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Por: Zacarías Cervantes

Repunta la violencia
en Guerrero

Xochipala. Terror. [Foto: Trinchera]
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La mañana del 4 de octubre, después de las 9:00 de la mañana, dos vehículos, una camioneta verde y un Mazda rojo, bajaban veloces por la carretera de Xochipala a Casa Verde. En el crucero con la carretera federal México-Acapulco, un retén de policías estatales en dos patrullas y policías comunitarios de Mezcala, detenía y revisaba a todos los vehículos que bajaban de la sierra. Sin embargo, los ocupantes de la camioneta verde y el Mazda Rojo tuvieron paso libre. Los policías comunitarios y estatales les abrieron paso.

Minutos antes, un grupo de la delincuencia organizada había irrumpido en Xochipala. Los pistoleros mataron allí a dos hombres e hirieron a una mujer, también dispararon contra las fachadas de varias casas y contra una camioneta de la Policía Rural.

El incidente que ocurrió minutos después en Casa Verde, evidenció la complicidad de policías estatales y comunitarios de Mezcala, con el grupo armado que irrumpió en Xochipala.

En esta zona se disputan el territorio los grupos criminales de Juan Castillo Gómez, El Teniente, aliado, según pobladores, con Raybel Jacobo Almonte, El Tequilero, y el líder de las policías comunitarias de Tlacotepec, Mezcala y Carrizalillo, Onésimo Marquina Chapa, El Necho, por un lado, y por el otro, el grupo criminal de Isaac Navarrete, El señor de la I, Los Ardillos y la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos o Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), según ha sido consignado en los medios de comunicación.

El testimonio de varias familias que vieron lo que pasó la mañana del 4 de octubre, confirman que cuando menos dos grupos de la Policía Estatal apoyaron la huida de una parte del grupo armado que atacó la población.

La mañana de ese día, el grupo de hombres armados con vestimenta tipo militar, que irrumpió en Xochipala, municipio de Eduardo Neri, ejecutó a dos hombres e hirió a una mujer; además, balearon una camioneta de la Policía Rural del Estado que estaba estacionada cerca del centro del poblado.

Los hombres armados entraron a esa comunidad a bordo de ocho camionetas cuando pasaba de las 9:30 de la mañana y, sobre la calle Independencia del Barrio de San Francisco, dispararon contra la patrulla PR-03 de la Policía Rural del Estado que estaba estacionada sin nadie a bordo; posteriormente, se dirigieron a dos viviendas.

En la casa marcada con el número 24 de la calle Benito Juárez, en el Barrio de San Francisco, ingresaron cinco pistoleros con vestimenta verde, con chalecos y armas largas, y mataron al campesino Salatiel, de 72 años, y lesionaron a Ana, una mujer que se encontraba cerca de la víctima.

Otro grupo de los pistoleros se dirigió a otra casa de la calle General Anaya, sin número, en el Barrio de San Francisco. Allí, mataron al recolector de basura, Tomás, de 64 años de edad.

Los habitantes del lugar participaban de los festejos de San Francisco, el santo patrono del pueblo.

Casi media hora después llegaron a la población 10 grupos de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE), y montaron un operativo, sin resultado alguno.

Sin embargo, un día después, testigos refirieron que policías estatales y comunitarios de Mezcala dieron el paso libre a un grupo de los pistoleros que salieron por el rumbo de Casa Verde en una camioneta verde y en el Mazda Rojo.

Al pasar el retén, ya rumbo a Iguala, los dos vehículos fueron escoltados hasta Mezcala en donde se desviaron rumbo a Carrizalillo.

El otro grupo tomó el rumbo de Filo de Caballos. Los reporteros que cubrieron el episodio violento contaron que los policías estatales colocaron un retén a la salida de ese pueblo, en vez de ir en su búsqueda.

En medio de los daños, ocurridos primero por el huracán Max y el sismo del 19 de septiembre, los gobiernos federal y estatal minimizaron este nuevo ataque que confirma que la alianza del grupo criminal que opera en Tlacotepec, avanza hacia a la región Centro del estado, por lo menos ha tomado posesión en el municipio de Eduardo Neri, con cabecera en Zumpango de Neri, y ha comenzado a disputarse Leonardo Bravo con su grupo rival.

La guerra que se mantiene en esta zona, vislumbra que la violencia se recrudecerá en los próximos días en estas localidades que son la puerta de entrada a la capital.

Pero la violencia también avanza hacia Chilpancingo por el lado de la región de la Montaña, sin que los gobiernos de los tres niveles hagan algo por impedirlo, aun cuando se ha llegado al grado de que los poderes fácticos han suspendido el servicio de transporte público imponiendo el terror, asesinando a los choferes e incendiando las unidades de transporte.

Frente a esa situación, organismos civiles de derechos humanos han expresado su preocupación por el incremento de la violencia y la falta de intervención de los tres niveles de gobierno.

«Manifestamos nuestra preocupación al ver la facilidad con la que las instancias creadas con la finalidad de procurar justicia, así como garantizar nuestra integridad física, se deslindan sin más, haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales, de la fuerte violencia que de manera particular el municipio de Chilapa enfrenta desde hace una década», expresaron en un documento quer enviaron a las autoridades el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Centro de Derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan, y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, la semana pasada.

Y es que sólo en Chilapa, en lo que va del 2017, la violencia ha rebasado las cifras de años pasados, en tan sólo 10 meses se han cometido más de 200 homicidios dolosos que han quedado en la impunidad, además de incrementarse el desplazamiento forzado, que se refleja en las casas vacías de Chilapa, así como de las comunidades donde el miedo y el terror es infundido por grupos de la delincuencia organizada, tal es el caso de Tetitlán de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepozcuahutla, que en tres días se desplazaron aproximadamente 530 familias bajo el desamparo de las autoridades municipales y estatales.

Para los grupos civiles de derechos humanos «es inaceptable la negligencia con que actúan la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado (FGE) al dejar toda la responsabilidad a policías municipales manifestando que ellos son los encargados de la prevención del delito, cuando esta etapa ha sido rebasada y los niveles de violencia requieren la participación de las autoridades federales».

Y, en efecto, es necesario que las áreas de seguridad de los tres órdenes de gobierno cumplan con su función de perseguir al crimen organizado, al cual las propias autoridades acusan de ser responsable de la mayor parte de la violencia sucedida en la región de Chilapa.

A la FGE le corresponde la investigación de los delitos, la detención de los presuntos responsables y llevarlos ante el Poder Judicial. Si no se persigue a los responsables de los crímenes, se perpetua la impunidad dejando en indefensión a la población que en su mayoría está compuesta por campesinos e indígenas marginados y en extrema pobreza.

Las familias que sufren por el desplazamiento forzado, las ejecuciones y la desaparición viven en total vulnerabilidad, pues estos acontecimientos les dejan un trauma de suma gravedad que no está siendo atendido de acuerdo a los estándares internacionales que protegen derechos humanos, debido a la carencia de leyes que deberían ser promovidas con prioridad para dar una mejor atención a las víctimas.

Por ejemplo, no existe una ley estatal de declaración de ausencia, no se ha reglamentado la Ley número 694, de victimas del estado libre y soberano de Guerrero, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas carece del presupuesto para garantizar la atención de las mismas, ya que el presupuesto actual no ha sido administrado de manera adecuada.

En este contexto, los tres organismos civiles que llamaron la atención a las autoridades de los tres niveles de gobierno, exigieron  que cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales en materia de Seguridad Pública para proteger la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de la población de la región de Chilapa; que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ponga en marcha estrategias para disminuir la violencia en la zona; que cumplan con sus atribuciones de persecución del delito en lo que les corresponda tanto del fuero común como federal para terminar con la impunidad con que actúan los delincuentes; que la FGE dé seguimiento a la investigación de los casos de desaparición de personas y homicidios; que se garantice el libre tránsito de la ciudadanía, y que se garantice un transporte público seguro.

Las peticiones de los organismos civiles suenan no solamente lógicas, sino justas y en un estado de derecho serían atendidas de inmediato, porque es lo mínimo que deben de garantizar los gobiernos a los ciudadanos.

Sin embargo, en un estado como Guerrero en donde los hechos han demostrado la complicidad de autoridades y cuerpos policiacos con las bandas del crimen organizado que se disputan el territorio, seguramente, son deseos que quedarán en el limbo.