémica que ocasionó el fiscal por sus declaraciones fue por el caso de la privación de la libertad y el asesinato de la doctora Adela Rivas Obé.

El 18 de octubre del 2016, cuando se confirmó que el cuerpo hallado en playa Majahua, de Zihuatanejo, era el de la médico del IMSS, el fiscal declaró precipitadamente que había dos líneas de investigación por el homicidio: un crimen «pasional» o porque investigaba la pérdida de medicamentos controlados en la clínica de Petacalco.

Rivas Obé era directora de cuatro clínicas en la Costa Grande y se encontraba desaparecida desde el 22 de septiembre.

El 20 de octubre, familiares de la doctora Rivas Obé exigieron al fiscal Olea que se retractara de sus declaraciones y le pidieron que siguiera la línea laboral, porque, insistieron, fue asesinada porque investigaba el robo de medicamentos.

En otro caso, el 13 de diciembre del 2016, el fiscal arremetió contra López Rosas, a quien acusó de ordenar el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 en un desalojo en la Autopista del Sol, donde fueron asesinados los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

También lo acusó de haber intervenido para que se integrara de manera deficiente la averiguación correspondiente a esos hechos para obtener «protección federal» y manipular las pruebas que existían en su contra.

La declaración en ese sentido obedeció a un desplegado publicado por López Rosas el 12 de diciembre en el que criticó que a cinco años de esos hechos prevalecía la impunidad y exigió la reapertura de la investigación del caso.

El exprocurador denunció al respecto que las acusaciones de Olea Peláez en su contra violentaron sus derechos humanos, por lo que el 9 de enero pasado presentó una queja ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum). La queja fue ratificada el 16 de enero.

Asimismo, el 3 de noviembre del 2016 Olea Peláez, declaró que los empresarios de Zihuatanejo «exageran» en la denuncia que hicieron de inseguridad, porque el problema en la ciudad «no es tan grave», debido a que a partir del 28 de octubre un centenar de negocios de diversos giros de la zona comercial de Ixtapa y las comunidades costeras más pobladas del municipio –San José Ixtapa,  Pantla y El Coacoyul–, cerraron para exigir que los gobiernos federal y estatal bajen los índices de inseguridad que prevalecen.

En otro caso, el 21 de agosto Olea Peláez acusó en un desplegado al exfiscal para delitos graves de la FGE José Fernando Monreal Leyva, de que en el caso del asesinato del diputado perredista Armando Chavarría Barrera incumplió su obligación de investigar, lo que, dijo, dio lugar a que no se garantizara «un debido proceso jurídico» y que incurrió en un «entorpecimiento doloso» en las investigaciones.

Al día siguiente Monreal Leyva se dijo «sorprendido» del señalamiento del fiscal en su contra y adelantó que pediría información sobre su situación jurídica. Y el 5 de septiembre de 2016 obtuvo el amparo 992/2016 del Juzgado Décimo de Distrito en el que solicitó protección por las acusaciones en su contra.

De hecho, Olea Peláez llegó a la FGE en medio de una polémica por las críticas debido al conflicto de interés que implicaba su cargo, pues él fue el abogado del exalcalde priista de Tlapa Willy Reyes Ramos, quien tiene una orden de aprehensión por el homicidio del diputado federal priista Moisés Villanueva de la Luz y su chofer. Como fiscal está obligado a detenerlo.

El homicidio de Villanueva de la Luz y de su asistente Eric Estrada Vázquez, ocurrió en septiembre de 2011.

El 4 de enero de 2015, el fiscal Olea informó que Willy Reyes tiene vigente su orden de aprehensión, por lo que advirtió iría tras él para presentarlo frente al juez que haya girado la orden.\
«Yo dije claramente que si Willy Reyes tenía una orden de aprehensión, yo iba a ir tras de él; esa es mi obligación. Y, efectivamente, tiene una orden de aprehensión; entonces tendré que detenerlo», agregó. Pero en la misma entrevista reconoció que el exalcalde

tenía un amparo, pero ese amparo no cuenta con una extensión. «Luego entonces en cualquier momento tendré que ponerlo a disposición del juez», prometió, pero a casi dos años, el exedil sigue gozando de impunidad.

Los resultados de la organización Impunidad Cero llegaron apenas una semana después de que el fiscal regresara de unas vacaciones por Europa que él mismo se encargó de difundir a través de fotografías que él mismo difundió a través de las redes sociales en las que aparece al lado de su esposa y de dos finos perros, mientras en Guerrero la violencia azota fuerte y los delitos no se investigan.

Por una situación similar, el gobernador intervino para que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, presentara su renuncia. Por lo pronto, Astudillo Flores ofreció «platicar» sobre el caso con el diputado del Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja, uno de los más críticos del fiscal y quien ha puesto como condición para firmar el pacto por la seguridad, la renuncia de Olea Peláez.

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